Sumar presiona para que el Gobierno pague «ya» cuatro de las ocho semanas de crianza

Tienen derecho a esta libranza desde hace 13 meses tanto un progenitor como el otro y la pueden disfrutar por días o por semanas, toda de una vez o año a año, pero nunca uno solo de ellos al completo (16 semanas), porque es personal e intransferible. La única pega del novedoso instrumento para la conciliación cuya creación ordenó en 2019 la Unión Europea es que, al menos hasta hoy, los días que los padres o tutores españoles decidan no ir a trabajar para cuidar a sus niños, a diferencia de los permisos por nacimiento o enfermedad, correrán por completo de su bolsillo.

La coalición de partidos que lidera en el Ejecutivo Yolanda Díaz, quien a través de los ministerios de Derechos Sociales y Trabajo presiona sin éxito desde hace meses a sus socios gubernamentales para convertir esta licencia en retribuida, intenta utilizar ahora en su favor el ultimátum legal europeo. En sus mensajes en redes sociales reprochan a los ministerios socialistas que están obligados a cumplir el acuerdo de Gobierno firmado hace un año, que prevé el abono al menos parcial de este permiso, pero, sobre todo, les recuerdan que no pueden ignorar ni incumplir a sabiendas la directiva de conciliación de la UE, que fija como fecha límite para que la retribución de al menos la mitad del permiso de crianza esté en vigor en todos los estados miembros este viernes 2 de agosto.

A falta de una semana, para cumplir con este mandato en tiempo y forma el Ejecutivo no tiene más que un camino. Aprobar la medida por real decreto-ley en el Consejo de Ministros del próximo martes, disposición que entraría en vigor en cuanto lo indicase el documento y que, en cualquier caso, para mantener su validez debería ser ratificada, antes de final de agosto, por la mayoría del Congreso.

Sin embargo, todo apunta a que esto no va a ocurrir y a que el Gobierno español, como ha sucedido en el pasado con ejecutivos precedentes y otras directivas, superará el 2 de agosto sin mover ficha e incumpliendo el mandato obligado de la UE, con lo que se arriesga, además de a un rapapolvo comunitario, a una sanción por su infracción.

Las negociaciones entre los ministerios de Sumar y los socialistas para cumplir con la directiva de conciliación de cara a este verano estaban bastante encaminadas hasta que, a mediados de marzo, Sánchez renunció a continuar con la negociación de los Presupuestos de 2024, donde debía incluirse la partida específica para sufragar el inicio de la remuneración. Lo justificó porque no veía garantías de que pudiese contar con votos suficientes para sacar adelante las cuentas en el clima de alta polarización política desencadenado, sobre todo entre sus apoyos parlamentarios independentistas, por el anticipo de elecciones en Cataluña.

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De hecho, si este real decreto-ley no se aprueba de inmediato, el asunto muy posiblemente volverá a quedar aplazado hasta comprobar, a partir de septiembre, si el Ejecutivo llega al otoño con capacidad de continuar la legislatura y de sacar adelante unos Presupuestos para 2025, donde debería incluirse la partida. En paralelo o como segunda opción, el pago público de al menos una parte del permiso de crianza podría introducirse y comprometerse, vía enmienda, en la Ley de Familias, cuya tramitación está prácticamente paralizada en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso desde hace cuatro meses, ante la falta de un clima propicio a la búsqueda de consensos durante un invierno-primavera que ha encadenado duelo tras duelo electoral.