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En marzo de este año 2024, el equipo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se llevó un disgusto al encontrarse con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enviado al juez instructor del caso Koldo en el que se recogía que los presuntos integrantes de la presunta trama corrupta habían contactado con el entonces presidente de Canarias para hacer negocios.
El informe recogía los mensajes intercambiados en el grupo de Whatsapp llamado 'Los 4 mosqueteros', donde Ignacio Díaz Tapia puso un pantallazo de su conversación escrita con Torres. Los otros tres mosqueteros son Víctor de Aldama, César Moreno y Javier Serrano, todos ellos investigados como presuntos integrantes de la trama corrupta.
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Seis meses después, ese diálogo ha quedado al descubierto con el nuevo informe de la UCO, unos 200 folios que han supuesto un golpe en la mesa del Gobierno de España y en especial del PSOE, colocando al exministro y diputado José Luis Ábalos a las puertas de la imputación, comprometiendo al mismísimo Pedro Sánchez por su conocimiento de la visita de la ministra venezolana Delcy Rodríguez y, de nuevo, atribuyendo a Torres el papel de interlocutor directo con quienes hicieron negocio con el Gobierno canario a través del Servicio Canario de la Salud.
La lectura conjunta de los dos informes de la UCO permite dibujar cómo se concretó el negocio de las pruebas PCR a canarios residentes en la península, tres contratos que permitieron al laboratorio Eurofins Megalab embolsarse 5,3 millones de euros en Canarias. Díaz Tapia, que en el chat de 'Los 4 mosqueteros' era 'Nacho Flashback', actuaba como representante comercial de Eurofins Megalab.
Ese negocio vino precedido de los contratos para la venta de mascarillas a Soluciones de Gestión. En ambos, el contacto entre las empresas y el Gobierno canario fue Koldo García, que tenía acceso directo a Torres y a su equipo más estrecho. Ahí sobresalen dos nombres: Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia y temporalmente director del SCS, y Sebastián Franquis, miembro de la dirección socialista y consejero de Obras Públicas y Transportes, lo que hacía interlocutor directo con Ábalos como ministro del ramo.
En los contratos con Soluciones de Gestión y Eurofins participaron también Blas Trujillo, consejero de Sanidad tras la abrupta salida de Teresa Cruz y la etapa de interinidad con Julio Pérez en el cargo, y Conrado Domínguez, que en septiembre de 2020 ya dirigía el SCS tras el paso fugaz por el mismo de Alberto Pazos.
En este punto, un dato clave: entre los reparos que Pazos puso a cómo se habían hecho las cosas en las contrataciones sanitarias estaban precisamente los acuerdos con Soluciones de Gestión. El propio Torres tuvo que implicarse, previa llamada de Koldo García, para vencer las trabas en los pagos comprometidos (Soluciones de Gestión facturó 12,3 millones al SCS).
Estamos en agosto de 2020 y los 'mosqueteros' siguen buscando cómo hacer caja con las necesidades de las administraciones ante la administración. Es ahí donde conectan con un deseo que tienen los dos archipiélagos: facilitar que los residentes en la península pudieran pasar las navidades de ese año con sus familias en casa.
Y surge la idea de encontrar una red de laboratorios con gran implantación en la península que permita a canarios y baleares hacerse test PCR para coger los vuelos o ir en barco a casa. El coste de esas pruebas lo sufragarían los gobiernos de Canarias y Baleares. La empresa elegida es Eurofins Megalab porque en los últimos años ha crecido exponencialmente haciéndose con laboratorios de tamaño medio y grande en toda España, incluyendo, por ejemplo, varios en Canarias.
La UCO encontró en los móviles de los 'mosqueteros' mensajes hablando de una reunión con «el jefe de gabinete» de Salvador Illa (entonces ministro de Sanidad) para una gestión en la que contaban con que el ministro diese «el ok seguro»: era la realización de esas PCR con los archipiélago. «Lo único que puede frenarlo es que tiene que dar el OK Sanidad», decían.
El 20 de agosto de 2020, en un chat llamado Fertinvest del que forman parten los socios de Víctor de Aldama, Díaz Tapia escribe: «A las 7 hablaba Illa con el de Canarias. En principio para darle el OK».
En el primer informe de la UCO aparece otra fecha relevante en la articulación del negocio: el 25 de agosto. Ese día hubo una conversación por móvil entre César Moreno y Díaz Tapia en la que este señala que necesita que alguien le acompañe al Ministerio de Transportes para hacer seis PCR al equipo de José Luis Ábalos. «A continuación, les manda un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres», añade el agente de la UCO que hizo el informe.
Ese pantallazo es el de la conversación de Nacho 'Flashback' con Torres que se ha conocido esta semana con el segundo dossier de la UCO. En ella, Díaz Tapia le escribe a Torres presentándose como uno de los participantes en la reunión días antes «en su despacho» para hablar de cómo hacer esos PRC a los residentes.
A día de hoy, en el entorno del hoy ministro Torres aseguran que «pudo ser» un encuentro en el despacho del que disfruta todo presidente de Canarias en la sede del Parlamento, donde habría pleno ese día. Pero nadie concreta nada.
En ese pantallazo que comparte Díaz Tapia se vería también la respuesta de Torres, pidiéndole que le envíe más información y añadiéndole que le facilita el contacto del consejero Blas Trujillo.
El día 9 de septiembre, Díaz Tapia comenta con sus compañeros del grupo Fertinvest varios negocios y envía otra captura de pantalla de una conversación. Es con un contacto identificado como «Antonio Olivera Vic...». El mensaje es el siguiente: «Buenos días, Antonio. Soy Nacho Díaz, de Megalab (un laboratorio de análisis clínicos), te he llamado pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas, hablamos». Y Olivera contesta: «Ahora te llamo».
Olivera debió llamar porque en tiempo récord el negocio de Eurofins Megalab con el Servicio Canario de la Salud y con su homólogo de Baleares estaba armado. Todo ello con Koldo García como introductor con ambos gobiernos aprovechando su condición de asesor personal del ministro Ábalos y con los 'mosqueteros' utilizando una red de empresas para llevarse una sustanciosa comisión, según la investigación de la Audiencia Nacional.
El 24 noviembre, solo tres meses después del primer contacto entre la presunta trama corrupta y Torres, el presidente canario y su compañera de partido y jefa del Gobierno de Baleares, Francina Armengol (hoy presidenta del Congreso) anunciaron que se harían las PCR a los residentes de esos archipiélagos en la península con cargo a las respectivas arcas autonómicas.
El 11 de diciembre el Gobierno de Canarias dio los detalles de ese operativo acompañando la noticia de una imagen de una conversación telemática de Torres con Armengol, con el primero en la sede de Presidencia de la capital tinerfeña y acompañado del entonces viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, hoy en el equipo de asesores del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al igual que Olivera.
A juicio de Torres, decía la nota oficial del Gobierno canario que aún se puede encontrar en el Portal de Noticias del Ejecutivo, «se trata de una buena noticia porque era una demanda y porque así regresan con tranquilidad para ellos y para sus familiares. Además, con este esfuerzo económico que hacemos, preservamos la salud de todos porque vienen de zonas con mayor incidencia del virus que en Canarias».
La nota oficial agregaba que «la red de laboratorios (...) pertenece a la empresa Eurofins Megalab».
El negocio se había cerrado y los '4 mosqueteros' habían visto que su lema funcionaba: uno para todos y todos para uno. O sea, hacer caja.
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