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Los que nos gobiernan están empecinados en que no tengamos cifras, y si las tenemos, estén trastocadas o analizadas de soslayo. No hablo de macroeconomía. Empecemos por las nóminas que mensualmente nos liquidan. Si los trabajadores fuésemos directamente conscientes de lo que nos arrebatan periódicamente, tendríamos cristalino lo que pagamos y lo que recibimos a cambio. Obligan a las empresas a ser recaudadores de impuestos tan crecientes, como injustos, y así pensamos que las empresas pagan salarios más bajos de los que merecemos. Pero es que de media nos quitan, sin anestesia, un 40% del fruto de nuestro trabajo.
Lo ideal, lo transparente, lo claro, es que los trabajadores percibamos la totalidad del salario, y las mil haciendas que nos diezman y controlan, realicen la liquidación directamente con la ciudadanía. ¿Cuál es el problema? Que veríamos toda la pasta que mensualmente nos 'cepillan'. Vale, es verdad, que es para sanidad y educación... Pero también es cierto, que va a un gasto público desenfrenado, alocado, injustificable, y que va a mantener las mil redes clientelares de los parásitos del Palacio de la Moncloa y colaboradores autonómicos.
Con esto del cupo catalán ocurre más de lo mismo. De entrada no se trata de algo catalán, sino de un gobierno regional, el de la Generalitat, que lleva 40 años secuestrado por unos nacionalistas con patente de corso, que mantienen un tinglado tan rentable, como suculento. Hay poca ideología en todo esto, lo que hay es mucha manipulación, ignorancia y 'negociete' de unos selectos desaprensivos. Para mantenerse en el poder artificialmente, su Sanchidad pacta con quien sea, y al coste que sea, sobre todo si la fiesta la pagan otros.
Pongamos cifras al asunto, porque a Canarias, al igual que a Galicia y a Andalucía el tema nos duele mucho más. Escribo sobre el coste de esta injusta fiesta, cuya única finalidad es que el sátrapa del Presidente se eternice en la poltrona. Hablamos de recortes en gasto público de hasta 30 mil millones anuales en el caso de que entre en vigor el concierto fiscal catalán. Este 'invento', donde los canarios tocamos los platillos, supone que los oligarcas catalanes se maman el total de la recaudación, para sus historietas indepes, y el resto del país seguimos pagando sus pensiones y otros gastos comunes. Vaya con la solidaridad, esto es como la mayoría de las ONG, que la solidaridad es una partida más en la nómina.
Que sí, que lo has leído perfectamente. Con este 'pasteleo' del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC no solo plantea la transferencia a la Agencia Tributaria catalana de la recaudación y gestión del 100% de los tributos generados. Se sacan de la manga una historia, a la que denominan principio de ordinalidad, por la que la aportación de la Generalitat al conjunto del Estado, más una cuota de solidaridad con el resto de las autonomías, se calcule siempre bajo una particular aritmética.
Este baremo exige que haya completa coherencia entre los ingresos tributarios de cada territorio, que determinan lo que puede aportar al sistema de financiación, y los recursos que recibe del Estado. Traducido al lenguaje más usual del nacionalismo catalán, no es tolerable que, si se ordenan las autonomías de mayor a menor según sus ingresos, Cataluña ocupe el segundo lugar después de Madrid. Eso les vuelve realmente locos, salvo a la hora de poner la manita.
Todo esto suena muy lejano, pero es más apreciable en los cálculos per cápita, también en términos absolutos. En el caso de Canarias hablamos de una diferencia superior a los 4.100 millones de euros a favor de la financiación procedente del Estado. Para Andalucía es de 6.100 millones y, en el caso de los gallegos, hablamos de 3.000 millones. Adivina de dónde saldrá el diferencial. O menos prestaciones o servicios o más impuestos para los que no tuvimos la fortuna de nacer en Palafrugell.
No hay muchas más vueltas, porque si hemos perdido un 30% de poder adquisitivo desde el año 2019, es porque algunos se traen una fiesta, y muy grande. Si la recaudación fiscal, es la más elevada de la zona OCDE, es porque ser ecoresilientes, progresistas y no me acuerdo de que más… sale carísimo. Corregir esta situación, según manda el principio de ordinalidad, solo deja abiertas dos posibilidades: o bien las comunidades suben impuestos o bien es el Estado el que toma la iniciativa y reduce las liquidaciones que libera en cada una de las Comunidades. Es evidente que los Ejecutivos autonómicos verán muy mermados sus recursos y tendrán que recortar sus gastos, compensados, aunque en cuantía limitada, por esos prometidos y distantes mecanismos de solidaridad. El impacto en los servicios públicos que aportan a sus ciudadanos se va a notar. Lo vamos a notar mucho… y mira que llevamos años en el caldero con la ranita y el agua entrando en ebullición.
El debate entre las autonomías continúa abierto, aunque la tónica dominante es la anodina oposición del PP, siempre sumisos testaferros del clan de su Sanchidad. Angel de la Fuente (FEDEA), lo deja meridianamente claro: «Habrá claros ganadores y perdedores sin que los cambios en la distribución de recursos que se atisban supongan una mejora en la equidad del sistema –advierte–, y habrá también enormes daños colaterales en la forma de una pérdida de eficiencia en la recaudación tributaria y una mutación de carácter confederal en la naturaleza del Estado que podría comprometer su capacidad para ejercer de forma satisfactoria sus competencias constitucionales». FEDEA también cuenta con cálculos en este sentido y estima que la recaudación por IRPF a escala estatal tendría que crecer cerca de un 30%, porque alguien tiene que pagar esta fiesta.
Este nuevo desbarajuste nos va a empobrecer más, nos va a restar competitividad, y minora nuestras perspectivas de futuro. No solo es economía, no solo son servicios, también es una cohesión social. Es vínculo lo que nos une a nuestros antepasados en una línea del tiempo sin solución de continuidad, y lo hace con sus luces y sus sombras, sus destellos de heroísmo y sus brillos de ruindad. Nuestro aquí y nuestro ahora son todos esos vínculos que nos unen a los de ayer, los de hoy y los de mañana. Porque eso es vivir en comunidad. Es nuestra responsabilidad, tanto el denunciar el coste de estas tropelías, como no despreciar nuestra herencia, que es lo único que nos reafirma. La vida, la libertad, la propiedad, son las condiciones de posibilidad de una comunidad libre, donde sus miembros toman las decisiones y no una casta de golfos que dirige las políticas y a los políticos, en beneficio de sí mismas. No responsabilicemos a otros, está en nuestras manos.
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