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–¿Por qué se utiliza la fórmula del decreto ley para los cambios en la función pública?
–Hay aspectos de la Ley de Función Pública que hay que cambiar sí o sí. Lo que queremos es agilizar, cubrir plazas mediante procesos selectivos más rápidos, cubrir el déficit de funcionarios, dar respuesta a algunas situaciones injustas con el personal laboral y modificar el sistema para que entre nuevo personal y las listas que se configuren nos permitan trabajar de manera más rápida cuando se hagan los llamamientos. Lo suyo sería hacerlo mediante una modificación de la ley, y la intención es trabajar en la Ley de Empleo Público, pero tener un texto elaborado, consensuado y listo para llevarlo al Parlamento llevará dos años y pico.
–Agilizar los procesos es lo fundamental
–Te pongo un ejemplo. Hace cuatro o cinco meses entraron los funcionarios que habían aprobado la oposición en 2018. Eso hay que corregirlo.
–¿Eso se debe a que el sistema es demasiado garantista o se ha quedado desfasado para las necesidades y estructura de la comunidad autónoma?
–Yo creo que se quedó desfasado. Tener un sistema garantista es importante, pero la Ley de Función Pública nació pensada para una época y una estructura administrativa que ya no existe, con menos personal, más pequeña y menos servicios a la ciudadanía. Hemos venido poniendo parches y modificando lo que se podía vía orden y resolución, pero hay que abordar una Ley del Empleo Público que sea actual, acorde los procesos selectivos que se realizan en otras comunidades, que las listas sean más ágiles, con RPT más dinámicas y adaptarnos a la realidad. La estructura autonómica no tiene nada que ver con la sociedad que tenemos. La solución es adaptarnos o seguir sin cubrir plazas, con procesos obsoletos y oposiciones obsoletas.
–Eso también supone que la ciudadanía tiene nuevas demandas que no son resueltas
–Pues sí. Te pongo un ejemplo. Si queremos cubrir plazas en los registros generales -un empleado que se sienta en una mesa y atiende a los ciudadanos-, nos cuesta muchos meses porque se hace un llamamiento de un administrativo, es decir, se abre la convocatoria y tiras de listas. Pero a lo mejor hay administrativos que están en varias listas a la vez. Hay casos reales de un empleado que al día siguiente de empezar a trabajar se va porque lo llaman de un sitio que le interesa más y el registro vuelve a quedar libre. Eso no lo podemos permitir.
–¿Cómo se resuelve?
–Una persona puede estar en varias listas, pero si elige un puesto, se queda en ese puesto, al menos dos años. También nos ha pasado que hacemos llamamientos para un determinado departamento y no conseguimos que vengan. Unos están trabajando en otro sitio o ponen una justificación -legal por supuesto- y queda libre la convocatoria. Por eso, lo mires por donde lo mires, el sistema no sirve. Está pensado para una estructura distinta y una época en la que el día a día no funcionaba con rapidez y la sociedad tampoco demandaba urgencia. La administración no está preparada para el click.
–Esa obligatoriedad de permanencia dos años no le gustará mucho a los trabajadores
–Bueno, puede hacerse porque lo recoge el decreto, aunque es verdad que al trabajador no le gusta especialmente. Prefiere marcharse de manera inmediata a otro sitio si tiene esa opción, pero eso no resuelve el problema de la administración. En cualquier caso, si a una persona la llaman primero de un sitio y después de un segundo, no perderá su puesto en esta lista, sino que quedará congelado. Si no, pasa lo que lleva pasando mucho tiempo, que cubres un puesto y se te van, sobre todo en las escalas intermedias y superiores, y acabamos 'robándonos' los técnicos. Si queremos desatascar la administración, queremos una permanencia mínima de dos años.
–¿Cómo es posible que pasen seis años desde que se queda libre una plaza hasta que se cubre?
–Seis años de media. Es por los procesos selectivos en sí. Se hace convocatoria de la oposición, lista provisional de admitidos, lista definitiva, recursos, publicación bases, convocatoria de examen... Lo que se tarda en revisar del primer examen teórico al segundo puede ser año y medio. Por eso hay que buscar un sistema distinto de oposiciones y en eso se está trabajando. Otras comunidades han implementado sistemas nuevos para seleccionar personal sin necesidad de pruebas obsoletas, como el examen teórico tal cual. Es que a veces se convocan las plazas y cuando la gente va a entrar, ya has cambiado la estructura del departamento. Igual ya ni te hace falta o llevas seis años tirando de interinos, con lo que incumples los plazos de temporalidad.
–Hay que hilar fino para cambiar el proceso de las oposiciones
–Efectivamente. Lo que queremos es decir cómo lo queremos hacer y se negociará con los sindicatos. Pero todos estamos de acuerdo en que deben ser procesos más ágiles y, desde luego, garantistas. No podemos estar seis años para que la persona que se presentó a unas oposiciones pase a ser funcionario de carrera.
–Otro objetivo del decreto es reducir la interinidad y el abuso de temporalidad. ¿Cómo lo hará?
–Lo normal es que por razones urgentes del servicio se cubra con personal interino, pero eso no puede ser más de tres años. Incumplir ese extremo es lo que ha llevado a que tengamos procesos de estabilización. La manera de conseguir que no pase es tener procesos selectivos más ágiles y que quien quiera pueda presentarse a una plaza de funcionario de carrera y no de interino. La comunidad tiene un gran porcentaje de interinidad precisamente porque las oposiciones no salen y cuando salen se tardan años en cubrir. Y como no podemos cerrar departamentos, sí o sí hay que cambiar los tiempos y cambiar las formas.
-Algunas áreas se quejan de que cuando llega nuevo el personal no sabe hacer el trabajo
–Esta es una demanda generalizada de todas las consejerías y lo que vamos a hacer es un itinerario formativo inicial obligatorio para que, por lo menos, conozcan donde van y cuales son los procedimientos del puesto de trabajo, funciones, etc. De forma concreta, dentro de la escala de administrador general se ha creado la especialidad jurídica. A un puesto de administrador general puedes optar con un titulo de derecho, economista, administrador de empresas... pero cuando te toca hacer un informe jurídico, lo lógico es que seas jurista, pero la realidad es que tenemos algún caso de un veterinario cubriendo la plaza. Eso no significa que haya menos plazas para los demás, sino que hay plazas que tendrán que ser específicas para personas que puedan emitir informes jurídicos. Además, hubo momentos en los que era necesario contar con más personal y se facilitó la entrada a la administración, y nos encontramos con gente que sin superar ninguna prueba está en una lista.
-Con el déficit de personal que existe en toda la administración, el problema se puede repetir
–Lo que hemos hecho es poner un 20% adicional de las plazas que necesitamos, y si se quedan plazas libres, puedes echar mano de esa reserva. Además, dispondremos de una 'repesca'.
-El decreto ley reconoce el trabajo del personal laboral
–Sí. El personal laboral es el gran olvidado. Ellos entran de una manera distinta a la administración y siempre han estado relegados en derechos a pesar de que el trabajo lo desempeñan igual, con las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones. Por eso, queremos reconocer los servicios prestados y que los cobren.
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