El calvario de un policía que pasó un año en prisión, archivan el caso y ahora puede ser sancionado

Un agente grancanario adscrito a la Policía Científica y que estuvo ingresado un año y 14 días en prisión al haber sido relacionado con un presunto delito de colaboración con una banda de narcotraficantes, sigue viviendo un «auténtico calvario», según su abogado, puesto que está pendiente de la resolución de un expediente disciplinario que le abrió el Cuerpo Nacional de Policía en su contra por los mismos supuestos hechos por los que fue exonerado por el Juzgado de Instrucción que investigó y archivó de forma definitiva su causa.

Tras un largo proceso judicial, se produjo la exoneración del agente, quien fue detenido y encarcelado después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de San Cristóbal de la Laguna diera por válida la tesis de los investigadores del Grupo I de Udyco de Santa Cruz de Tenerife y el Grupo VI de Asuntos Internos, ahora llamado Grupo 51, siendo archivada posteriormente por el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de forma definitiva mediante un auto de sobreseimiento libre que, en términos prácticos, supone la inexistencia siquiera de indicios que pudieran sustentar una posible acusación, según refiere el letrado que lo defiende, Miguel Ángel Pérez Diepa. Este agente estuvo un año y 14 días en prisión preventiva.

No obstante, pese al archivo judicial, el agente se enfrenta a un expediente disciplinario todavía no archivado, continuando su lucha por olvidar este capítulo de su vida que le costó incluso problemas graves de salud.

El grancanario al ser agente de policía fue el centro de un complejo y prolongado proceso judicial que comenzó con su detención en mayo de 2018 y concluyó con el sobreseimiento libre de la causa respecto de su persona en febrero de 2024. Durante este tiempo, este miembro de la Policía Científica fue investigado por su presunta participación en una organización criminal dedicada al narcotráfico, lo que lo llevó a enfrentar cargos graves y a vivir un periodo difícil tanto en prisión como fuera de ella. La causa se archivó aunque el letrado Pérez Diepa anunció a este periódico que se reserva la posibilidad de ejercer acciones legales contra los instructores de Udyco y de la unidad de Asuntos Internos que han llevado adelante la investigación policial contra el agente y que conllevó su detención e ingreso en prisión. El abogado entiende que los funcionarios han construido relatos y hechos basados en falsedades construidas por los propios investigadores y que esto puede ser constitutivo de, al menos, un delito de falsedad cometido por funcionario público.

El instructor de Asuntos Internos responsable de la investigación aparece además en varios artículos de prensa por sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense tras realizar «meras apreciaciones subjetivas sin apoyo fáctico alguno, salvo conjeturas» en la llamada operación Zamburiña, que conllevó a absoluciones de los policías investigados ratificadas posteriormente por el Tribunal Supremo.

«Existió una obsesión por involucrar» al agente, según Pérez Diepa, «con mentiras desde que se inicia la investigación», refiriendo que un viaje de ocio a Madrid «era para que uno de sus acompañantes, a través de dos intermediarios, los cuales dejaron de ser investigados a los cuatro meses, arreglaran supuestos envíos de cocaína de una supuesta rama colombiana, la cual no fue ni identificada ni investigada», para darle mi cliente una «supuestamente cobertura como policía», insiste. «Dichos hechos solo se incluyeron de forma maliciosa en el informe final de detención referido al agente, sin incluirlo en el de ningún otro investigado, a sabiendas de la falsedad de dicho relato», concluyó el abogado.

El 4 de mayo de 2018, el agente fue detenido a las puertas de un colegio de la capital grancanaria donde acababa de dejar a su hijo de 5 años. Esta acción fue llevada a cabo por el citado grupo de agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional, quienes, según la defensa del policía, la ejecutaron de manera pública y humillante, en un entorno lleno de padres y madres que conocían su condición de policía. La defensa argumenta que este arresto vulneró sus derechos fundamentales, como el derecho al honor, a la intimidad, la propia imagen, al realizarse en un lugar público y en un momento inadecuado, «contraviniendo las directrices del procedimiento integral de detención policial y el art. 520 de Lecrim», argumenta Pérez Diepa.

Su vehículo fue registrado en el mismo lugar de la detención, frente a la mirada de numerosos testigos, lo que, según su abogado, exacerbó la humillación y el daño psicológico que comenzó a experimentar desde ese momento.

Al agente grancanario se le imputaron delitos como tráfico de estupefacientes, revelación de secretos y cohecho. La investigación, según su defensa, se basó en manipulaciones, tergiversaciones y omisiones que distorsionaron la realidad de los hechos. Sostiene esta parte que las acusaciones se construyeron sobre una serie de conjeturas y datos construidos, como conversaciones telefónicas sacadas de contexto o manipuladas y omisión de pruebas exculpatorias que demostraban la inocencia del agente, el cual fue el único detenido que declaró tanto en sede policial como judicial.

