El acuerdo para menores se debate entre el rechazo y las dudas de las comunidades

El pacto entre el Estado y Canarias para la distribución extraordinaria de 4.000 menores acogidos por el archipiélago y 400 de los que están en Ceuta está pendiente del beneplácito de la Abogacía y el Consejo de Estado y, también, de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero.

Además, las comunidades autónomas, que son las que tendrán que acoger a estos niños y niñas, también han mostrado su descontento con el acuerdo, en el que queda por cerrar, según informaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, los criterios de derivación que se seguirán y la vía legal a través de la que se orquestará.

Esta derivación puntual de los chicos acogidos por Canarias y Ceuta no depende de una reforma en la ley de extranjería, y se quiere hacer a través de un decreto ley –lo que defiende el archipiélago– o mediante proposición de ley. Por ello, una vez quede cerrado el texto, se buscará el apoyo de los grupos parlamentarios, en principio, durante las primeras semanas de febrero, para que lo respalden en el Congreso de los Diputados.

Así las cosas, Baleares, que ya se había pronunciado en contra de la medida, ha vuelto a reiterar que «no tienen capacidad» para acoger a niños derivados de otras comunidades autónomas. Según la consejera de Familias y Asuntos Sociales de la región, Catalina Cirer, en declaraciones recogidas por Europa Press, no se van a sumar a la propuesta canaria. Consciente de que no puede comparar la realidad de Baleares con la de las islas, justifica su rechazo a la medida porque, si no hacen algo desde su gobierno, su situación «puede llegar a ser tan preocupante» como la canaria.

Las comunidades reclaman que se dé a conocer el texto antes de llevarse a trámite. Así, gobiernos como el de La Rioja han mostrado su apoyo a la medida, pero se mantienen prudentes y a la espera de tener la información completa del documento. Esta comunidad ha criticado que un «convenio bilateral», como es al que han llegado Canarias y País Vasco para la distribución extraordinaria no se puede «imponer»al resto de regiones, remarcó la consejera de Salud y Servicios Sociales María Martín. La consejera apuntó que «desde el principio» han apoyado todas las propuestas «sensatas y de sentido común«.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, recordó ayer que se ha convocado una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará «la segunda semana de febrero» en Ceuta. Según declaraciones recogidas por Europa Press, la intención es que en ella se pueda «debatir» la propuesta que han elaborado en conjunto el archipiélago y el País Vasco. La misma fue presentada a las comunidades en la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre del año pasado en Santander y, en un principio, aunque terminó sin un acuerdo para llevarse a cabo, algunas regiones mostraron su predisposición a efectuarla.

En cualquier caso, tanto el Gobierno de Canarias como el central están abiertos a «hablar» para afrontar «cualquier propuesta» que permita que se materialice esta derivación, que permitirá aliviar al red de acogida de los territorios con sus recursos saturados, como es el caso de las islas, y ayudará a garantizar una atención digna para los chicos.

Durante diez días, los servicios jurídicos del gobierno canario y central, a los que se unieron los del País Vasco, trabajaron en la propuesta de derivar, de manera extraordinaria, a estos chicos. El acuerdo ya está cerrado, pero todavía queda por determinar si se añaden otros criterios, además de la población, para decidir cuántos chicos acoge cada región. El Gobierno canario quiere que se incluyan otros como el PIBo la dispersión geográfica.

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