Es el abogado de los principales investigados en dos de los procedimiento judiciales más mediáticos de Canarias de la última década: el caso Mascarillas y el Mediador. Desde su compleja situación, defiende la actuación, tanto de Rayco González, propietario de RR7 United, y Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador.
-Empieza 2025 con una instrucción del caso Mascarillas aparentemente empantanada y el fin de la comisión de control por parte del Parlamento de Canarias.
-Considero que hay una disfunción en el sistema. No tiene sentido que una comisión de investigación de carácter político, para depurar responsabilidades políticas, pueda ir en paralelo a un procedimiento judicial, llamando a declarar o permitiendo que declaren las mismas personas, en calidad de investigadas o de testigos, que en el procedimiento judicial.
Parece evidente, o de sentido común, que si alguien se acoge a su derecho a no declarar en un proceso judicial, no va a declarar en una comisión de investigación. Y hacerle ir cuando ya previamente comunica que no quiere declarar genera una molestia, un gasto y un entorpecimiento del sistema, porque luego se sacan conclusiones que trascienden a la opinión pública y generan confusión. He visto noticias del tipo: «se niega a declarar». Evidentemente se iba a negar a declarar. Quizá la comparecencia no responda a la expectativa de quien la propuso, pero lo más lógico es que todas esas personas se nieguen a declarar, ya que están involucradas en un procedimiento judicial.
Incluso, en el caso de mi defendido, he visto que se han formulado preguntas más inquisitoriales que las que podrían haberse planteado en el proceso judicial. Además, he visto opiniones o reacciones por parte de políticos generando ciertas alarmas por la conducta que habían seguido estas personas, que se han comportado de una manera coherente con el procedimiento judicial donde se van a depurar sus responsabilidades.
No hay que olvidar que en esa comisión de control se depuran responsabilidades de terceras personas y políticas de cargos públicos de los que estas personas son ajenas total y absolutamente. No tienen ningún interés en la comisión de investigación.
-¿En el caso de su cliente Rayco González, afirma que acudió a la comisión y fue sometido a una batería de acusaciones en forma de preguntas?
-Fue el más expresivo, quizás. Y fue así porque me lo ha confesado: no había hablado porque quiso seguir mis instrucciones, pero le daban ganas de responder. El problema que se planteaba en la declaración de Rayco es que partían de premisas erróneas. Estas personas que iniciaron ese interrogatorio o esa tentativa de interrogatorio no estaban debidamente informadas. No conocen los pormenores de la causa y hablaban y afirmaban cosas que ya estaban superadas dentro de la causa. Y eso es lo que provocaba la indignación.
-¿Como cuál?
-Si llegaron o no las mascarillas, qué pasó con ellas... Eso es algo que parece que ellos desconocen. Todo el proceso de esas mascarillas que llegan, son falsas, se destruyen... ¿Cuánto dinero se queda en teoría Rayco? No se queda con cuatro millones de euros. Hay un pago por parte de la Consejería de cuatro millones, de los que más de dos fueron destinados al pago de unas mascarillas debidamente justificadas, que además están en el procedimiento judicial. Yo entiendo que estas personas no hayan tenido acceso al procedimiento judicial y a sus detalles y, precisamente por ese motivo, tenían que ser doblemente prudentes a la hora de someter a un ciudadano a un interrogatorio de estas características.
-Finalizó la comisión sin ningún resultado político, pero sigue el procedimiento judicial. ¿Se ha quedado empantanado?
-En este procedimiento ha habido un antes y un después. El antes fue mientras se estaba tramitando en los juzgados de Las Palmas, en el que parecía que había mucho celo por el esclarecimiento de los hechos, por terminar cuanto antes todas las diligencias. En muy pocos meses había avanzado mucho. Yo recuerdo que todos los meses tenía que venir a Gran Canaria porque había algo que hacer: alguna comparecencia, alguna declaración; prácticamente todas las semanas se hacía algo.
En el momento en que asume la competencia la Fiscalía Europea, ya estando secreto el sumario, se mantuvo. Esperamos un año y medio para ver qué se estaba investigando, porque un secreto durante tanto tiempo prometía o nos generaba alguna expectativa de alguna investigación más allá de lo que ya se había practicado. Pero lo frustrante fue que, una vez alzado el secreto, no se había hecho nada nuevo de lo que ya se había acordado en el Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo creo que sí que se ha congelado. La Fiscalía Europea es un organismo nuevo y, de hecho, creo que este es de los primeros procedimientos judiciales que se tramitan por ese organismo, y parece que los tiempos allí son diferentes a los del resto de los juzgados de instrucción. Pero debería dotarse al caso de una mayor celeridad. A día de hoy, mi sensación es que existe un poquito de confusión a la hora de tramitar estos casos.
