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Vista de Playa del Inglés, una de las zonas donde hay más afectados por la Ley Turística. C7

San Bartolomé prevé para verano de 2025 la ordenanza para residentes en zona turística

El Gobierno canario ha de ser consultado, pero su informe no es vinculante | La Universidad de Verano analiza este fenómeno en un curso este jueves y este viernes

Gaumet Florido

San Bartolomé de Tirajana

Miércoles, 3 de julio 2024

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La ordenanza provisional que promueve el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para frenar las sanciones a los afectados por la Ley Turística podrá estar en vigor a partir del verano de 2025. Con ese objetivo trabaja el equipo técnico de la concejalía de Urbanismo, según las previsiones del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, aunque todo dependerá también de si al final este documento requiere o no de evaluación ambiental.

La propuesta que defiende San Bartolomé introducirá la compatibilidad del uso residencial en las parcelas clasificadas como turísticas en el planeamiento municipal, una fórmula que busca evitar las sanciones incoadas contra las personas que residen en complejos turísticos en explotación o que alquilan sus propiedades por su cuenta. Las multas llegan a superar los 2.200 euros y ya afectan a cerca de 400 dueños.

Marichal aclara que la normativa que aprobará San Bartolomé de Tirajana no implicará la residencialización de las zonas turísticas, como dice que ha escuchado estos días, sino la compatibilidad de uso. «La idea es que en las fichas urbanísticas de las parcelas en las que se detalle que la tipología edificatoria sea villa, casa vacacional, bungalow o apartamento se les añada una compatibilidad con el uso residencial permanente con el de segunda residencia». Esta modificación, precisa, no será posible en aquellas en que la tipología sea un hotel.

Al tratarse de una modificación urbanística, se hará de facto y se aplicará a todas las parcelas de uso turístico en las que se den esos requisitos. No requerirá de un acuerdo ni de una solicitud previa de cada complejo. Y busca no solo frenar las sanciones a los propietarios de villas, casas, bungalows o apartamentos en complejos turísticos, unos 10.000 en San Bartolomé de Tirajana, sino también «darles seguridad jurídica».

Para hacerlo posible, el Ayuntamiento ha recurrido a la fórmula de la ordenanza provisional, un instrumento contemplado en la vigente Ley del Suelo que tiene la virtualidad de modificar el Plan General (PGO) del municipio por la vía rápida y, eso sí, de forma temporal. Será el propio PGO el que, más adelante, tendrá la última palabra y el que definirá el uso para cada parcela.

Ponencias y mesas redondas sobre áreas residenciales y turísticas

Cuando aún está caliente el debate generado por esta medida iniciada en San Bartolomé, que ha sido, además, firmemente rechazada por la patronal, la Universidad de Verano de Maspalomas organiza este jueves y este viernes las jornadas 'Áreas Turísticas y Áreas Residenciales', un curso en el que precisamente se pretende analizar este fenómeno. Entre los ponentes figuran destacados expertos como Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, Carmelo León, director del Tides, el organismo que hizo un estudio sobre el impacto económico de la residencialización, o Pedro Pablo Monzón Blanco, director técnico de Planeamiento del Cabildo. En principio, no figura ningún representante de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística.

San Bartolomé ya aprobó en su último pleno declarar su tramitación urgente alegando la necesidad pública y el interés social de la normativa propuesta. La idea municipal es que en septiembre se haga la consulta al Órgano Ambiental Municipal sobre si esta ordenanza requiere o no una evaluación ambiental.

Especialización de usos

De no precisar de ese trámite, Marichal confía en llevar a pleno las aprobaciones inicial y definitiva de la ordenanza durante el primer semestre de 2025. Tras la aprobación inicial deberá ser sometida a exposición pública y se elevará a consulta de Política Territorial del Gobierno canario y del Cabildo (la consejería de Turismo no tendría voz en este trámite), informes, en ambos casos, preceptivos, pero no vinculantes, de tal forma que si estas instituciones se oponen, tendrían que recurrir a los tribunales.

El Ayuntamiento no sabe si esta medida gusta o no en el Gobierno, pero el alcalde, Marco Aurelio Pérez, recordó en el último pleno que fue precisamente la consejería regional de Turismo la que instó a las corporaciones locales a buscar una fórmula legal que frenase las sanciones a los particulares. El problema, advierten algunas fuentes, es que pidió que lo hicieran por la vía de la especialización de los usos, es decir, dando carácter residencial a los complejos que ya lo son de facto, y no por la vía de los usos mixtos.

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