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El presupuesto canario para el próximo año asciende a 11.678 millones. Esta cifra supone un incremento del 3,3% respecto a 2024, lo que se traduce en 376 millones más. De esta subida, el 60% -224 millones- lo absorbe el pago de nóminas (Capítulo 1) del personal de las áreas fundamentales como sanidad, educación, justicia y seguridad, con lo que la capacidad de incremento del gasto apenas supera los 100 millones, tal como indicó la consejera de Hacienda, Matilde Asián, tras entregar el proyecto de ley de las nuevas cuentas a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez.
Se trata, dijo Asián, de un presupuesto «prudente» debido a la «sombra de incertidumbre» existente por no disponer aún de los presupuestos generales del Estado y la reducción de los fondos europeos «que tienen la vida que tienen y empiezan a decrecer».
A su juicio, «ser más optimista» podría tener consecuencias en el cumplimiento de las reglas fiscales. Teniendo en cuenta estas circunstancias, reiteró que en el proceso de elaboración de este proyecto de ley se ha impuesto la «cautela», de tal manera que se ha «ajustado a los gastos reales» y dado «prioridad absoluta a los servicios esenciales», en los que se equipara Vivienda a Sanidad, Educación y Bienestar Social.
Tras entregar el documento en el Parlamento, la consejera explicó los detalles del mismo e insistió en que se ha trabajado en un escenario «complejo» marcado, entre otros extremos, por la transición hacia el nuevo marco fiscal europeo «que aún no sabemos cómo se resolverá».
Además, hizo hincapié en que España arrastra una incertidumbre «acumulada» desde la prórroga de los presupuestos generales de 2023, agravado por la falta de definición de los objetivos de estabilidad y deuda pública para el conjunto de las administraciones.
Apuntó que se ha hecho énfasis en cumplir con la estabilidad presupuestaria, la deuda pública, la regla del gasto y el saldo estructural, aunque aún se desconoce la senda de consolidación fiscal que se aplicará en 2025. Por eso, se ha trabajado con el plan presupuestario 2023-2027, en el que se exige un superávit del 0,1% para las comunidades, que en el caso de Canarias estará cerca del 0,2 %.
Como ya ocurrió en 2024, el grueso del presupuesto del próximo año se destinará a Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Así, y respondiendo a este interés del Ejecutivo, siete de cada 10 euros de las cuentas de 2025 están destinados a reforzar los servicios esenciales.
Es decir, el 72% del presupuesto corresponde a los departamentos de Sanidad, Educación y Bienestar Social, que en conjunto crecen en torno a 500 millones de euros, según recoge el proyecto de ley, que fue aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno.
De esta manera, el Servicio Canario de Salud (SCS) crece en 220 millones hasta los 4.589 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,04%. La subida en Educación se sitúa en el 2,93% con 61 millones más respecto al ejercicio actual, lo que hace un total de 2.154,08 millones. En cuanto a la partida destinada a Bienestar Social, asciende a 761,54 millones, lo que significa una partida de casi 59 millones más, es decir, un incremento del 8,37% respecto a los presupuestos aún vigentes.
Además, atendiendo al ánimo expresado por el Gobierno de facilitar el acceso a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) es uno de los organismos con mayor incremento porcentual respecto a este ejercicio, un 11,15% más, con una partida de 171,86 millones.
Por el contrario, el departamento de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda es el único que ve descender sus fondos el próximo año respecto a 2024. En total, serán 84 millones menos (16,63%) sobre el presupuesto actual porque, tal como explicó Asián, las aportaciones anuales correspondientes al convenio de carreteras descienden en 2025, según lo contemplado en el acuerdo con el Estado, y ademas desaparecen fondos europeos del MRR.
En cuanto a los ingresos, la Consejería de Hacienda también ha optado por un criterio de prudencia ante las incertidumbres y se ha trabajado con las cantidades recurrentes y los compromisos cerrados con el Estado.
