La vivienda vacacional representa el 3% del PIB canario y «no se justifica» una ley que «castiga»

El negocio de la vivienda vacacional en Canarias representa el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), pisos, apartamentos y villas reconvertidos que están en un 89% de los casos en manos de pequeños y medianos propietarios y que se engloban dentro de una oferta extrahotelera (53,47%) que ya está por encima de la oferta hotelera (46,53%).

Pero más aún, esos porcentajes representan en la economía canaria 1.726 millones de euros y el 7,68% del PIB turístico. Con todos estos datos, está claro que las viviendas vacaciones en Canarias suponen un nicho de mercado diferenciado y en ascenso, parte importante de la economía regional y, sobre todo, de muchas familias.

Así lo revela el informe 'Una aproximación a la realidad económica de la vivienda vacacional' elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas y presentado ayer por el decano, Alcibiades Trancho Lemes, y la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y coordinadora del informe, Rosa Rodríguez Díaz.

«Prescindir de ellas significaría renunciar a una tipología de turistas que prefieren este tipo de alojamiento sobre las opciones tradicionales», afirmó este viernes el decano de los Economistas en la presentación del informe que ofrecerán al Gobierno de Canarias, embarcado en regular este tipo de alojamientos turísticos.

Sin embargo, a la vista de las conclusiones de los Economistas, «no se justifica la ley» –anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda– que trabaja la Consejería de Turismo. Entiende la coordinadora del estudio que «no se puede castigar a los propietarios».

El proyecto legislativo «generaliza, no tiene en cuenta las circunstancias de cada isla», a excepción de las islas verdes «que sólo tienen viviendas vacacionales, no tienen hoteles». Pero igual que «no puedes ir contra las viviendas verdes de las islas verdes, no puedes ir contra las de Tejeda o Artenara».

Otra cosa, señala Rodríguez, es que en los municipios turísticos se haya permitido la explotación particular de apartamentos y villas que deberían estar en el mercado turístico dentro de una unidad de explotación.

«¿Por qué lo han permitido los diferentes gobiernos? ¿Por qué están en el registro de viviendas vacacionales si eso es ilegal?». Así que, «con hacer que se cumplan las leyes vigentes no hace falta esta ley», es tajante Rosa Rodríguez, que afirma que los primeros que han incumplido son gobiernos y cabildos «que han permitido que se registre cualquiera».

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