«No tiene sentido una comisión de investigación política en paralelo a un procedimiento judicial»
-Una instrucción que el fiscal Javier Ródenas encabezó con celeridad.
-Cuando se judicializa la investigación, el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas ya la llevaba muy avanzada. De hecho, en sede judicial, la mayoría de las diligencias que se practicaban consistían en la ratificación de las que ya hizo Ródenas. Aparece como un presunto estafador mi cliente, una persona que cobra un dinero de la administración pública y no cumple con el encargo. Pero sí es verdad que, cuando aportamos bastante documentación, aparecen otros datos que desmienten o cambian el rumbo de la investigación, y no nos encontrábamos ante una estafa propiamente dicha. Estábamos quizás ante otros ilícitos que tenían más vinculación con la administración pública. De hecho, hay delitos contra la administración pública y funcionarios públicos que están siendo investigados. Se amplía muchísimo, se complica muchísimo en el momento en que intervienen como investigados cargos públicos y cambia el cariz del procedimiento.
Y llama muchísimo la atención, y nos enteramos después cuando se levantó el secreto, que el fiscal solicitó la entrada de registro y la intervención de los dispositivos de Conrado Domínguez ya que podría ser que tuviera información suficiente para el esclarecimiento de los hechos. Y nos sorprendió que el juez lo denegó. Un año y medio después, la Fiscalía Europea acuerda la intervención de sus dispositivos, los de la administración pública, con un preaviso de prácticamente un mes. Quizás se haya perdido una oportunidad excelente de esclarecer, a través del acceso a una fuente de información que podría habernos arrojado mucha luz sobre el procedimiento.
-¿Se perdió entonces una oportunidad de oro?
Desde luego, de hecho, de esa investigación podría haber reforzado nuestra teoría de que Rayco no es ningún estafador.
-No se entiende que todos los investigados menos Conrado Domínguez hayan entregado sus teléfonos móviles...
-La aportación que hicieron los investigados, menos Domínguez, fue voluntaria. Todos aportaron sus dispositivos y empezó Samuel Machín que los entregó ante la Fiscalía Anticorrupción. Luego el procedimiento fue a una deriva que a nosotros no nos interesaba en absoluto, en el que parecía que todo el peso de la investigación recaía sobre Rayco González y nos vimos en la obligación de aportar sus dispositivos. Yo, por regla general, cuando voy a defender a alguien medimos muy bien el grado de colaboración que vamos a aportar cuando vamos como investigados. Fue una decisión muy meditada por el riesgo que asumíamos, entregar unos móviles. Pero no nos quedaba otra alternativa porque dentro de los teléfonos de Rayco se encontraban esos elementos que nos permitían sostener que él no era un estafador, que no era una estafa y aportamos el teléfono móvil. El motivo por el que Conrado Domínguez no lo aporta, pues está en su derecho de no aportar elementos que quizá pudieran ser incriminatorios hacia él. Lo ideal habría sido quitárselo de acuerdo al procedimiento que había seguido el fiscal Anticorrupción de Las Palmas.
-Con esa aportación de su cliente, ¿se demostró que Conrado Domínguez mintió?
-Uno de los elementos clave fue que, inicialmente Rayco era una persona absolutamente ajena a la Administración, que nunca había tenido contacto con ella y había hecho una falsa propuesta para quedarse con el dinero de un encargo que nunca iba a cumplir. Eso, en síntesis, es el delito de estafa. Pero nosotros necesitábamos acreditar que no era así, sino que él fue guiado en la adjudicación del procedimiento ante una situación de necesidad de material sanitario por la pandemia. ¿Cuándo decidimos aportarlo? En el momento en el que la estrategia de defensa de Conrado Domínguez residía en que no conocía de nada a Rayco y que la Sanidad canaria fue estafada. Además, lo dijo abiertamente en medios de comunicación, que fue estafado y eso provocó que hiciéramos un cambio en la estrategia de defensa. Iniciamos el procedimiento no declarando y luego pedimos una declaración voluntaria para esclarecer, precisamente, estos puntos que estaban distorsionando la realidad de los hechos.
-En este caso Mascarillas se habla de pago de comisiones a intermediarios, ¿tiene usted constancia de que Conrado Domínguez también cobró?
-No, yo no tengo constancia más allá que la mera rumorología y no es de rigor que haga afirmaciones de ese tipo. Lo que sí es verdad es que en momentos del procedimiento de contratación, los intermediarios indican a Rayco cuál es el precio que debía poner a cada una de las mascarillas. Además, esa es la conclusión a la que llega la Fiscalía Europea y el fiscal Anticorrupción, que la indicación del precio de las mascarillas la había dado Conrado Domínguez tras el estudio de las conversaciones de los móviles. Tanto los fiscales como la policía llegan a esa conclusión, que ese incremento del precio pudo ser la comisión que se iba a llevar Domínguez, pero es importante que yo reseñe que esas son conclusiones de fiscales y policía.
