En estos días resulta inevitable reflexionar sobre la deriva que está tomando la política en nuestro país. Lo que últimamente estamos acostumbrados a ver solo ... se puede entender desde la óptica del enfrentamiento. Este ensimismamiento peligroso y a la vez muy negativo para los ciudadanos nos está llevando hacia un callejón sin salida. Lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados, con el rechazo al Decreto-Ley que contemplaba medidas tan relevantes como la revalorización de las pensiones y la gratuidad del transporte, es un claro ejemplo de ello.
Lo digo con profunda preocupación: se está perdiendo el sentido común. La gestión de lo público parece haberse convertido en una batalla constante donde las prioridades reales de los ciudadanos quedan relegadas a un segundo plano. No se está pensando en el pensionista que, cada día, lucha para llegar a fin de mes. Tampoco en los miles de canarios que dependen de un sistema de transporte gratuito que asegura la cohesión y la movilidad en un archipiélago marcado por su fragmentación territorial. Estos problemas reales están siendo olvidados en medio de un enfrentamiento político que, sinceramente, ya genera vergüenza y desasosiego.
Me preocupa profundamente que los grandes partidos políticos de nuestro país no aborden desde la serenidad y la responsabilidad el futuro que queremos construir. Se están olvidando de quienes depositaron en ellos su confianza y, en su lugar, optan por perpetuar una contienda dialéctica, e incluso judicial, que no aporta soluciones. Hay que decirlo claro: es perfectamente compatible ejercer una oposición firme y crítica con estar a la altura de los retos que afrontamos como sociedad. Pero eso sólo es posible si volvemos a entender la política como un espacio para el diálogo y el consenso, una forma de actuar que, lamentablemente, hemos ido perdiendo con el paso de los años.
No hace tanto tiempo, España demostró que era posible encontrar puntos de encuentro entre partidos con diferencias ideológicas marcadas. Recordemos los pactos de Estado sobre las pensiones, el antiterrorismo o la lucha contra la violencia de género. En esos momentos, la palabra, la unidad de acción y el consenso se convirtieron en herramientas para el progreso. Esos valores deben ser recuperados. No porque sea fácil, sino porque es absolutamente necesario.
Me atrevo a decir que, cuando los diputados y diputadas dieron su voto negativo a la convalidación de esos decretos-leyes, no quisieron entender que quienes salían perdiendo eran los ciudadanos. En Canarias, el impacto es aún más negativo. Nuestra tierra, con sus carencias estructurales y sus singularidades geográficas, sufre de manera más acusada las consecuencias de estas decisiones. No podemos permitirnos este tipo de oportunidades perdidas.
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