«Que un Gobierno pierda votaciones es lo normal con un Parlamento fragmentado»

Madrileño, nacido en 1983, con formación académica en el campo de las Ciencias Políticas, políglota miembro del equipo fundador de Podemos y después alineado con Sumar, Pablo Bustinduy participó en la cumbre de Cotec en la capital grancanaria.

–¿Puede Canarias empezar a ver la luz al final del túnel en relación con la crisis migratoria y el trato a los menores no acompañados? Y, sobre todo, ¿pueden esos menores ver esa luz?

–Es una cuestión de voluntad política y lo que es incomprensible es que se haya producido este bloqueo de más de dos meses. Es evidente que Canarias necesita apoyo y solidaridad, como no puede ser de otra manera, y es vergonzoso que ese apoyo se esté retrasando por un choque de estrategias políticas de corto plazo. El Gobierno lo que intenta hacer es plantear soluciones jurídicas, financieras y legales a esta situación, y si no se ha producido es porque el Partido Popular lo está bloqueando. Es una situación de sentido común, de responsabilidad de Estado y de compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos. Es una espera insoportable y hay que actuar ya, todos a una.

–Viendo las últimas votaciones en el Congreso, ¿de verdad tiene larga vida el Ejecutivo? Cuando se reúnen en el Consejo de Ministros, ¿tienen la sensación de que igual el siguiente martes ya no estarán ahí?

–No, en absoluto. Tenemos la determinación de llevar a cabo todo lo que tenemos en marcha, que es muchísimo. Es innegable que la situación en el Parlamento es complicada, porque es un Congreso fragmentado y las mayorías son ajustadas en un sentido o en el otro. Pero eso es algo normal en un sistema parlamentario y hasta sano; vivimos en un país en el que el sistema de mayorías hizo mucho daño porque contribuyó a generar un clima de impunidad y de desafección ciudadana. Que un Gobierno pierda votaciones es lo normal con un Parlamento fragmentado, y además es lo que votó la gente. Pero más allá del hecho hay que ver qué se vota. Es normal que cada parte tenga sus estrategias pero hay cuestiones en las que se deben aparcar esos intereses de parte y arrimar el hombro. La cuestión de los niñas y niñas migrantes es una de ellas pero en mis competencias hay muchas más. Y hay ejemplos de que esto es viable y posible: hemos reformado la Constitución para recoger los derechos de las personas con discapacidad, con el apoyo de todos los grupos menos la ultraderecha, y esta misma semana se ha concluido un acuerdo transversal para que vea la luz la ley ELA. Me refiero a muchas de las cuestiones que vamos a plantear en el Congreso, empezando por una reforma de la ley de discapacidad y dependencia, y también lo que tiene que ver con la protección social de las familias, la retribución de los permisos parentales por cuidados, la ampliación de los permisos parentales por nacimiento, la adopción de una prestación por crianza para luchar contra la pobreza infantil, los derechos de las familias monoparentales... Es una batería de medidas que tenemos listas y que no son ni de derechas ni de izquierdas, y hay una amplísima mayoría social a favor de ellas.

–Esta semana se presentó el plan de regeneración de la democracia. ¿De verdad nuestro modelo democrático precisa de esa revisión o actualización? ¿O se trata de contar con mecanismos eficaces ante desafíos nuevos?

–Diría que es todo eso a la vez.

–Pero hasta hace poco si alguien decía que la democracia española era mejorable, le caían 'palos' por todos los lados.

–Bueno... yo vengo de una tradición, que es la del 15-M, y que precisamente surge para denunciar las carencias y lo que faltaba por completar en la democracia española. Creo que es un poco todo lo que usted ha dicho a la vez. Toda democracia es perfectible y es que, además, las democracias en el mundo entero están amenazadas por procesos que conocemos bien: el 'lawfare', las políticas de bulos, las 'fake news', posiciones abiertamente autoritarias, racistas, antidemocráticas... El plan que se ha planteado es un punto de arranque que plantea una serie de cuestiones, empezando por la transparencia del propio Gobierno y las Cortes. No se refiere solo a los medios, sino que empieza por las instituciones públicas. Las medidas planteadas con los medios parten de un plan europeo, que contó con el consenso de todas las familias políticas tradicionales, y por tanto no es extraordinariamente innovador. Pero es que son cuestiones mínimas: tenemos derecho a saber quién es el propietario, quién financia los medios, para saber también qué intereses están defendiendo. Yes un plan que busca blindar también, por ejemplo, el secreto profesional de los periodistas. Es, por tanto, un plan amplio.

–Entre sus competencias está Consumo. ¿Qué margen de maniobra tiene para ayudar a resolver la crisis habitacional?

–Dentro de nuestras competencias, las actuaciones de Consumo se han centrado en dos vías que están aún en la fase inicial: la publicidad de pisos turísticos ilegales, que no cuentan con licencias para esa actividad, y otras es el cobro de comisiones a los inquilinos cuando formalizan el contrato, algo que está prohibido por la Ley de Vivienda y que se sigue produciendo. Lo que hemos esta semana desde Sumar es llevar una batería de medidas de cara a la negociación de los Presupuestos, como prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no es para uso residencial o alquiler asequible. En segundo lugar, hay que desicentivar fiscalmente el uso turístico de la vivienda, porque la está detrayendo del negocio del alquiler y en tercer lugar hay que fijar mecanismos de presión para que las comunidades apliquen la Ley de Vivienda, que permite topar precios al alquiler, y la única que lo está aplicando es Cataluña.

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