Los ayuntamientos dicen que las exigencias para la zona tensionada son una prohibición encubierta

Ante el rechazo planteado por las comunidades autónomas gobernadas por el PP a aplicar la Ley de Vivienda estatal en lo que respecta a la declaración de las zonas tensionadas, al entender que no aporta soluciones e incluso empeora la situación, el Gobierno de Canarias -gobernado por CC y PP- se ha mostrado receptivo a analizar las solicitudes una vez los ayuntamientos pidan y justifiquen la declaración. Algo que por ahora no ha hecho ninguno pese a la intención que tienen Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona y Mazo, que ya lo llevaron y aprobaron en sus respectivos plenos.

Tras esta falta de movimientos por parte de los ayuntamientos no hay otra cosa que su incapacidad para cumplir con los requisitos a los que obliga el procedimiento establecido por el Gobierno de Canarias para esta declaración, como apuntan. Y es que los ayuntamientos que están interesados en esta declaración deben elevar al Gobierno un detallado análisis del mercado residencial de su municipio, en el que deben incluirse los datos de los precios de alquiler y de venta de los distintos tipos de vivienda y su evolución en el tiempo, así como información del nivel de renta de los hogares residentes. Además deben prever medidas para corregir los desequilibrios y un calendario de aplicación con un cronograma a tres años, entre otras exigencias.

Todo esto requiere destinar tiempo y recursos que los municipios no tienen. Para ellos, el procedimiento marcado por el Gobierno de Canarias es en realidad una «prohibición encubierta» a la declaración de zona tensionada. «Es muy complicado hacerlo, la mayoría de los ayuntamientos no tenemos capacidad técnica para ello», indica uno de los municipios afectados. En el mismo sentido se expresa el presidente de la comisión de Urbanismo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de San Bartolomé de Lanzarote, Isidro Pérez. «De los 88 municipios de las islas, 58 tenemos menos de 20.000 habitantes. Si tenemos que hacer este análisis supone poner a todo el personal de la oficina de Urbanismo a trabajar para el Gobierno de Canarias. Nosotros no tenemos capacidad de hacer lo que nos piden», indica Pérez.

Además, según señala, sería importante además que en el procedimiento se estableciera la posibilidad de declarar zonas tensionadas por áreas concretas no para la totalidad del municipio. «Tal y como está es inviable», dice.

La opinión de Pérez es ampliamente compartida por el resto de los municpios de Canarias, de ahí que hace unas semanas la Fecam elevara al Gobierno de Canarias y en concreto, a la Consejería de Vivienda, un informe jurídico en el que se argumenta, en base al artículo 18.2 de la ley de Vivienda estatal, que la competencia última para declaras las zonas tensionadas corresponde al Gobierno de Canarias. También han remitido informes propios y en el mismo sentido los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Arico y Granadilla de Abona.

La Fecam y estos tres ayuntamientos están a la espera de que el Gobierno de Canarias conteste. «Mientras tanto está todo parado», afirma Pérez.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda ofreció ayer un acuerdo, colaboración y recursos a las comunidades autónomas y subrayó que, en virtud de lo que le faculta la Ley de Vivienda, aquellas que cumplen podrán verse beneficiadas de una serie de actuaciones extraordinarias, descartando que se puedan quitar fondos al resto.

Se trata de «premiar» a aquellas comunidades que están aplicando la Ley de Vivienda y que han reconocido que tienen un problema en esta materia, aplicando para ello otra serie de medidas extraordinarias de las que se van a poder beneficiar, lo que no implica que se quiten fondos al resto, como las gobernadas por el PP que descartan declarar zonas tensionadas, apuntaron ayerfuentes del Ministerio. La ministra Isabel Rodríguez, reculó así de las primeras declaraciones en las que se refirió a «castigar» a las que no cumplieran.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ratificó ayer por unanimidad con las comunidades autónomas el reparto de los 200 millones de euros, de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, de los que Canarias recibirá 10,6 millones, que beneficiará a cientos de jóvenes de menos de 35 años que reciben una ayuda mensual de 250 euros durante dos años. Este dinero se destinará a 2025 y habrá otra anualidad igual para 2026, según indicó ayer el director de Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Ortega, tras particpar en la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebró ayer en Madrid.

La ministra recordó que es una medida impulsada por el Gobierno de España en el «afán de superar las dificultades de la gente joven, dando una respuesta a los problemas de alquiler que existen hoy en España». Isabel Rodríguez lamentó que se produzcan demandas de los jóvenes relacionadas con la «falta de agilidad, de transparencia, de pérdida de tiempo y, en algunos casos, de una gestión muy lenta de las convocatorias» por parte de las comunidades autónomas. La ministra ha explicado que el Ejecutivo lanza una nueva convocatoria reafirmándose en el «compromiso del Gobierno con la juventud española, que es quien está en peores condiciones en estos momentos para acceder a una vivienda».

En el encuentro se habló también del Plan de Vivienda y los fondos europeos destinados a este área, con los «plazos perentorios», como señaló Ortega, que afirmó que en Canarias se estaba haciendo un gran esfuerzo para llegar a tiempo. La ministra hizo un nuevo llamamiento a la Alianza de País por la vivienda, donde todas las administraciones se unan para dar la respuesta necesaria.

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