Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales», dice el artículo 125 de la Constitución española.
Tal derecho deriva al Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 270 recoge que «Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley», que a su vez especifica que «La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley».
Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende una reforma para limitar precisamente el ejercicio de la acción popular a partidos políticos y asociaciones afines. Curiosamente, no hay formación, de derechas o de izquierdas, que se libre de haber ejercido la acusación popular contra alguno de sus adversarios.
Tras el registro de la proposición de ley del grupo socialista en el Congreso de los Diputados para limitar la acusación popular debido al uso sectario y partidista bajo enunciado «De garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», las voces contrarias no se han hecho esperar.
Para muchos, la reforma legal que se pretende es a su vez partidista, pues los socialistas y su entorno están inmersos en varios procesos judiciales en los que la acusación popular juega un papel protagonista –caso de Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano, respectivamente, del presidente del Gobierno de España–. Y es que la intención es que la reforma, si prosperase, se aplicase a los procedimientos en curso.
Aunque ahora el PP hable de 'ley Begoña', lo cierto es que una reforma muy parecida intentó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 para limitar «la perversa y espuria utilización de la figura penal de la acusación popular con fines exclusivamente políticos». Entonces el PSOE se mostró contrario. Era el tiempo en el que la acusación popular la ejercía la izquierda contra la derecha en varios casos de supuesta corrupción institucional.
Limitar la acción de los partidos políticos en los tribunales a través de la figura de la acusación popular no es, por tanto, un debate nuevo. «El objetivo es bien conocido, difamar, desprestigiar, triturar el honor de las personas», decía en 2017 Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso en aquel entonces, cuando la reforma que se pretendía no salió adelante al no lograr finalmente el apoyo de Ciudadanos, con el que se negoció un tiempo.
Ocho años después es el PSOE el que habla de poner límite al «acoso de acciones judiciales abusivas», en palabras de su portavoz parlamentario, Patxi López.
En realidad, es algo más lo que se pretende con la reforma de la ley, como indica el texto propuesto «para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial».
La proposición de ley recoge así la prohibición de ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, y plantea a su vez la imposibilidad de abrir un proceso penal «con meros recortes de prensa» y sin el «menor indicio de irregularidades», algo común en los últimos años. A nadie se le escapa que la Justicia está más politizada que nunca, casos hay de sobra para ejemplificarlo.
Onalia Bueno, Ángel Víctor Torres o Pedro San Ginés han sufrido la acusación popular de adversarios políticos.
Arcadio Suárez/ Juan Carlos Alonso
La judicialización de la política en Canarias tiene casos sonados. Hasta cinco veces fue llevada la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán - Coalición Canaria), ante la justicia por una supuesta compra de votos. Todas las resoluciones le fueron favorables. «Se cierra la puerta a los reiterados intentos de Isabel Santiago (Nueva Canarias) de ganar en los juzgados lo que nunca ha logrado en las urnas», decía Bueno hace unos meses.
Y hace sólo unos días CC señalaba que era «una pena» que el PSOE no se hubiera preocupado por las consecuencias del ejercicio de la acusación popular cuando «hacía uso de esta herramienta para acabar con sus adversarios políticos en las islas».
Cristina Valido recordaba así «el papel que ha jugado el PSOE durante años» contra el senador Pedro San Ginés y el presidente de Canarias Fernando Clavijo.
Fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, deslealtad profesional... son algunas de las acusaciones, de las que finalmente han quedado libres, a las que se han enfrentado en largos periodos de tiempo.
Algo que también vivió Ángel Víctor Torres (PSOE) cuando CC puso en tela de juicio y llevó a los tribunales su gestión como consejero insular de Deportes. La denuncia por malversación y prevaricación quedó archivada en 2019, cuando ya era presidente de Canarias. Eso sí, Torres calificó de «injusto, vil y cobarde» a Fernando Bañolas, consejero de CC en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
EFE
Utilización de una figura única en Europa
«La instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Se acaba así con la filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial». Eso es que dice el PSOE para defender la limitación de la acción popular a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. No es que la figura de la acusación popular, que no existe en toda Europa como tal, desaparezca, sino que se acota.
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