La Ley de Bibliotecas y el Plan de Lectura 2030 duermen «el sueño de los justos»

Victoriano Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 14 de julio 2024, 02:00

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El Plan de Lectura 2030 aprobado el año pasado que emana de la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias de 2019 no se está cumpliendo por parte del Gobierno de Canarias, por lo que el sector sigue anclado en la precariedad de antaño, tal y como denuncian los responsables de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de las islas (ByD Canarias).

Ángeles Domínguez Guerra, presidenta de esta asociación asegura que el Plan de Lectura de 2030 era «una iniciativa que pretendía situar la lectura en una dimensión más amplia que la relacionada con el ocio, ensanchando su valor social, cognitivo, educativo y saludable». Este proyecto, que fue presentado a la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas de Canarias y al Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas y que emana de los artículos 35 y 36 de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, subraya Domínguez Guerra, «con el cambio de Gobierno, salvo una subvención de finales de 2023 destinada al fomento de la lectura para las bibliotecas públicas, junto al resto de medidas que ya estaban listas para desplegarse, está durmiendo el sueño de los justos».

«Tenemos la impresión de que el actual Gobierno no considera a las bibliotecas entre sus prioridades ni muestra sensibilidad hacia los derechos culturales. Cabe recordar que las bibliotecas públicas son equipamientos de proximidad fundamentales en nuestras ciudades y pueblos, además de estar muy bien valoradas por la ciudadanía. En el último Barómetro sobre hábitos de lectura y compra de libros en España, publicado en 2023, los canarios otorgaron a las bibliotecas una nota de 8,4 sobre 10», destaca la presidenta de la Asociación.

Ariel Brito, anterior presidente de la misma, reconoce que la aprobación «por unanimidad en el Parlamento autonómico» de la Ley de la lectura y de las Bibliotecas de Canarias fue algo histórico que «llenó de ilusión y orgullo al sector». A lo que se sumaba, apunta, que esta Ley «es una de las legislaciones más avanzadas del Estado en su ámbito», ya que entre sus disposiciones figura, por ejemplo, «la obligatoriedad de que en cada municipio del archipiélago deba existir, al menos, una biblioteca pública, así como la dotación presupuestaria para su aplicación o la exigencia de estar dotadas con personal cualificado».

«Con el nuevo Gobierno surgido de las urnas el pasado mayo de 2023, tenemos la sensación de que hemos vuelto a la casilla de salida, porque poco o nada se ha avanzado y las perspectivas no son muy halagüeñas si no se corrige el rumbo cuanto antes», se lamenta.

Los responsables del sector han transmitido su malestar al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, con el que se han reunido en dos ocasiones por petición de la Asociación de bibliotecarios y documentalistas. «Percibimos abandono. Desde el cambio de Gobierno, hemos notado una ausencia significativa de iniciativa por parte de la Viceconsejería competente en materia cultural. Esta falta de acción no solo contradice el espíritu de la Ley, sino que también pone en riesgo los avances logrados en los últimos años. Tenemos la esperanza de que, a través del diálogo, podamos revertir esta situación y retomar el camino de progreso paulatino que habíamos iniciado», señala Ángeles Domínguez.

En la primera reunión, el 7 de mayo, Ángeles Domínguez y Loly León Donate -vocal de la Asociación-, plantearon al viceconsejero los inclumplimentos a la Ley de Bibliotecas y al Plan de Lectura. «Casi dos meses después de ese primer encuentro (el 4 de julio) nos vimos de nuevo con el viceconsejero que aportó, por fin, algunas respuestas: nos comentó que se pretende destinar 200.000 euros a la compra de colecciones para las bibliotecas públicas del archipiélago, cantidad que nos parece ínfima si tenemos en cuenta que solo el Cabildo de Gran Canaria aporta 143.500 euros para las bibliotecas de su ámbito territorial en 2024; por otro lado, se anunció una inversión de 75.000 euros para impulsar proyectos digitales de la Red de Bibliotecas de Canarias; y 100.000 euros para desarrollar los proyectos audiovisuales de la Biblioteca de Canarias. No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que hay un desequilibrio en las partidas presupuestarias, desde nuestra entidad alabamos las inversiones, pero hechas desde el rigor y atendiendo a las necesidades más acuciantes», dice Domínguez, que apunta un ejemplo concreto: «La Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, en su disposición adicional séptima, estipula que se destinará al menos el 10% del importe total de los presupuestos de la consejería competente en materia de cultura a mejorar y extender los servicios bibliotecarios de Canarias. Huelga decir que esto no se cumple ni de lejos».

El expresidente de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias, Ariel Brito, confirma que las dos Bibliotecas Públicas del Estado -una en Las Palmas de Gran Canaria, junto al parque de San Telmo y la otra en Santa Cruz de Tenerife-, que gestiona el Gobierno de Canarias, se enfrentan «a una situación complicada desde principios de 2024» porque no cuentan con dinero para «la adquisición de colecciones tanto físicas como digitales».