«Los fiscales y la policía llegaron a la conclusión de que el incremento del precio pudo ser la comisión que se iba a llevar Domínguez»
-Entiende lo complicado que es explicar a la opinión pública que su cliente pase de ser un supuesto estafador a víctima de una estafa después de haber recibido cuatro millones de euros.
-Lo entiendo, pero yo creo que es muy sencillo: hay una necesidad de mascarillas en pandemia, en una época en la que los requisitos de la contratación pública se flexibilizan para agilizarla y ahí hay un error por parte de la Fiscalía cuando habla de irregularidades en el procedimiento de contratación. El mismo en pandemia no era igual al ordinario, así que no se pueden aplicar esas normas. Pues hacían falta mascarillas y una persona o empresa que no se dedicaba al sector del material sanitario, se dedicó a ello. Esto último es una de las mayores mayores confusiones que han trascendido la opinión pública, porque para importar material sanitario no hace falta ser experto en ese campo ni haberse dedicado previamente al mismo. Mi cliente, como estaba parada la industria automovilística, destinó sus recursos a traer mascarillas. ¿Que luego fue engañado? Sí. Esas mascarillas llegaron y los pagos están justificados y acreditados en el procedimiento.
-¿Cree que el caso Mascarillas volverá al Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas o se juzgará en Madrid?
-Creo que el caso Mascarillas no se va a juzgar de manera inminente. La Fiscalía Europea está teniendo problemas en su funcionamiento al estar regulada por una ley que genera algunos inconvenientes procesales. De hecho, alguno de los artículos está sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque se entiende que vulnera derechos. Por ejemplo, los decretos del fiscal no son recurribles y hay un magistrado de la Audiencia Nacional que ya ha sometido este extremo a la consideración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En fin, se va a demorar muchísimo, aún estamos en fase de práctica en un procedimiento complejo, no creo que vaya a volver a Las Palmas el procedimiento por el espíritu de la norma y tampoco veo mucho interés en que suelten desde la Fiscalía Europea ese procedimiento porque, además, en sus resoluciones aprecio a veces, entre líneas, que intentan justificar su competencia. Se juzgará, no sé cuándo, pero dentro de muchos años en Madrid, en la Audiencia Nacional
-¿Su cliente es culpable?
No lo es y además, creo que estamos en el camino para acreditarlo. Con lo que ya se ha investigado y por mucho prejuicio que haya incluso dentro del seno de la Administración de Justicia, podremos acreditar que realmente el encargo se cumplió de manera fallida y por causas ajenas a él. Tal vez por su inexperiencia, tal vez por su ingenuidad, pero todos esos elementos ya están en el procedimiento. Creo que el resultado será bueno para sus intereses.
-¿Sigue embargado?
Efectivamente y no le han devuelto ni el teléfono. Lo que nos preocupa muchísimo es la actitud que está teniendo la Administración Tributaria Canaria que, en un afán de justificar la protección del patrimonio, tiene adoptada algunas medidas que yo entiendo que se exceden un poco de sus competencias y que son muy desproporcionadas. Hay un embargo de muchos de sus bienes, el bloqueo prácticamente de su empresa, no solo la suya, sino de miembros de su familia que no tienen absolutamente nada que ver con este conflicto.
El letrado, durante la entrevista.
Arcadio Suárez
-El caso Mascarillas generó impacto social, pero nunca comparado con otro de sus procedimientos como es el Mediador, donde defiende a Navarro Tacoronte.
-El impacto mediático de este caso Mediador fue de la mano o en paralelo con los calendarios electorales y este caso Mediador coincidió con varios. Ahí se acentúa el interés. En el momento en el que pasan las elecciones, parece que se desinfla. Esas fluctuaciones en el impacto mediático no dependen tanto en sí del procedimiento judicial sino de otros factores.
-En este procedimiento judicial, ya la Guardia Civil cerró el círculo. ¿Qué valoración hace sobre las conclusiones de los investigadores?
-El caso Mediador está sobredimensionado, quizás por eso del interés político al estar investigado un diputado nacional, esas imágenes de prostitutas, drogas que, penalmente, son irrelevantes pero sí impactan mucho a nivel mediático. La sociedad se escandaliza porque un político consuma prostitución o cocaína, se vayan de fiesta o a comer con dinero de empresarios y no con dinero público. Que a través de esas fiestas, los empresarios intentaban presuntamente ganar influencia, eso está por acreditar, pero realmente la gente sabe muy poco del fondo del caso Mediador.
