Investigan a la cúpula de Remar por explotar supuestamente a cinco mujeres muy vulnerables

Cuatro altos cargos de la organización no gubernamental Remar Canarias fueron detenidos y enviados a prisión provisional por -presuntamente- explotar laboralmente a cinco mujeres en situación de alta vulnerabilidad a las que tenían acogidas en el garaje de una de sus viviendas en Telde, trabajando sin contrato ni sueldo en las tiendas y, en el tiempo restante, obligándolas a ejercer de empleadas de hogar y niñeras de los propios investigados, entre otras actividades. A estas víctimas, según las pesquisas, no les dejaban tener móviles, les quitaban la mitad de sus pagas y todo con la supuesta amenaza de dejarlas en la calle sin recursos si no obedecían.

La denominada operación Zeile fue desarrollada con notable éxito por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas, en perfecta coordinación con la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería de Canarias, Teseida García.

Las cuatro personas encausadas fueron detenidas y enviadas a prisión el pasado 8 de mayo por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y luego salieron en libertad el 31 del mismo mes, investigadas por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y otro contra los derechos de los trabajadores.

En concreto, los investigados son José Jesús García Porcel, director de Remar en Madrid, Castilla y León, Canarias, Francia, Bélgica y los Países Bajos, y al que detuvieron en el aeropuerto al venir a Gran Canaria; Jon Ubillos Berrueta, responsable de la asociación en Gran Canaria; su esposa Tamar Antón, responsable del departamento de voluntariado y nuevos ingresos; Luz Elena Agudelo Cardona, que era la persona que controlaba a las mujeres residentes, y la propia asociación Remar Canarias en calidad de persona jurídica.

Esta investigación a la rama canaria de una ONG que tiene centros a nivel nacional e internacional se inició en el año 2022 cuando una de las mujeres perjudicadas denunció la situación de supuesta esclavitud que estaba viviendo cuando residía en el garaje de una vivienda propiedad de Remar, situada en la calle Rey Ayoze de Marpequeña (Telde). Fue en ese momento cuando un equipo de la Policía Judicial de Las Palmas comenzó la investigación en conjunto con la Fiscalía Provincial y se incoaron unas diligencias judiciales de carácter secreto.

Tras un intenso trabajo de investigación, los agentes determinaron que la situación que vivía la denunciante también la estaban sufriendo otras mujeres -en concreto, cuatro denunciantes más- en el supuesto centro de acogida que se trataba de un inmueble de tres plantas en el que, en su garaje, vivían las víctimas y sus hijos en situación de extrema vulnerabilidad, mientras que en las plantas superiores estaba la vivienda de Jon Ubillos y su esposa Tamar Antón, además de una pequeña oficina.

Aunque la ONG en su momento anunció que en esa vivienda las residentes se beneficiarían de servicios integrales que incluían alojamiento, alimentación, apoyo psicológico y formación profesional, los investigadores descubrieron que las víctimas estaban siendo explotadas. Trabajaban durante todo el día en las tiendas de Remar y, el tiempo restante, ejercían de empleadas del hogar del matrimonio y niñeras de sus tres hijos, con la presunta connivencia de Luz Elena Agudelo y el máximo responsable, el pastor evangélico José Jesús García Porcel.

Durante la fase secreta de esta operación Zeile -que ya se levantó-, personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas realizó una investigación que constató lo sospechado por los agentes y la fiscal Teseida García y determinó que Remar Canarias estaba utilizando a estas mujeres para trabajar de sol a sol sin pagarles sueldo alguno, no les daban de alta ni abonaban cantidad alguna en concepto de seguros sociales, no les dejaban tener en algunos casos teléfono móvil e, incluso, a las que tenían acceso a ayudas gubernamentales, les exigía el 50% de las mismas.

Y todo ello ante la presunta amenaza de dejarlas fuera de la ONG, sin medios para, en el caso de dos de las víctimas, poder cuidar de sus hijos y comparándolas, por ejemplo, con otra labor que desarrolla Remar con personas drogodependientes a las que sí se les controla más para evitar recaídas.

Tras meses de investigación, la Policía Judicial de la Guardia Civil atendió al requerimiento de la magistrada Ana Isabel de Vega Serrano y detuvo a estas cuatro personas, llevando a cabo entradas y registros en las sedes de Remar en Gran Canaria. De forma cautelar, la autoridad judicial decretó el embargo de sus bienes, la congelación de las cuentas corrientes y el precinto de los locales.

Los cuatro detenidos se acogieron a su derecho a no prestar declaración y fueron enviados a prisión provisional a instancias de la fiscal Teseida García para garantizar la protección de las cinco víctimas, que declararon en sede judicial en una prueba preconstituida celebrada el pasado 31 de mayo, el mismo día en que los investigados quedaron en libertad a la espera de juicio.

Mientras tanto, Remar Canarias mantiene parada su actividad en Gran Canaria, aunque sigue desarrollando la misma en otras islas como Tenerife o Lanzarote. Todo ello en una operación Zeile en la que los investigadores continúan llevando a cabo numerosas diligencias en aras de esclarecer unos hechos que suponen la primera gran operación desarrollada por la Guardia Civil en la provincia en lo que a delitos de trata de personas se refiere.

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