El Gobierno defiende el nuevo decreto de Dependencia: se busca acortar plazos

Simplificar las gestiones para que la ciudadanía canaria acceda con celeridad al reconocimiento del grado de dependencia y las correspondientes prestaciones es el objetivo del nuevo decreto que regulará este derecho, según indicó este miércoles la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado.

Para ello, la futura norma reduce a una sola fase la valoración del grado de dependencia y de las prestaciones a las que tiene derecho la persona beneficiaria. Una medida que se aplica ya con éxito en otras comunidades como Cantabria o Castilla y León, señaló Delgado tras informar a los miembros del Consejo General de Servicios Sociales de las principales novedades del borrador de la norma que regulará el sistema de la dependencia en Canarias.

«Ahora se revisa el grado de dependencia y se emite una resolución, y luego, otro profesional determina el programa de atención individualizada, es decir, las ayudas a las que tiene derecho y se hace otra resolución. Entre las dos resoluciones pasan de seis a siete meses», abunda Delgado sobre el actual sistema bifásico que se aplica en Canarias y que se prevé reducir a una sola fase. Es decir, un solo profesional realizará la visita al domicilio, determinará el grado de dependencia y las prestaciones correspondientes.

«Vamos a seguir el modelo de las comunidades autónomas que aplican sistemas de dependencia monofásicos. En Castilla La Mancha se responde en un plazo de 195 días y en Cantabria también funciona muy bien, con 210 días de media. Aquí todavía estamos en 585 días de media», precisó la consejera sobre los plazos en los que se resuelven los expedientes.

Los criterios de esta evaluación estarán determinados por una comisión técnica de valoración–formada por profesionales de la psicología, la medicina y trabajadores sociales– que garantizará la homogeneidad de las valoraciones en las islas.

«La nueva norma no va a crear indefensión en los vulnerables », manifestó Delgado respondiendo así a las críticas realizadas por la plantilla del Servicio de Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, que entienden que la simplificación del trámite no respeta la tarea del personal trabajador social y que la simplificación administrativa se hará vulnerando los derechos de las personas dependientes.

Delgado aclaró que estas valoraciones del grado de dependencia y las correspondientes prestaciones «las seguirán realizando empleados públicos que elevarán su dictamen técnico a una comisión supervisora».

Con estas palabras, la consejera refuta las afirmaciones realizadas desde el PSOE en las que advertían de la posibilidad de que se externalizaran estas tareas. En todo caso, precisó, sí que se baraja establecer convenios de colaboración entre administraciones públicas. «La ley lo pone claro: la valoración de la dependencia la tienen que hacer los empleados públicos», recalcó.

Delgado recuerda que el decreto canario no puede añadir muchas novedades ya que debe ajustarse a lo estipulado en la Ley de Dependencia. «Remitimos el borrador al Ministerio por si había algo contrario a la ley y se nos sugirió que el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones no solo se vinculara a la figura del trabajador social sino también a los empleados públicos del área de salud y servicios sociales, que no se suscriba a una sola profesión», aclaró Delgado. Las resoluciones de estos profesionales estarían supervisadas por equipos interdisciplinares, insistió.

Este documento, aún en periodo de revisión, incorporará el 80% de las alegaciones presentadas por colectivos, administraciones y entidades en el periodo de información pública.

Por otro lado, Delgado anunció que la plantila encargada de reconocer la dependencia se reforzará con 24 contrataciones.

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