Los empresarios, en contra de la «sobrerregulación» que propone la nueva ley del alquiler vacacional

La inminente aprobación del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de las viviendas que pretende regular la creciente proliferación de las viviendas de alquiler vacacional en Canarias no está dejando indiferente a nadie.

Desde el Círculo de Empresarios de Gran Canaria señalan que no gustarles la «sobrerregulación» que se plantea con esta nueva ley, creyendo «firmemente» que con un aumento de la vigilancia al decreto en vigor que ya regulaba el alquiler vacacional ya era suficiente para «eliminar» todos los problemas relacionados a una falta de calidad en la oferta.

Su presidente, Juan Ramírez Said, opina que esta nueva ley «no va a contribuir ni a la mejora de la oferta ni la calidad» del servicio y que ya con la anterior ley «había mecanismos más que de sobra» para que se cumpliera con esa normativa.

Por otro lado, Said resaltó que la vivienda vacacional es una de las grandes ofertas de la actividad turística, pero que a diferencia de lo que sucede con los complejos hoteleros y extrahoteleros no está dominada por los grandes magnates del turismo y que está «con una mayoría aplastante» ejercida por los pequeños propietarios que tienen como mucho una o dos viviendas. «Existen los grandes tenedores pero no suponen un porcentaje importante», aclara.

A su vez, considera que esta nueva ley es «muy restrictiva» precisamente con respecto a una actividad económica que está más relacionada con «los pequeños ahorradores y la gente que dedica su segunda vivienda al alquiler vacacional.

Al margen de si el camino a seguir pasa por la nueva ley o la anterior, Said subraya que «hace falta mucha más inspección» para garantizar que el alquiler vacacional funcione como una activad regulada.

«Esa labor inspectora es necesaria para acabar con aquellos que siempre quieren sacar tajada a base de no cumplir con lo establecido. Es fundamental que todo el mundo juegue con las mismas reglas y no se demonice una actividad que es enriquecedora para todos».

Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, valoró que el anteproyecto ha experimentado un proceso de flexibilización en algunas de sus directrices, las cuáles se habían solicitado pero que dentro de esas alternativas que se ofrecen, «el propio procedimiento lo vemos muy complicado».

No obstante, consideran que varios apartados de la ley siguen siendo «muy restrictivos», como la prohibición de poder realizar la actividad vacacional en viviendas de protección oficial o asentamientos agrícolas. La CCE agradece la flexibilización de la ley pero considera que se podría haber ido más allá y que podría ser considerablemente menos restrictiva de lo que ha acabado siendo.

El secretario general de UGT, Manuel Navarro, volvió a recalcar que es «muy necesario» que se regule esta actividad en Canarias y que se haga sabiendo quiénes son los pequeños y grandes tenedores de la vivienda vacacional, con el objetivo de que esta disciplina «favorezca el desarrollo económico de Canarias desde el punto de vista más sostenible posible».

Navarro indicó que sería particularmente en las zonas rurales e islas verdes donde mejor impactaría esta actividad para fomentar la recuperación económica, donde ahora mismo no existen tantas plazas hoteleras, alejándose así de alrededores de parques naturales y núcleos turísticos ya en estado de masificación.

A las organizaciones sindicales surge con esta regulación la duda de que convenio colectivo es el que se va aplicar a los trabajadores de esta actividad económica, siendo necesaria una reunión con las patronales para determinar si se aplicará el convenio de la hostelería y si tiene que haber características específicas dentro de este subsector.

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