La baja financiación pública pone en jaque los apoyos a personas con discapacidad

La «viabilidad» de los apoyos esenciales a personas con discapacidad está «en peligro», explicó este miércoles la presidenta de Plena Inclusión Canarias, Carmen Laucirica. La falta de actualización de las partidas necesarias para financiar las plazas públicas que gestionan las entidades del tercer sector amenaza su continuidad, añadió. El coste no se actualizó en 2023 y piden que se incremente la partida de los servicios en enero de 2025 a cuenta de los nuevos presupuestos al menos en un 39,98% más sumando el incremento salarial.

No todos los recursos sufren por igual, explicó Laucirica junto a la gerente de la entidad, Natalia Cañeque, en el hogar funcional y transporte piden una subida del 39,98% mientras que en recursos alojativos y centros de día un 29,98%.

«Necesitamos el compromiso de los incrementos necesarios porque son fundamentales para prestar los servicios» y garantizar «la viabilidad de nuestras entidades» porque de no ser así algunas tendrán que «reducir o cesar la prestación de los apoyos». Por eso, continuó Laucirica, «reclamamos con urgencia el compromiso de que en los presupuestos de 2025 incluyan este aumento y eviten el colapso de nuestras entidades», abundó la presidenta de Plena Inclusión canarias, que representa a 28 entidades que prestan servicios a más de 4.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias.

Laucirica reconoció que para las entidades del tercer sector era «un momento muy duro» y que llevan reclamando «muchos años» esa actualización que esperan que ahora se materialice dado que «en estos momentos vuelven a estar [en el Gobierno] aquellas personas se comprometieron a unos incrementos anuales que derivaran en la actualización del coste plaza y que se paralizó en los siguientes cuatro. Ahora mismo llevamos un año y medio reclamando y recordando el compromiso anterior». Además, añadió, las entidades también han sufrido «la situación de pandemia con los sobrecostes para adaptar los servicios, también nos ha afectado la guerra de Ucrania y los incrementos del coste de la vida».

La gerente, Natalia Cañeque, explicó que habían solicitado una reunión al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y con la consejera de Hacienda, Matilde Asián porque las respuesta de la responsable de Bienestar Social, Candelaria Delgado, no ha sido satisfactoria. Según esta, no se pueden mejorar las partidas por el techo de gasto y porque sin presupuestos en el estado han hecho unas cuentas «prudentes».

«Entiendo el argumento en su conjunto, pero no podemos darlo por válido porque cuando no pasa una cosa pasa otra», lamentó Laucirica, quien añadió que los incrementos que piden en esta «situación insostenible» no son para cubrir el «desfase» sino para «sobrevivir».

Cañeque puso un ejemplo concreto: «Una plaza de trasporte en un centro diurno está financiado con 7 euros día pero hay entidades a las que les cuesta 16 euros al día. En un recurso residencial la diferencia de coste es del 100% de déficit entre la financiación y el coste». De hecho, explicaron, esa falta de financiación de plazas que «son públicas» la están asumiendo las propias entidades y familias.

«A día de hoy», reconoció Laucirica, «algunas entidades se plantean que no pueden continuar o que deben reducir» sus servicios. Pero las entidades «son corresponsables. No podemos dejar de prestar servicios a los que las personas tiene derecho».

Es más, explicó, muchas entidades no amplían servicios, por ejemplo asumiendo más plazas ocupacionales, «porque no tienen asegurada la financiación». En Canarias «tenemos la peor o la segunda peor lista de espera, pero no tenemos adecuados medios de financiación de los servicios. No puede servir el techo de gasto. Es una situación extraordinaria que llevamos muchos años arrastrando. Los porcentajes tan altos que reclamamos requieren que el Gobierno haga un esfuerzo extraordinario para hacer viable prestación de servicios».

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