García Porcel, director de Remar Canarias: «No somos delincuentes, somos honestos e inocentes»

José Jesús García Porcel, pastor evangélico y director de Remar Canarias, manifestó a este periódico que no era «ningún delincuente» tras la información publicada que desvela que está siendo investigado, junto a tres miembros más de la organización, por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y otro contra los derechos de los trabajadores en el marco de la conocida como operación Zeile.

Este procedimiento investiga a la cúpula de la ONG en Canarias por, presuntamente, haber explotado laboralmente a cinco mujeres en situación de alta vulnerabilidad a las que tenían acogidas en el garaje de una de sus viviendas en Telde, trabajando sin contrato ni sueldo en las tiendas y centros y, en el tiempo restante, obligándolas a ejercer de empleadas de hogar y niñeras de los propios investigados, entre otras tareas.

García Porcel declaró a CANARIAS7 que no era «culpable» de ningún delito, y que por el momento solo estaba siendo «un investigado». «No soy ningún delincuente, soy el responsable de una obra social que lleva 25 años intentando hacer el bien, ayudando a las personas». Añadió que, aunque había sido detenido, no había declarado aún ni ante la Guardia Civil ni ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria porque consideraba que la investigación no tenía sentido: «Sí he sido detenido, pero no he declarado aún porque no creo que sea justo lo que nos están haciendo. Es una investigación que no tiene ningún fundamento».

Explicó que Remar Canarias era una obra social con una larga trayectoria y que no se dedicaba a cometer delitos: «Soy un voluntario de una obra social que lleva más de 40 años trabajando por la sociedad y no creo que esté bien lo que nos han hecho. Este asunto está en fase de investigación. Yo no soy una persona de carácter público. No somos delincuentes, somos personas honestas e inocentes. Al final se va a hacer justicia. Llevamos décadas trabajando en Gran Canaria por las personas», dijo.

El pastor evangelista, que estuvo en prisión provisional aunque ahora se encuentra en libertad, también expresó su preocupación por el impacto mediático del caso: «Habrá que seguir las investigaciones y cuando haya un juicio todo se aclarará. Cuando suceda lo que suceda, me gustaría que tenga la misma repercusión mediática que ahora. Es muy fácil ensuciar, manchar y derribar, pero muy difícil construir y honrar».

Subrayó el perjuicio que la investigación judicial estaba causando a las actividades diarias que desarrollaba Remar en Gran Canaria: «Por esta causa, muchas familias con problemas no están recibiendo alimentos. Al estar las puertas cerradas -las sedes están precintadas-, ya no repartimos los 80 pedidos familiares los jueves y otros 50 los fines de semana, es decir, unos 130 paquetes semanales de alimentos para personas necesitadas. Ingresaban cada semana muchas personas pidiendo ayuda para poder rehabilitarse y ya no pueden hacerlo. El perjudicado no soy yo ni el resto de investigados, sino la obra social y las personas a las que ayudábamos».

En esta operación Zeile los investigados son el referido José Jesús García Porcel, director de Remar en Madrid, Castilla y León, Canarias, Francia, Bélgica y los Países Bajos, quien fue detenido en el aeropuerto al llegar a Gran Canaria; además de Jon Ubillos Berrueta, responsable de la asociación en Gran Canaria; su esposa Tamar Antón, responsable del departamento de voluntariado y nuevos ingresos y la encargada de controlar a las mujeres residentes. También aparece en la causa como investigada la asociación Remar Canarias en calidad de persona jurídica.

Las cinco mujeres en situación de extrema vulnerabilidad que figuran en la causa como víctimas, además de trabajar sin contrato en las tiendas y centros de Remar, eran obligadas a realizar tareas de empleadas de hogar y niñeras de los hijos de los investigados y no se les permitía tener ni siquiera móviles.

La Policía Judicial de Las Palmas, por orden de la magistrada instructora y a instancias de la fiscal teseida García, llevó a cabo diversos registros en todas las sedes de Remar en la isla y de forma cautelar decretó el embargo de sus bienes, la congelación de las cuentas corrientes y el precinto de locales.

Además, durante la fase secreta de la investigación, la Fiscalía determinó que -presuntamente- Remar Canarias no solo explotaba laboralmente a estas mujeres, sino que incluso a las que tenían acceso a ayudas gubernamentales les exigían el 50% de las mismas.

Durante la instrucción del procedimiento, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas realizó una investigación que constató lo sospechado por los agentes y la Fiscalía y determinó que Remar Canarias estaba utilizando a estas mujeres para trabajar de sol a sol sin pagarles sueldo alguno ni darles de alta.

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