Según refiere, «conversaciones de compra de pescado para compañeros y familiares se tergiversaron afirmando que eran kilos de cocaína. Afirmaron que, según consta de forma literal en el atestado, 'tras reuniones y unas conversaciones telefónicas en las que participa activamente el funcionario investigado, se conseguía, por parte de los investigadores la incautación de 459.320 euros en efectivo el 25/12/2016 y la detención de dos personas con las que se había reunido en Madrid', todo ello -insiste el letrado- pese que aparece en el atestado de la detención de dicha persona, elaborado por el grupo Udyco IV de Las Palmas que no existe ni conversación, ni reunión, ni vigilancia en la que participara el agente que diera lugar a dicha detención», dijo. Un arresto que «además se produjo en otra causa judicializada y ya juzgada, sin relación alguna con el agente, que no aparece referido en dicho atestado, ni en dicha causa». «Para mayor abundamiento», determina esta parte, «en el propio atestado de vigilancia y seguimiento del viaje de ocio a Madrid de mi cliente, no consta reunión, conversación, mención o encuentro causal con ninguno de los detenidos. Además que dichos hechos, nuevamente, solo se incluyeron de forma maliciosa en los atestados referidos al agente, sin incluirlo en el de ningún otro investigado, a sabiendas de la falsedad de dicho relato». Para Miguel Ángel Pérez Diepa, se trata de una «gravísima falacia malintencionada, que causó unos efectos demoledores en el estado de salud del funcionario», sostuvo.

Tampoco se acreditó, según la defensa, que el agente detenido tuviera una economía boyante, al contrario, y «ni siquiera le realizaron una averiguación patrimonial», como si se hizo con el resto de investigados. También «tergiversaron el contenido de conversaciones telefónicas que se ofrecían incompletas» para mostrar una vida desahogada. Asuntos Internos llegó a afirmar, «sin prueba alguna en el informe final», que «no usaba tarjetas de crédito ni débito, lo cual se plasmaría en el correspondiente informe patrimonial, que nunca se presentó». Un documento, a juicio de letrado, «obligado en este tipo de delitos». Su defensa sí lo hizo.

Apuntó la defensa que los presuntos narcos investigados en sus conversaciones hacían siempre alusión a que les informaba un agente de la Udyco de «investigaciones en tiempo real», un grupo al que nunca ha pertenecido el agente detenido y así consta en numerosas transcripciones de conversaciones. «El grupo Udyco I Tenerife y Asuntos Internos referían que era el agente detenido, sin investigar en sus propias filas», destacó.

Uno de los principales argumentos utilizados para mantener la detención y las medidas cautelares en su contra, fue su posible acceso a información confidencial debido a su labor como policía, pues se aprovechaba de su condición de funcionario. Según los investigadores, esta cuestión representaba un riesgo elevado de destrucción de pruebas y reiteración delictiva, lo que justificaron para que se produjera su prolongado encarcelamiento preventivo y sin fianza. A lo largo del proceso, la defensa presentó repetidas solicitudes de libertad provisional, todas ellas denegadas bajo el argumento de que existían riesgos para el procedimiento si salía a la calle y se insistió reiteradamente en su condición de funcionario de policía como argumento para denegar la libertad provisional. Fue puesto en libertad bajo fianza de 30.000 euros que pudo conseguir gracias a la ayuda de personas de su entorno.

El agente pasó un año y catorce días en prisión preventiva, un periodo que, según la defensa, estuvo marcado por condiciones difíciles y trato adverso «debido a su condición de policía». Fue ingresado en Salto del Negro, donde, según el agente, fue sometido a un régimen de hostigamiento. Alegó que sufrió medidas arbitrarias como denegar visita de familiares alegando que la solicitud se realizó fuera de plazo, estando en plazo, le negaron comunicarse con su pareja, una condición que le fue concedida a los seis meses por la magistrada de Vigilancia Penitenciaria, fue objeto de cambios de régimen y presiones por acciones de otro interno agente y amenazas para que parase sus instancias informando de estos hechos, por lo que fue obligado a compartir el patio unas horas con presos comunes que estaban al tanto de su profesión de policía, «lo que se encuentra expresamente prohibido por el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», narró con detalle el policía afectado.

Al agente primero se le recogió la denuncia en la propia prisión, después presentó una denuncia ante el Juzgado de Vigilancia Penitencia, la cual fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital grancanaria, ratificada luego por la Audiencia Provincial. Posteriormente acudió en amparo al Tribunal Constitucional, alegando que durante su estancia en prisión recibió «amenazas, insultos, represalias con horarios arbitrarios, convivencia con presos comunes, privaciones de comunicaciones íntimas y pérdida de enseres», narra el letrado. El Constitucional obligó a reabrir la causa e investigar si hubo maltrato por los funcionarios en la cárcel, ya que «no hubo una investigación exhaustiva y suficiente», pese a que se considerara que podían aparecer en un futuro «indicios de delito por trato degradante». Considera, de este modo, vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos y degradantes.

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