En el caso de los recursos procedentes del sistema de financiación autonómico, se recogen 7.580 millones, de los que 6.594 millones corresponden a las entregas a cuenta de 2025 y 986 millones a la previsión de liquidación de 2023. Los ingresos del sistema de financiación suponen el 75% del presupuesto canario, porcentaje que se eleva al 80% si se suman los impuestos cedidos.
Estas cifras manejadas por Hacienda fueron comunicadas a finales del mes de julio de 2024 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y suponen, en su conjunto, un incremento del 2,7% en relación al total de recursos del sistema de financiación de año 2024.
En cuanto a las previsiones macroeconómicas para el próximo año contempladas en el Presupuesto, reflejan una ralentización del crecimiento del PIB hasta un 1,9%, frente al 3,3% estimado por el Gobierno para 2024.
Matilde Asián destacó al respecto que después de la gran caída de la economía en 2020 por la alta dependencia del Turismo en Canarias, «nos hemos ido recuperando, pero ahora ese crecimiento es más moderado». Asimismo, se contempla que la tasa de paro baje ligeramente y se sitúe en un 14,3%, mientras que la inflación, que sigue creciendo aunque se modera, estará en un 2,5% el próximo ejercicio.
En cuanto a las operaciones de capital (capítulo VI y VII) experimentarán una ligera bajada en su conjunto, basicamente por la reducción de las transferencias de capital, que pierden algo más de 32 millones (3,72%) sobre las cuentas de 2024. Las inversiones reales suben en 44 millones (4,32%) hasta situarse en los 1.063 millones, según el proyecto de ley.
Además, destacó Asián que el Fondo Canario de Financiación Municipal y el Consejo de Capitalidad crecen más que la media porque lo hacen en función de la recaudación.
Matilde Asián reconoció en el Parlamento que la Educación es un área «prioritaria porque es el futuro» para el Gobierno autonomico, pero atendiendo al escaso margen de crecimiento del gasto, tampoco será posible alcanzar el 5% del PIB que fija la Ley Canaria de Educación durante el próximo ejercicio. La previsión del Gobierno es que baje del actual 4,20% al 4,05% en 2025.
Insistió la consejera en que sería «correcto» este incremento del presupuesto educativo, pero se preguntó «a quien se le quita?, a Sanidad?, a Bienestar Social?» porque el margen de crecimiento de los presupuestos que se puede destinar a gasto es «muy poco» debido al escenario de incertidumbre que condiciona las cuentas.
En su explicación del proyecto de ley, puntualizó que su intención es «cumplir con todos los acuerdos» que se hayan firmado en el Parlamento de Canarias, pero reiteró que el desconocimiento de las magnitudes presupuestarias lastra estas cuentas, por lo que ha decidido mantenerse en la prudencia.
Al respecto, acusó a la oposición -PSOE y NC, que gobernaron la legislatura pasada y tampoco invirtieron el 5% del PIB- de «no querer compartir las estrecheses derivadas de la disciplina fiscal». Cuestionó en este sentido por qué no se aplicó ese porcentaje en la anterior legislatura: «¿Usted lo aplicó? No. ¿Tenía reglas fiscales? No. ¿Venía más dinero de Europa? Sí. ¿Entonces por qué no lo hicieron?».
El proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2025 inició este miércoles su trámite parlamentario con la habitual entrega del texto por la responsable de Hacienda, Matilde Asián, a la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez.
A partir de la próxima semana, todos los consejeros del Gobierno pasarán por la comisión de Presupuestos y Hacienda para dar cuenta de las previsiones de sus respectivos departamentos.
Según la planificación del Parlamento de Canarias, el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad finaliza el 11 de noviembre. Dos días después tendrá lugar el debate en primera lectura.
La sesión plenaria en la que previsiblemente quedarán aprobadas las cuentas canarias para el próximo año está fijada para el 17 de diciembre.
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