El sector turístico demanda más seguridad jurídica y advierte del daño al destino de la protesta del 20A

El sector turístico en Gran Canaria reclama más seguridad jurídica a las administraciones públicas y advierte del daño que pueden hacer al destino manifestaciones como las del 20 de abril pasado (20A). Estas fueron dos de las conclusiones que salieron del Gran Debate Hotelero, una iniciativa de Les Roches que este jueves juntó en el hotel Lopesan Costa Meloneras a destacadas voces del sector.

Moderados por Susana Garrido, directora de Aprendizaje e Innovación Digital en Les Roches, dialogaron durante dos horas Pablo Llinares, director gerente de Turismo de Gran Canaria; Águeda Borges, responsable jurídica de Riu, pero que acudió en calidad de vicepresidenta de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT); Pablo Lorenzo, director de Sostenibilidad de Lopesan; Ángel Rivero, director general del grupo Dunas, y Manuel Gruñeiro, director de expansión de Be Cordial.

La pregunta de Garrido sobre la convivencia del sector con la población local llevó a Águeda Borges a las manifestaciones del 20A, que, a su juicio, «mezclaban muchas cosas que no atañen a la industria turística, como los problemas con la vivienda, el transporte o el agua».

En todo caso, y en lo que entiende que tiene que ver con el sector, subrayó que no se puede hablar de cambio de modelo, «el nuestro es sol y playa», y aclaró que «la ocupación de la industria no llega al 2% del suelo» de las islas. «Hablan de reparto de la riqueza, ¿más reparto que promover un 35 o un 40% del empleo directo y un 90% del indirecto, o ser el eje económico de Canarias?».

Ángel Rivero no ocultó su preocupación porque ese descontento ciudadano pueda derivar en turismofobia. «No es cierto que el turismo no está democratizado». Y puso el ejemplo de Gran Canaria, donde «hay un peso importante del sector extrahotelero», buena parte del cual, dijo, está en manos de canarios. Gruñeiro, del grupo Cordial, fue un poco más allá en ese hipotético daño al destino. Aunque reconoció que las reservas van bien, sí cree que «esas manifestaciones, que tampoco fueron una masificación, han hecho bastante daño en mercados emisores, no a corto plazo, pero sí a medio».

Borges sugirió que parte del descontento popular pueda tener que ver con el impacto de las viviendas vacacionales en zonas residenciales. «Eso probablemente ha inflamado o ha incendiado esa percepción social respecto al turista, que antes estaba en su reducto y su presencia se vuelve incómoda». El guante lo cogió enseguida Rivero, que se quejó de la extrapolación de ese fenómeno a las zonas turísticas. «Se está vulnerando la Ley del Turismo de 1995, cargándose el principio de la unidad de explotación, y ahí ha habido inacción política, lo que genera pánico en los inversores».

«Ha faltado seguridad jurídica», destacó. «No respetar la ley turística conlleva convertir edificios turísticos de Playa del Inglés en guetos. ¿Esa es la imagen de marca que queremos ofrecer?». Gruñeiro le secundó. «Nuestro problema es la administración pública. No se puede cambiar una normativa a mitad de partido». Por eso todos, también Lorenzo, de Lopesan coincidieron en reclamarle más seguridad jurídica a las instituciones. Este último le sumó más peticiones: «Velocidad, flexibilidad y voluntad». Y Borges completó: «Servicio, compromiso y legalidad o lealtad».

A pesar de todo, los cuatro coincidieron en destacar que el sector «ha hecho las cosas bien» y que en su permanente adaptación a un mundo cada vez más competitivo apuesta por la sostenibilidad y la digitalización. «Pero no ahora (tras el 20A); esta industria no es inocua, pero llevamos trabajando en disminuir esa huella desde el principio de los tiempos; lo que necesitamos es que la administración nos deje hacerlo», indicó Borges.

En el debate público no se habló de una posible moratoria turística ni de una ecotasa, pero es que ni una ni otra medida, reclamadas por la ciudadanía en las manifestaciones del 20A, convencen al sector. Fuera de la sala, y a preguntas de los periodistas, Borges se mostró tajante. «Ejemplos de moratorias hemos tenido varios y las consecuencias no han sido positivas. A veces solo ha sido un estímulo a una carrera que no conviene. Se aceleraron de manera forzada los ritmos y dieron pie a crecimientos acelerados», advirtió.

Al hilo de esta discusión aportó un dato. «En Canarias han decrecido en los últimos años en más de 50.000 las plazas turísticas». Se le preguntó por Baleares, donde sí se ha apostado por una moratoria y una ecotasa, pero la representante de la patronal dejó claro que «no se deben comparar territorios».

Gruñeiro no se quedó atrás en su rechazo. «No cabe una moratoria, es que yo no lo entiendo. En Canarias tenemos que trabajar en una mayor calidad, como los resort de los destinos emergentes. Tenemos que apostar por seguir creciendo en destinos y en activos de más calidad», sentenció.

Más flexible se mostró, en cambio, Rivero, para quien, a lo mejor, cabría planteársela en función de las zonas. «Depende de las zonas, en las muy masificadas puede tener un sentido. Es un tema delicado, lo cierto es que debemos mirar con cuidado dónde invertimos y deteriorar lo mínimo la poca costa que nos va quedando».

El no a la ecotasa tampoco es unánime, al menos en los operadores consultados. Para Borges, «debiera llevar un servicio a cambio de algo. El turismo ya paga un IGIC que aporta muchos millones de euros a las arcas públicas, esa es nuestra ecotasa». Y hace una reflexión. «El trabajo que pedía la ciudadanía el 20 de abril hay que enfocarlo de otra manera, no con cuestiones tan mediáticas. Hay mucho más que hacer».

Gruñeiro, por su parte, tiene claro que «las tasas dañan a largo plazo». Se explicó. «Es una injerencia en un destino cuando uno ya paga sus impuestos y la industria genera unos ingresos». Rivero vuelve a mostrarse más abierto que el resto. «El cliente siempre está dispuesto a pagar un poco más por la sostenibilidad y creo que tenemos que poner medios para mantener el entorno frágil en el que estamos».

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