Sin política de vivienda en el Cabildo de Gran Canaria

La ilusión o el sueño de una nueva vivienda es ahora una preocupación que ya no afecta únicamente a unos pocos, sino que se ha extendido a gran parte de la población sin distinción de condición económica ni grupo de edad. Nos encontramos ante una emergencia habitacional. Por ello, por la magnitud del problema, merece una reflexión que nos ayude a detectar cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es el grado de responsabilidad de las administraciones y qué hacer para revertirlo.

Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a nivel nacional, contando con más de un tercio de su población (36,2%) en esta situación según el último informe AROPE. Y precisamente, uno de los indicadores más importantes en la generación de pobreza es el derivado de la situación con respecto a la vivienda.

Además, en el Archipiélago se destina un elevadísimo porcentaje de los salarios en gasto de vivienda, estando la media destinada al alquiler en un 51%, casi lo mismo que en el País Vasco y solo superado por Baleares, Madrid y Cataluña. Esto hace muy complejo liberar salario para cubrir las necesidades básicas o algo más allá de ellas.

Al mismo tiempo, vivimos en un territorio geográficamente limitado y en su mayoría protegido, lo que condiciona la construcción masiva de vivienda. Si,

además, añadimos a la ecuación la elevada cantidad de vivienda vacía cerrada debido a la inseguridad de los propietarios, sólo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se estiman más de 30.000, se crea un caldo de cultivo que favorece la falta de oferta y, por lo tanto, el aumento de precio debido a la alta demanda.

Simultáneamente, la población en Gran Canaria ha aumentado en los últimos años llegando en 2023 a 866.972 habitantes, posicionándose como la segunda isla más poblada de un archipiélago con una densidad de población que únicamente supera Madrid. Sin embargo, la vivienda no ha crecido en la proporción suficiente para dar cobertura a esta tensión habitacional, ni tan siquiera se acerca, abocando a la población de Gran Canaria a precipitarse a esta compleja situación en la que nos encontramos actualmente.

La Constitución española recoge que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Atendiendo a este principio fundamental, ¿qué ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, el gobierno de la isla, durante todos estos años para minimizar el creciente impacto social que ha tenido la falta de vivienda en nuestras vidas?. Es ahí donde llegamos al punto de las responsabilidades de las administraciones.

Durante los 9 años que lleva gobernando NC-PSOE se le ha dicho a la población de Gran Canaria que el Cabildo no tiene competencias en materia de vivienda, algo que resulta cuanto menos curioso, ya que dispone de un Consorcio de Viviendas insular desde el 2008. Este, según sus estatutos, tiene entre sus competencias la posibilidad de asumir la ejecución del Plan de Vivienda de la isla y, entre sus objetivos, la construcción, rehabilitación, mejora y conservación de viviendas, incluida la adquisición y urbanización de terrenos. Sin embargo, solo se han construido a través de este consorcio unas irrisorias 66 viviendas destinadas a alquiler asequible con opción a compra: 44 viviendas en Gáldar en 2013 y 20 viviendas en La Aldea en 2015. Lo más destacable es que ninguna de ellas se ha construido durante los mandatos de NC-PSOE, que recordemos que ya suman tres consecutivos al frente del Cabildo de Gran Canaria.

Especialmente relevante es que en 2020 diseñaron un plan estratégico en el que quedó expuesto como debilidad que no se hubiera creado un diagnóstico actualizado sobre la política de vivienda insular, ni sobre el funcionamiento de la

entidad, que permitiera una planificación de los objetivos y las acciones necesarias. Diagnóstico que continúa sin realizarse, a pesar de las crecientes proyecciones demográficas que incrementarían la demanda de vivienda, estimando un aumento de un 16,7% en 15 años.

En cuanto a los datos más recientes, en el presupuesto del 2024 para el Consorcio de Viviendas no se preveía construcción alguna, sólo se atestigua que en 2023 se estimaba construir 16 de protección pública. ¿Alguien conoce si se construyeron?, en la página del Consorcio no aparece mención alguna. Todos los datos nos llevan a una conclusión, a la existencia de una clamorosa inacción en materia de vivienda. No ha habido intención de abordar la problemática ni la hay, no tienen un plan, no tienen proyecto en esta materia y tal y como dijo Séneca, «no hay viento favorable para el que no sabe dónde va».

Es difícil de entender cómo cargos públicos que gobiernan en el Cabildo de Gran Canaria pueden eludir obligaciones de esta manera y difícil salir airoso de ello, pero lo intentan. Ahora se escudan en los 69 millones del Plan Extraordinario de Inversiones, a cuenta de remanentes, explicando que serán destinados a los municipios y que ellos serán los que decidan si los invierten en vivienda, en cubrir necesidades estructurales o en dotación de servicios necesarios. Vuelven a derivar responsabilidades obligando a los municipios a elegir para intentar quedar libres de toda responsabilidad y del escrutinio social, pero no, no van a dejar de ser cómplices de la problemática existente con la vivienda porque permanecen sin políticas enfocadas a la materia.

Es preocupante, no han hecho nada y ahora brindan como solución los remanentes cada vez que les sacan los colores. Les vale para todas las áreas, pues es la respuesta tipo que ahora dan para todo, parece como si los remanentes fuesen a solucionar todos los problemas de la Isla. Intentan confundir pero no hay un plan para vivienda, solo hay un cajón desastre de dinero público que no han sabido gestionar y que ahora dicen que se puede utilizar para vivienda.

El Cabildo de Gran Canaria de NC-PSOE lleva 9 años haciendo oídos sordos a la sociedad y escondiéndose tras el Gobierno de Canarias para no aportar soluciones que ayuden a paliar la desalentadora situación que estamos viviendo. Pueden señalar si quieren al Ejecutivo canario, pero con ello se retratan, pues

es el único que está llevando a cabo acciones reales en materia de vivienda. En concreto, con Coalición Canaria al frente, en tan solo 8 meses se ha sacado adelante el nuevo Decreto Ley de Vivienda, mientras que el gobierno de NC-PSOE en 9 años al frente del Cabildo Insular no ha hecho nada.

Se evidencia que el tiempo no ha sido el problema, que apartan los temas importantes y no los afrontan. No sabemos hacia dónde están dirigiendo sus esfuerzos. Lo que sí es cierto es que la política de vivienda es la más social que existe y que en Cabildo de Gran Canaria es inexistente.