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De otra épocaEl Gobierno central lleva semanas con una negociación 'in extremis' para garantizar la continuidad del servicio de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ( ... Muface) tal y como lo conocemos. Más de un millón de trabajadores públicos están pendientes de que se despeje la incógnita, motivada por las reticencias de las aseguradoras, que entienden que lo que les paga el Gobierno es poco en comparación con los gastos que soportan.
El plazo para las ofertas moría este lunes y el Gobierno lo amplió en un intento de que la licitación no quedase desierta y con la promesa de mejoras económicas, lo que supone un reconocimiento tácito de que había partido de una posición rácana y alejada de la realidad del mercado. El asunto -sobra decirlo, pero es necesario- se ha politizado y ahora ya es objeto de la trifulca entre partidos a cuenta de la fragilidad de un Ejecutivo cuyos apoyos parlamentarios reales son un absoluto misterio.
Pero más allá de estas prisas, hay una cuestión a reflexionar: ¿es preciso mantener, en pleno siglo XXI, una figura como la de Muface? Ahora que tanto se habla de los cincuenta años de libertad a cuenta del medio siglo de la muerte de Francisco Franco, no está de más recordar que Muface nació en las postrimerías de la dictadura. Fue en junio de 1975 cuando se aprobó la ley que dio origen a Muface, desarrollada con normativas nacidas antes de la Constitución de 1978. Estamos, por tanto, ante una herencia franquista que en este 2025 se quiere perpetuar por parte de un Gobierno que está por exterminar del BOE toda huella de la dictadura. La contradicción, por tanto, está servida.
Pero hay más. Si vamos a la propia página web de Muface, cuando cuenta sus orígenes, incluye el siguiente párrafo: «En los años 40, los funcionarios tenían dos carencias importantes: la asistencia sanitaria-farmacéutica y la cuantía de las pensiones, vinculadas a un sueldo regulador que estuvo congelado durante años». Un siglo después, alguien puede sostener que esa es la realidad del personal al servicio de las administraciones.
He leído estos días opiniones y declaraciones de trabajadores públicos que cuentan su experiencia dejando Muface y pasando al régimen general de prestación de servicios sanitarios. Y tan contentos que están. Como también he leído en estos años declaraciones de políticos en labores de gobierno o de apoyo parlamentario al Ejecutivo despotricando del trato preferente de algunos gobiernos regionales a la sanidad privada. Una cosa y la otra al mismo tiempo no casan.
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