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Desde finales de septiembre se aplica en los centros públicos de educación no universitaria de las islas el 'Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias'. Gracias a él, señala el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, «han aflorado» 35 casos que «requieren especial atención», lo que demuestra la «necesidad de que exista esta herramienta».
0,015% Es el porcentaje de alumnado canario al que le han activado el protocolo contra el suicidio.
Para el sindicato STEC, sin embargo, la normativa es lesiva para el profesorado y piden que se retire. Critican que no fuera un protocolo «consensuado» con la representación sindical y advierte de que el profesorado la activa más de la cuenta forzado «por la duda» mientras que ANPE, que también pide su retirada, considera que es un texto «complejo» y con «instrucciones confusas».
«El protocolo se hizo para dar seguridad a toda la comunidad educativa», recalca Cabrera. «Podemos llegar a entender que pueda ser mejorable, pero es ya una herramienta útil. Antes se hacía, pero de otra manera», en referencia a que hasta el pasado curso también se tenía en cuenta en los centros la prevención del suicidio, pero sin un protocolo común.
Los 35 casos activados con el protocolo contra el suicidio en las aulas canarias suponen una afectación del 0,015% del alumnado de las islas, unos 240.000. La mayor parte, 23 de los 35, se han activado en Secundaria, cuatro en Primaria, cinco en FP y tres en Bachillerato.
Recuerda también el viceconsejero que se ha creado una comisión conjunta entre Sanidad y Educación «para hacer seguimiento» de su aplicación y efectividad.
José Manuel Cabrera defiende la «necesidad» y la solidez del protocolo. Un documento «que viene avalado» por un equipo de casi treinta personas de las consejerías de Sanidad y Educación y en el que trabajaron durante dos años. Y, además, está en el marco de Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Canarias de 2021, recuerda.
Por su parte, para el STEC, señala Iván Morales Torres, «lo ideal es que se quitara completamente y se volviera a hacer» porque «han obviado a los sindicatos al no considerar que afectaba a los docentes». Lo cual, para el sindicato, es falso. Y no es que no se preocupen «por la salud mental del alumnado», dice, todo lo contrario. Pero creen que ponen sobre los hombros de la plantilla docente hacer un «diagnóstico» para el que no se han preparado ni formado. «Han puesto a los docentes a jugar a Freud», ironiza. Además considera que precisamente por el temor a equivocarse el profesorado activa más el protocolo de lo necesario. «Ante la duda lo activo», piensa el profesorado.
De hecho, en el sindicato ya conocen algunos casos de familias molestas por el protocolo. «Han llegado ya padres que se han enfadado muchísimo porque ante la duda se ha activado y ahora dicen que han metido esas ideas a su hijo y ahora no para de hablar del tema».
El protocolo establece que el o la docente haga una serie de preguntas al estudiante en una sala de entrevistas y que si detecta algún riesgo lo comunique a la dirección , personal orientador, tutor o tutora y a la familia.
A juicio del STEC, la forma en la que se hacía antes del protocolo era mejor, y señalan que otros, como el del acoso escolar, «han salido muy bien» gracias a que se tuvo en cuenta a la parte sindical.
Para ANPE, el documento «atribuye al personal docente, especialmente a especialistas de orientación y a las direcciones de los centros, funciones y responsabilidades adicionales que no corresponden a su competencia y que incluso invaden la de los profesionales sanitarios». Considera que es un texto «complejo, con instrucciones confusas, anexos demasiado extensos y tiempos poco realistas». Y según una encuesta suya en 100 centros, el 80% considera necesaria la existencia de un protocolo pero solo el 21% opina que actual es claro y fácil de aplicar.
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Carmen Delia Aranda
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