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No declarar es un derecho que tiene todo investigado en el ordenamiento jurídico español. Y no declarar es un derecho que asiste a un testigo ... en muy contadas ocasiones. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se acogió este martes a su derecho a no declarar como testigo por aquello de que no está obligado a hacerlo contra su pareja, que sí está investigada en el procedimiento en manos del juez Peinado.
Poco después de que la declaración judicial se diese por terminada, supimos que había un motivo adicional para interpretar el silencio de Sánchez: se ha querellado contra el juez por presunta prevaricación, un paso que es, cuando menos, sorprendente porque llama la atención que no lo haya hecho antes su esposa, que es la que lleva semanas como investigada.
Si ya era histórico eso de que un juez entrase en Moncloa a tomar declaración a un presidente por un asunto relativo a su cónyuge, tanto o más lo es que el presidente entienda que hay un señor togado que puede estar retorciendo las leyes a su antojo. Veremos cómo acaba el asunto pero ahora sí que estamos ante un salto cualitativo de grandes dimensiones, escenificando un duelo al sol entre Sánchez y el juez, o entre el juez y Sánchez -como se prefiera interpretar- en el que uno de los dos acabará mordiendo el polvo. Lo digo porque si la justicia le da la razón a Sánchez, el juez, además de dejar la carrera, acabaría viendo cómo toda la investigación quedaría en la práctica reducida a la nada. Pero es que si los tribunales no atienden la querella de Sánchez, a este no le queda otra que irse a su casa. Y así sería porque no podemos separar la condición de Sánchez 'esposo de y querellante' del hecho de que es nada menos que presidente. Más aún si la querella se presenta utilizando los resortes públicos, a través de la Abogacía del Estado. Y es ahí donde se aprecia una primera contradicción en el argumentario de Sánchez: primero entendía que debía declarar por escrito por su condición de presidente y luego evita hacerlo por ser pareja de Gómez, para acto seguido desvelar que hay una querella de por medio en la que se emplean medios a los que tiene acceso por su cargo al frente del Ejecutivo.
Veremos cómo acaba este duelo pero hay dos planos que conviene tener presentes: el jurídico no ve mal que alguien se acoja al derecho a declarar, pero el mediático y el público difícilmente comparten ese proceder. Vivimos tiempos de transparencia y se supone que si uno no tiene nada que ocultar, pues no hay problema en contestar. Sea o no presidente.
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