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«Este problema tiene un efecto directo sobre los derechos culturales de la ciudadanía y limita el acceso a la información, el ocio y la formación de miles de personas», añade.

«Después de la última reunión mantenida con el viceconsejero de Cultura y tras las quejas aparecidas en diversos medios de comunicación parece que las Bibliotecas Públicas del Estado dispondrán para el segundo semestre de 37.500 euros cada una para la compra de ejemplares y 50.000 euros para la realización de actividades», apunta Brito que recuerda que las dos bibliotecas «tienen unas estadísticas de uso muy elevadas, las más altas de todas las bibliotecas públicas en las islas, lo que resalta su importancia como recurso imprescindible que no puede depender de vaivenes presupuestarios por la falta de previsión».

Ángeles Domínguez, actual presidenta de esta asociación, subraya el desigual apoyo que ofrecen los cabildos a las bibliotecas. «En el caso de los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, su labor ha sido satisfactoria en muchos aspectos, pero aún hay margen de mejora, especialmente en lo que respecta a la coordinación y al impulso de las redes», explica.

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En el resto de islas, sobre todo en La Gomera y El Hierro, asegura, «la situación es menos favorable», disparidad que genera «desigualdades significativas en el acceso a los servicios bibliotecarios entre las islas».

Por su parte, Ariel Brito aclara que los ayuntamientos «tienen una responsabilidad fundamental porque son responsables directos de la gestión de las bibliotecas públicas municipales, que son las más cercanas a la ciudadanía y las que conforman la base del Sistema Bibliotecario de Canarias».

Por ello, considera de vital importancia que garanticen que estos servicios cuenten «con los recursos necesarios», tanto «en términos de personal como de infraestructuras y fondos bibliográficos para poder ofrecer un servicio de calidad, para lo que disponen de algo muy útil como es el Mapa de Bibliotecas Públicas de Canarias».

Aboga por «una estrecha colaboración» entre los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias para «implementar políticas coherentes y eficientes que permitan sacar a nuestra región del vagón de cola en cuanto a hábitos de lectura y uso de sus bibliotecas».

Cada municipio del archipiélago debe disponer de al menos una biblioteca pública. Así lo establece la Ley aprobada en 2019, pero a día de hoy existen enclaves, como el grancanario de Ingenio, que incumple este apartado fundamental.

«Más que municipios sin bibliotecas (que haberlos, haylos, aunque son los menos) nos preocupa la falta de personal bibliotecario. No es extraño encontrarse con equipamientos atendidos por trabajadores sin cualificación, personas becarias o incluso voluntarias», denuncia Ángeles Domínguez Guerra, presidenta de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias (ByD Canarias).

«Otro problema acuciante es el de las infraestructuras y los servicios ofertados. Un número importante de los edificios en los que se ubican las bibliotecas no cumplen con la superficie mínima requerida ni están zonificados, son pocos accesibles y carecen de equipamiento adecuado para considerarse instalaciones modernas y funcionales. La situación es especialmente preocupante en los municipios pequeños y en las zonas rurales, donde las bibliotecas a menudo son el único punto de acceso a la cultura y la información para la población», añade.

El expresidente de ByD Canarias, Ariel Brito, lamenta que muchas bibliotecas no cuenten en las islas «con espacios decentes, una financiación adecuada y un personal cualificado con condiciones laborales dignas y el reconocimiento y el compromiso de las administraciones competentes, más allá de palmaditas en la espalda o la presencia del responsable político de turno en una inauguración o en un acto puntual para sacarse la foto de rigor. Las bibliotecas son un servicio básico, universal y grauito. El sociólogo estadounidense Eric Klinenberg las denomina 'palacios del pueblo' y yo no puedo estar más de acuerdo. Las bibliotecas son lugares de libertad, democracia y convivencia; no son una ocurrencia».

Estos profesionales del sector lamentan que aún perviva la idea de que se trata de dotaciones destinadas solo para el estudio o para el préstamo de libros.

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«Esperamos que el nuevo paradigma (que ya no lo es tanto) vaya calando entre la clase política y la ciudadanía. Una biblioteca pública es, por definición, un lugar de encuentro donde conviven diversos usos y funciones. Quizás el más importante sea fomentar el espíritu comunitario a través de la participación ciudadana, promoviendo el diálogo y la interacción social. Somos conscientes de que esta concepción genera mucha controversia y entendemos que haya personas que necesiten espacios de silencio absoluto, pero esa necesidad es poco compatible con las cosas que suceden en una biblioteca pública del siglo XXI. Por eso, animamos a la sociedad a que soliciten a los poderes públicos la dotación de espacios que funcionen exclusivamente como salas de estudio. Por supuesto, también son bienvenidas en las bibliotecas, como no podía ser de otra forma, aunque deben saber de antemano que el tiempo del silencio monástico ya pasó», comenta con ironía Ángeles Domínguez Guerra.