Se trata de alguna irregularidad administrativa muy concreta, una sobre prescripción o sobre tratamiento beneficioso en unos expedientes administrativos, alguna donación que se había hecho, pero poco más. Si nos tenemos que centrar en lo estrictamente judicial, en el fondo lo que hay es alguna irregularidad en procedimientos administrativos. El resto lo viste, lo adorna, lo decora, lo amplifica, genera mucha alarma social, pero ya digo que cuando este procedimiento se depure en otras fases posteriores, veremos que es mucho más sencillo de lo que realmente se ha planteado en los medios de comunicación.
«El caso Mediador es un proceso sobredimensionado y caótico»
-Pero quien se ha encargado de amplificar mediáticamente el caso fue precisamente su cliente el Mediador...
-En el momento que yo asumo su defensa, una de las condiciones y, además, creo que ha sido obediente, era que se acabaran las manifestaciones públicas. A lo mejor él las hizo en un momento en el que se dejó manipular por otros intereses y no midió las consecuencias de ese comportamiento. Pero luego se cortó el espectáculo.
-Este caso ha ido creciendo en número de investigados, líneas de investigación...
-Totalmente, en el caso Mascarillas, la línea de investigación estaba muy definida, las diligencias bien orientadas, pero en el Mediador, el proceder de la instrucción ha sido anárquico. No nos olvidemos que empieza con el uso indebido de una tarjeta bancaria que acaba en archivo en el mismo juzgado de guardia, en el momento de la detención. Aprovechando un procedimiento sencillo, se va alimentando, yo creo, sin respetar las normas procesales. Eso lo he criticado ya en el procedimiento, que no se podía ampliar objetiva y subjetivamente y de manera indiscriminado. Y eso había que ponerlo en orden, tanto que está muy desordenado el procedimiento. Y es algo beneficioso luego para las defensas. Ese procedimiento, procesalmente hablando, no tiene ningún sentido hasta el punto de que se han ido abriendo otras piezas separadas, una de ellas ya transformada por los trámites del Tribunal del Jurado por hechos que, entiendo, son los mismos que se están investigando en la causa principal. Yo creo que, procesalmente, está bastante mal.
-Cualquier tipo de irregularidad procesal es muy beneficioso para la defensa.
-Como mismo le pregunté con el caso Mascarillas, ¿es inocente el Mediador?
-Me va a perdonar que le conteste con una pregunta: ¿inocente de qué?
-¿Respóndame usted?
-Es que todavía no está definida su imputación. ¿Qué hizo? Sí intervino con políticos y se le ha visto con ellos consumiendo alcohol, fiestas, prostitutas... Pero a mí me gustaría que el juzgado me dijera en qué consiste su participación y concrete la imputación. Esto ha ido creciendo, creciendo y creciendo, y se ha ido perdiendo el sentido y la esencia del procedimiento.
-Si su cliente no era una persona preparada, no formaba parte de ningún organismo, ni era empresario, ¿qué hacía en el Gobierno de Canarias?
Sobre la parte de las fiestas no debo pronunciarme, a mí el debate político no me interesa. Quizás moralmente sea reprochable, políticamente sea reprochable, pero jurídicamente es irrelevante. ¿Qué hacía con la política? Él es un mediador, una persona que se dedica a las relaciones públicas, conoce a muchísima gente y lo que hace es conectar a personas. Esa es su función. Así que creo que el título de Mediador está bien puesto.
-¿Qué perspectivas tiene con respecto al caso Mediador?
-No puedo tenerlas porque el procedimiento ha ido creciendo y creciendo. Creo que hemos perdido el objeto del proceso. Espero que se concreten y definan bien los hechos de este procedimiento y yo no lo he escondido. Considero que arranca de manera muy viciada y confío en que se declare la nulidad de todo el proceso. Estoy convencido de que así será ya que hay una irregularidad muy importante en el inicio del caso que la he manifestado. No he planteado la nulidad, como por ahí se ha dicho, porque no me interesa ahora, pero ya he apuntado y de hecho ha generado cierta controversia y mal ambiente entre los propios investigadores que se han llegado a denunciar entre ellos. Todo por cómo se gestó ese inicio del proceso, cómo se le quita el teléfono a Navarro Tacaronte.
-Es muy crítico con la magistrada diciendo que la instrucción es «caótica» o «desordenada»...
Totalmente, yo mantengo mi línea de defensa. Hice lo que tenía que hacer, que era plantear diversas cuestiones, no en la confianza de que la magistrada accediera, sino porque procesalmente, cumpliendo con la ortodoxia procedimental, tenía que plantearlo para luego tener éxito en mi pretensión. Nada más. Y sigo siendo muy crítico. Creo que el caso Mediador está muy viciado de raíz y mi principal apuesta es la nulidad de todo el proceso y creo que lo voy a conseguir.
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