Ante todo, solidaridad

Sin embargo, en nuestro país, hay quienes todavía no entienden que la verdadera solidaridad también consiste en atender de forma desigual a quienes no son iguales; a quienes necesitan más para llegar a las metas establecidas de manera conjunta; a quienes no aportan tanto pero sí precisan la ayuda de otros. En definitiva, dar más a quien más necesita y pedir más a quien más tiene. Se trata de salvar al más débil y poder convivir en los valores que todos los españoles nos dimos en 1978 con la aprobación de nuestra Carta Magna.

Abrir el llamado melón de la financiación autonómica es una cuestión que no se puede demorar más tiempo, pues el modelo actual lleva caducado diez años. Pero es un asunto de Estado al que debe acompañar un sentimiento de pertenencia irrenunciable. Todas las comunidades autónomas tienen que avanzar en un contexto de iguales y habilitar un espacio de negociación donde se logre un equilibrio complejo, pero posible, para garantizar que la ciudadanía disponga de unas prestaciones sanitarias con el número de médicos adecuados; que los niños tengan unos servicios educativos con los profesores suficientes y los más necesitados cuenten con las personas que precisan para ser ayudados en su día a día.

Cuando escucho hablar de financiación me llama la atención que sólo se hable de números, de cifras o porcentajes que crecen al mismo tiempo que aumentan las desigualdades entre territorios. Esta línea no es la solución, porque no se trata de dígitos fríos, sino de millones de personas que demandan más y mejores servicios sanitarios, educativos y sociales. Y los servidores públicos estamos obligados a dar respuesta a esta realidad.

Considero que la apuesta del Gobierno de España de otorgar una 'financiación singular' a Cataluña no es una buena noticia para el resto de los territorios. Y tampoco creo que duplicar los recursos del Fondo de Solidaridad sea la solución. No es cuánto se reparte sino cómo se reparte. Hay que abordar una revisión profunda y consensuada del actual sistema de financiación autonómica, que no se actualiza desde 2014, con lo que eso conlleva para regiones como Canarias, donde su población ha crecido en más de 500 mil personas, pero no así los recursos que recibe.

Es evidente que las singularidades canarias, plasmadas ya en su Régimen Económico y Fiscal, también deben estar reflejadas en la reforma del modelo actual. Una reforma en la que además de factores como la insularidad, la lejanía y el crecimiento demográfico, habrá que tener en cuenta los niveles de pobreza y exclusión social, criterios decisivos a la hora de determinar los fondos que debemos percibir.

No es tiempo de propiciar las diferencias, al contrario, es momento de aunar criterios para que prime la solidaridad como elemento decisivo en todo este panorama que se está abriendo. Queda camino por recorrer, pero hay que iniciarlo con buen pie.