El «hastío» por la «inacción política» desactiva a la sociedad civil

El pasado mes de junio la cúpula de la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia (Patdi-Canarias) anunciaba su «dimisión» por el «hartazgo» que les producía el incumplimiento reiterado de la ley por parte del Gobierno de Canarias. Con su lucha habían conseguido que el Parlamento regional aprobara una norma que blindaba derechos a los niños y niñas que requerían estos apoyos, pero hasta ahí. Del papel no pasaba a la realidad pese a las concentraciones, manifestaciones, protestas y reuniones.

Hace dos años nacía Y ahora qué hacemos, una plataforma ciudadana conformada por medio centenar de familias con hijos e hijas con discapacidad. Denunciaban que al cumplir los 21 años salían del sistema educativo y se convertían en nombres en una lista de espera que no avanza y de la que nada saben. Reclamaban su derecho a la formación y a la atención, y recordaban que, en el caso de grandes dependientes la lista estaba aún más colapsada.

En octubre de 2023 se plantaron ante el Cabildo de Gran Canaria, responsable de gestionar la lista de espera y los recursos, y pidieron un plan «de urgencia» para estos chicos y chicas mientras se creaban las plazas definitivas. A finales de ese mismo mes el pleno de la Corporación Insular aprobaba por unanimidad una moción de CC para declarar «la urgencia social» de aquellos casos que así decidan sus técnicos para dar respuesta a estos jóvenes.

A diciembre de 2024 ninguna de las familias ha logrado una respuesta y la portavoz de la plataforma, Ruth Santana, ha presentado su dimisión. «El hastío y el cansancio» son las razones que aduce Santana. «Es un desgaste insoportable, una gran desilusión» después de tanto trabajo, comenta. «Hemos estado exigiendo que se cumplan los derechos de nuestros hijos, diciéndoles lo que no funciona y no hacen caso, no nos tienen en cuenta. Vas consiguiendo pequeñas cosas a golpe de artículos de periódico o programas de radio o televisión pero no se materializan», lamenta Ruth Santana.

Además, señala, te obligan a «exponer todas tus intimidades». Ruth Santana explica que «el paso más difícil y doloroso para las familias es exponer la intimidad de un problema como es la diversidad funcional de alguien. Eso ya es muy doloroso». Pero, además, añade, «tienes que ocupar el tiempo en exponerlos de esa manera. Este cuidado es 24-7» en referencia a que es constante todos las horas del día los siete días de la semana. «Pasas por tu duelo, tu aceptación, te has organizado tu vida para cuidar a esta persona que tiene derecho a ciertos servicios, y te ves con que tienes que exponerlos de tal manera para que la sociedad política se dé cuenta de la manera en que gestionan los servicios. Están perjudicando a las personas con vulnerabilidad, pero ni poniéndoselos delante de la cara hay alguna solución», se queja Ruth Santana.

Ella misma se vio en esa situación. Se grabó un vídeo que se hizo viral en el que Ruth Santana denunciaba los problemas que atravesaba su hija Texeida, con discapacidad psíquica y que llevaba dos años esperando por una plaza ocupacional. La joven sufría ansiedad y «tristeza» y no entendía las razones por las que no podía seguir acudiendo a su centro. «La plataforma se conforma no con mucha ilusión en una reunión con varias familias en una actividad deportiva. Todos teníamos a jóvenes con diversidad mayores de 21 años en casa, sin recurso y en lista de espera», recuerda Ruth.

«Conformamos la plataforma y empezamos a tocar puertas para recabar la información de cómo era la lista de espera, quién era el encargado... No se nos da contestación de nada ni por escrito ni nada», señala.

«El camino en la parte educativa nos cogió con la campaña electoral, pero incluso en esa situación dieron un paso adelante. Lograron arrancar el «compromiso» de los partidos, salvo el PSOE y CC, de que darían respuesta a sus demandas. «Ha sido agridulce. Menos el PSOE y CC todos los que firmaron han estado por a labor, sobretodo el área de Educación gracias empuje e interés de las familias. Pero el área de Asuntos Sociales del Cabildo [de Gran Canaria] en ningún momento ha respondido», critica. «Ni dieron información sobre el número de personas que está en la lista de espera. Se creó un servicio de urgencia social en octubre de 2023 y tampoco se hizo nada. Se convocaron una plazas que han tardado un año en poner en marcha pero con un criterio que dejan a muchos chicos que llevan muchos años en la lista de espera fuera...». En resumen, dice Ruth Santana, «las familias somos maltratadas. Directamente sufrimos maltrato institucional, no hay otra manera de llamarlo. El maltrato es real y tristemente efectivo», dice Ruth que recuerda a compañeras de la plataforma Patdi que se han sentido «agotadas moralmente» ante la frustración de no lograr avances.

«Siempre unas personas tiran más que otras, pero emocionalmente estar luchando por los derechos de muchas personas pasa factura. La institución alarga los tiempos, no cumple, no mira por los derechos de un colectivo tan vulnerable y eso pasa factura a la salud. No es que no te queden ganas de luchar, sino que te pasa factura personal, a la salud, y te tienes que rendir. A mí me ha ocurrido», reconoce.

Ruth Santana es consciente de que los tiempos de las administración no son los tiempos de la realidad, pero matiza que no es lo mismo «construir un edificio» que cuando hablamos de «derechos sociales y sociosanitarios». En este caso, afirma, «no se puede aplicar, no puede ser una excusa se les olvida que el tiempo que ellos pueden dedicar a alargar esta pasando factura» a estas personas, dice. Especialmente a los grandes dependientes, los «grandes olvidados» para los que no hay ni una sola plaza. «Son quienes más necesitan estos servicios y los que más tarde los obtienen porque el sistema no está preparado. Es una sinrazón».

La plataforma ha estado recogiendo firmas en las que solicitan la dimisión de la consejera insular de Política Social, Isabel Mena, por no haber cumplido con la puesta en marcha del «recurso de urgencia». Las llevarán al pleno tras lo cual Ruth Santana dejará la portavocía de la plataforma. El «hastío» por la inacción política desactiva a la sociedad civil.

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