Curiosa petición

El citado González Amador ha solicitado al alto tribunal que, además, ordene a las compañías telefónicas conservar los registros de llamadas, conexiones digitales y las ubicaciones durante los últimos diez meses. También quiere que la Guardia Civil averigüe si los periodistas disponían de fuentes en la Fiscalía y ordene a la Unidad Central Operativa volver a inspeccionar los teléfonos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe superior de Madrid, Pilar Rodríguez, para que informe si alguno de los dos mantiene cualquier tipo de comunicación con los periodistas.

O sea, ¿esa es la libertad que abogaban Ayuso & Cía, increíblemente denostada ante una caña de cerveza? Según explicaba la FAPE en un comunicado, esta petición que afecta a cuatro periodistas de El Diario.es, uno de El Plural y otro de la Cadena SER, se enmarca en la causa por revelación de secretos que un juez del Supremo dirige contra el fiscal general y el fiscal jefe de Madrid. El Supremo, procede recordar, investiga la presunta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía que desmentía el bulo difundido acerca de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para ser condenado a una pena que no implicara prisión.

La Federación, sin entrar en labores propias de la justicia, reitera que las pretensiones del empresario vulneran los principios fundamentales del periodismo, basados en el derecho a la información. En ese sentido, precisa que entre esos principios destaca la información veraz y contrastada y el rechazo a los bulos y noticias falsas que, sobre este caso, ya ha denunciado. La FAPE, asimismo, rechaza cualquier intento de intimidar a los periodistas que ejercen su trabajo bajo esas premisas.

Acaso haya sido este el genuino propósito de Ayuso & Cía, que ya no se conforma con seleccionar a su conveniencia las ayudas mediáticas con recursos presupuestarios, ni con discrepar de las opiniones de los críticos ni con tratar el hecho informativo con el sesgo que es fácil adivinar en TeleMadrid, sino que también aspiran a algo más: a saber el curso que han seguido, siguen -¿y seguirán?- las comunicaciones telefónicas de los profesionales que se han ocupado de este asunto. Todo da a entender que les importa poco la cuestión de fondo que se adivina en la controversia entre la libertad de prensa y la reserva o el secreto de las fuentes. El artículo 20 de la Cartamagna, aquel que consagra el derecho a no desvelar la identidad de tales fuentes. Es más importante descubrir quién llama, quién pregunta, quién inquiere… y así deducir para tejer nuevas teorías, ya se verá si especulativas o no, pero háganse a la idea.

¿No será mejor preguntar, a la vista de lo ocurrido, quién intimida? ¡Ah! Aquello de «triturar y cerrar» (MAR dixit) no hace mucho que quedó registrado. De seguir así, los bolivarianos y socialcomunistas no pasarán de niños de teta.