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A 15 días de finalizar el año, Canarias aún desconoce si la gratuidad de las guaguas -y el tranvía en el caso de Tenerife- se prorrogará en 2025 y en qué condiciones.
De momento, las operadoras de Gran Canaria -Guaguas Municipales y Global - solo están renovando el Bono residente canario hasta el próximo 31 de diciembre, aunque hasta ahora el plazo ha sido trimestral.
La directora general de Transportes del Gobierno autonómico, María Fernández, asegura que «hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, la comunicación con el Ministerio de Transportes es constante», pero la realidad es que finaliza 2024 sin que el Estado haya puesto sobre la mesa con qué criterios se aplicará la medida, si va dirigida a colectivos concretos o se podrán beneficiar todos los usuarios como ocurre actualmente.
Hasta el momento, lo único que tiene la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad es «una confirmación verbal, nada por escrito» de que habrá financiación para mantener la gratuidad del transporte público terrestre. Pero insiste Fernández en que el Estado «no ha establecido si será para pensionistas y estudiantes, para parados y menores... no sabemos hacia qué grupos se va a dirigir».
Por eso, las personas que están renovando sus bonos lo están haciendo solo hasta final de año aunque «a partir del 1 de enero pueden cambiar». Afirma que, este asunto es parte de las negociaciones de Coalición Canaria (CC) y el Gobierno de Canarias con el Estado y muestra su convencimiento de que el acuerdo se va a prorrogar, pero también apunta que, «sin nada firmado ni por escrito, nos atenemos a las declaraciones que hasta ahora ha hecho el Ministerio de Transportes» y en esas manifestaciones «no se determinan las condiciones».
Y, a su juicio, esta información es fundamental porque cualquier cambio que se introduzca va a afectar a los títulos multiviajes y a la logística para ponerlos en marcha, y por tanto, a la capacidad de los cabildos para llevar a cabo esas modificaciones.
Para Fernández, «esta falta de pronunciamiento del Estado nos tiene con las manos atadas» y aunque se intenta prever todos los escenarios, la realidad es que «dependemos de la letra pequeña del decreto de la gratuidad».
Como ejemplo, señala que el actual decreto para 2024 exige que se aplique desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre «sin excepción» como criterio para recibir los fondos.
La dificultad estriba en que «si a mediados de diciembre no tenemos ni idea de cuales son las condiciones para el próximo año, nos están generando un problema jurídico y financiero, especialmente a los cabildos».
El año pasado, recuerda la directora general, el decreto que recoge esta medida se aprobó en el último Consejo de Ministros que se celebró el 26 de diciembre, por lo que este año podría darse la misma circunstancia, ya que la reunión del Gobierno de Pedro Sánchez está prevista para el día 27, de manera que «no se podría aplicar el 1 de enero» porque insiste, la posibilidad de realizar los cambios en el sistema -cambios en las canceladoras, los títulos, etc.- es «practicamente inviable».
Es decir que, si entre las condiciones para el próximo año estuviera también la aplicación desde el 1 de enero, supondría que «no podríamos recibir los recursos por incumplimiento de esos criterios» de los que, de momento, «no tenemos ni un borrador para seguir trabajando».
La primera exigencia de Canarias en este sentido es que esta medida se aplique «exactamente igual» que hasta ahora. En caso de que se produzcan cambios, desde la Dirección General de Transportes ya se ha reclamado un periodo de adaptación, especialmente en las islas capitalinas, ya que los cabildos pequeños tienen más facilidad para aplicar las posibles modificaciones.
María Fernández asegura que la comunidad autónoma está «secuestrada por la inacción del Gobierno de España, que ni siquiera ha transferido los 81 millones correspondientes a 2024».
Esta partida se ha mostrado «insuficiente», ya que el coste total de la medida asciende a 140-160 millones, según ha denunciado el Gobierno de Canarias. El número de viajeros se ha incrementado en un 40%.
En espera de que el Gobierno central lleve a su Consejo de Ministros el decreto ley sobre la gratuidad del transporte público terrestre, y ante la falta de información al respecto, Guaguas Municipales solo mantiene su «compromiso» en este sentido con todos los viajeros hasta el próximo 31 de diciembre.
La empresa municipal de Las Palmas de Gran Canaria confía en que este asunto se resuelva en la última reunión del año del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tal como ocurrió en diciembre pasado, pero advierte de que necesitará un «periodo de carencia» en caso de que se introduzcan modificaciones a la actual normativa.
En ese caso, «activar la logística» encaminada a recoger esos cambios llevaría un plazo «de dos o tres meses», por lo que esta subvención no estaría operativa nuevamente hasta febrero o marzo.
Sí apuntan desde la compañía que están preparados «para actuar con urgencia» una vez que se apruebe la prórroga. Guaguas no duda que la ayuda continuará en vigor pero «quizá no para todo el mundo», como ha dejado entrever tanto la Dirección General de Transportes como la Secretaría de Estado, pero lamentan que no se haya confirmado este extremo.
La empresa ha elaborado su presupuesto «desde un supuesto teórico» en el que, si no se prorroga la gratuidad de las guaguas, el Bono residente volvería a costar 14 euros, mientras que el Bono Oro y Wawa joven recuperaría los 10 euros.
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