16 años de una tragedia en la que reinó la incertidumbre y el ocultismo sobre los hechos

La herida que se abrió el 20 de agosto de 2008 difícilmente podrá ser cerrada por ninguno de los familiares de los pasajeros que iban a bordo del vuelo JK5022 operado por Spanair, que partía del Aeropuerto de Barajas en Madrid y tenía como destino el Aeropuerto de Gran Canaria. La presidenta de la asociación de afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera, lleva casi 16 años inmersa en una lucha constante para que España mejore sus protocolos a la hora de gestionar una emergencia de aviación civil, como la que acabó con la vida de su sobrina Ana y 153 personas más.

Desde que cogió el testigo para presidir la plataforma de afectados, Vera ha criticado la «ausencia total de información veraz y contrastada sobre lo que había ocurrido» en las horas y días posteriores al siniestro al igual que denuncia la exposición total y desprotección ante la voracidad de los medios de comunicación y la persecución y acoso de los despachos americanos, que ya andaban molestando a los familiares «10 minutos después de que todo pasara».

Vera recuerda aquel día como si fuese ayer mismo y relata como fue en una «salita pequeña» donde se «apilaban las personas» el lugar en el que se dio lectura cuatro horas después del accidente a una lista con menos de 20 supervivientes. Asimismo, cuenta que para los afectados de Gran Canaria fue «todavía peor» al tener que esperar durante más de 12 horas en una sala para poder subirse al avión que eventualmente les desplazó hasta Madrid. En este vuelo solo pudieron embarcarse dos personas por familia, además de algunos políticos.

A su vez, narra el caos que se vivió en los minutos posteriores a la explosión del avión, en los que, pese a tener constancia la torre de control de donde se había estrellado el avión, se activaron los servicios externos del aeropuerto mediante vías no oficiales, con servicios como el Summa de la Comunidad de Madrid y el Samur acudiendo al lugar de los hechos tras numerosas llamadas de conductores que apreciaron el fuego desde la carretera.

Todo ello, mientras el Centro de Gestión Aeroportuaria (CGA) tardaba para activar el plan de emergencia, «más preocupado por el hecho de que el aeropuerto siguiese operativo» que «de atender a las víctimas y supervivientes que pudiesen haber sobrevivido al espanto» de lo que estaba ocurriendo entre las pistas 36L y 36R. «El plan de emergencia del aeropuerto no funcionó, ni siquiera el coche Papa, que tenía que guiar las ambulancias dentro del recinto aeroportuario, no conocía los accesos y los tuvo dando vueltas por el aeropuerto hasta que lo situó muy lejos del lugar donde había caído el avión», puntualiza Vera.

Al mismo tiempo, denunció el hecho de que «nunca se había planificado un siniestro de esta magnitud en España», un hecho muy grave teniendo en cuenta los siniestros del vuelo de Avianca 11 que se estrelló en Mejorada del Campo, a 12 kilómetros del Aeropuerto de Barajas o los dos incidentes en el Aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife en 1972 y 1977 respectivamente.

Pilar Vera lleva años denunciando que las autoridades tenían información de lo que había pasado pero «no les dijeron nada a las familias» y que simplemente se dedicaron a subirlas al avión «sin saber lo que les esperaba en Madrid». Vera siempre se preguntó quien fue la persona que tomo esa decisión y asegura que «no hay palabras que puedan definir semejante situación de inhumanidad» y que a fecha de hoy todavía no se conoce quién tomó esa decisión. «Algunos tenían la esperanza de encontrar en los hospitales a sus seres queridos. Otros confiados en que el accidente no había sido tan brutal y la mayoría pensando que ese viaje que estaban haciendo no iba a ser tan cruel ni tan doloroso», esperanzas que se truncaron al llegar a Madrid y ver que les dirigían a IFEMA, algo que «después del 11M solo podía significar la muerte».

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