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El decreto-ley en el que avanza el Gobierno de Canarias y por el que modificará la ley de cambio climático de la anterior legislatura, de cara a agilizar los trámites para incrementar la penetración de las renovables, introduce cambios sustanciales como el que, tras su aprobación, los ciudadanos solo tendrán que solicitar una declaración responsable a sus ayuntamientos para poder instalar en su vivienda o negocio los equipos necesarios para producir y autoabastecerse de energía.
El objetivo, como explicó ayer el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, es agilizar los trámites y evitar lo que está ocurriendo actualmente cuando los plazos se pueden alargar más de año y medio para conseguir una autorización.
El consejero puso como ejemplo, lo que está sucediendo con los cargadores para coches eléctricos, que la autorización de licencia por parte de los ayuntamientos está tardando entre 12 y 18 meses. Ocurre lo mismo con la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas. «Estamos quitando de un plumazo el problema», indicó el consejero, que destacó que de esta forma también se alivia a los ayuntamientos de la carga que soportan, ya que dejarán de realizar trámites.
En este sentido, cabe destacar como otra novedad relevante que el decreto ley «va a estar por encima» de cualquier planeamiento urbanístico municipal a la hora de permitir la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas. Es decir, que ningún ayuntamiento las podrá prohibir. «Estamos creando una autopista para el autonconsumo sin utilizar más suelo», manifestó. Además, el decreto ley obligará a que toda nueva construcción o trabajo de reforma en una edificación que requiera de licencia tendrá que cubrir el 100% de su cubierta con placas fotovoltaicas. Además se incentiva su instalación en pérgolas y aparcamientos, entre otros.
Hernández Zapata reconoció que otro problema que tienen los ciudadanos con las instalaciones de autoconsumo es el enganche a la red de la empresa distribuidora, pero, al menos -afirmó- con esta medida se resuelve uno «de los grandes inconvenientes».
Como apuntó el consejero, tras la instalación con declaración responsable estará en manos de los ayuntamientos el control e inspección de esos equipos de cara a confirmar que cumplen con todos los requisitos presentados en los proyectos. «Si no avanzamos con celeridad va a ser imposible hablar de descarbonización y transición ecológica en Canarias», maniestó.
Hernández Zapata apuntó que la futura empresa pública que se prevé crear en el marco del decreto-ley para que el Gobierno de Canarias pueda reducir su factura energética -actualmente está en los 50 millones de euros anuales-, también se encargará de reforzar esa inspección. «Puede haber algunas personas que hagan un mal uso de la declaración responsable pero no hay que pensar en el ciudadano como un delicuente. Son más los que obran bien que los que no», manifestó. Hernández Zapata será quien presidirá esta futura empresa pública que se encargará de producir energía para el autoabastecimiento público y el vertido a la red del excedente que no utilice. No habrá presencia en el consejo de administración de operadores privados, ni de las empresas productoras ni del operador REE.
En ese objetivo de reducir la burocracia y simplificar los trámites administrativos, el Gobierno de Canarias incluye en el decreto ley otra medida estrella que pasa porque determinará junto a los cabildos las zonas de cada isla en la que pueden acoger proyectos de energías renovables. Obviamente, como indicó el consejero, quedan fuera los espacios naturales protegidos y se seleccionarán las zonas por infraestructuras y por proximidad a puntos de enganche de la red eléctrica para poder verter la energía producida, lo que ya supone agilizar.
Este trabajo previo de marcar las zonas, que se han denominado «de aceleración de energías renovables, permitirá reducir los trámites que se piden a grandes empresas e inversores. «Buscamos que cuando venga una inversión a Canarias para un proyecto de renovables que sepa en qué lugar no va a tener problemas y además, va a tener una declaración de impacto ambiental simplificada. Agilizamos los plazos para que los proyectos salgan de forma más rápida», indicó.
Con todo, el consejero negó que el decreto-ley vaya a ser un «coladero de proyectos», algo de lo que le acusa el PSOE y asegura que es «todo lo contrario». Según afirma, el decreto ley reduce el riesgo porque de antemano las zonas de instalación están pactadas con los cabildos. «El riesgo se reduce. Ahora puede venir un inversor y querer instalar su proyecto en suelo rústico, que no está previamente acordado con los cabildos, que son los que tienen la competencia y que el Gobierno se ha venido saltando por el 6bis en anteriores legislaturas. Ahora es todo lo contrario, al haber zonas aptas se puede realizar la declaración de impacto ambiental simplificada», manifestó Hernández Zapata, que reconoció que el trabajo no será fácil para llegar a acuerdo con los cabildos. «No se va a hacer nada ilegal y sin los informes pertinentes», manifestó.
El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, anunció ayer que, tras la creación de un salto hidroeléctrico en la isla de Gran Canaria (con el proyecto de Chira-Soria), el objetivo del Ejecutivo es poner en marcha infraestructuras similares en las islas en las que se dan las condiciones y apuntó en concreto a Tenerife y La Palma. «Chira-Soria es una obra clave para la descarbonización y el futuro de esta tierra», indicó.
Según señaló, ya se está trabajando en ambos proyectos, si bien el de Tenerife «está más avanzado». «Tenemos que hacer una apuesta decidida por los saltos hidroeléctricos, son claves para la transición energética», dijo el consejero, que confió en que «en unos meses» se puede aprobar en el Consejo de Gobierno una resolución en este sentido. «Espero poder anunciar en esta legislatura nuevas infraestructuras hidráulicas en otras islas o la aprobación de las mismas», insistió. En el caso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que no tienen el relieve del terreno, la solución para una mayor penetración de las renovables serán las baterías, como apuntó el consejero.
Respecto al concurso exprés, Hernández Zapata indicó que los megavatios de potencia a instalar se rebajaron de 250 solicitados a los 155 aprobados porque solo eran «viables» las ofertas de Disa y Sampol, que tenían lugar para ubicarse y facilidad de enganche a la red. El consejero reconoció que sus proyectos no son limpios, ya que se sustentan en fuel-oil, si bien Disa producirá con propano, lo que se traduce en un 30% menos de emisiones. H. Zapata indicó que, pese al recorte, el Gobierno no renuncia a instalar el 40% pendiente a la espera del concurso de concurrencia competitiva.
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