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Con 19 votos a favor de PP-AV, CC y PSOE y 4 votos en contra de NC. Así es como el pleno de San Bartolomé de Tirajana dio inicio este jueves a la tramitación de la ordenanza provisional que compatibilizará los usos mixtos, residencial y turístico, dentro de una misma parcela en Playa del Inglés, San Agustín o Maspalomas, y que, al mismo tiempo, permitirá evitar las multas por residir en zona turística.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, defendió este cambio en el modelo actual «para darle identidad al destino y para poner en valor a las personas«, en alusión a las familias que residen en zonas turísticas, a muchas de las cuales el Gobierno de Canarias les ha abierto expedientes sancionadores. «No queremos crear guetos ni polígonos turísticos», enfatizó.
El acuerdo se produjo en presencia de una nutrida representación de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que acudió como público y que reaccionó con aplausos a la aprobación del punto y a las palabras del alcalde, Marco Aurelio Pérez, quien zanjó el debate sobre las posibles dudas jurídicas del expediente. «El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es soberano». Y dicho eso, invitó a ir a los tribunales a quien no le guste esta decisión. En todo caso, recordó que fue el propio Gobierno quien instó a recurrir a esta fórmula para frenar las multas.
En concreto, la sesión plenaria tirajanera aprobó este jueves la declaración extraordinaria y urgente de necesidad pública y de interés social de la ordenanza provisional municipal que clarificará la compatibilidad de los usos residenciales y turísticos. Marichal aclaró que se trata del «paso previo» a la tramitación de esa nueva normativa, concebida como una solución legal y administrativa que evitará las sanciones propuestas a los propietarios por el uso residencial de sus propiedades en zona clasificada como turística.
Entre los puntos del acuerdo figura también ordenar a los servicios jurídicos municipales la redacción de esta ordenanza provisional; la remisión al Órgano Ambiental Municipal, a modo de consulta previa, para que informe si debe darse la tramitación paralela de la evaluación ambiental estratégica para la aprobación de esta normativa; y el traslado del acuerdo a la Consejería regional de Turismo.
La idea es que en las fichas urbanísticas de San Bartolomé de Tirajana donde aparezcan las referencias 'casas vacacionales', 'villas', 'apartamentos' o 'bungalows' se señale también la compatibilidad con el uso residencial permanente o de segunda residencia, para lo que se inicia ahora esta tramitación por la vía de urgencia. Este cambio permitirá dar «seguridad» a unos 10.000 propietarios y «no va en contra del turismo», subrayó Marichal.
El portavoz de NC, Samuel Henríquez, preguntó al gobierno municipal si ha tenido en cuenta el principio de jerarquía normativa, y es que, como advirtió, hay hasta tres leyes regionales que abogan por los usos especializados en el turismo que chocarían con esta ordenanza. «Esta propuesta va en contra de la legalidad». En ese sentido, les instó «a no engañar a la gente» con una alternativa legal que, a su juicio, no tendrá recorrido. «El uso mixto no es la solución adecuada».
Tanto Henríquez como el viceportavoz del PSOE, Kevin de Paz, repararon en la contradicción de que los dos mismos partidos que impulsan esta normativa en San Bartolomé frenaran hace poco en el Parlamento de Canarias la iniciativa legislativa popular presentada en este mismo sentido por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Y De Paz incidió en la provisionalidad, unos dos años, de la ordenanza propuesta, de ahí que se preguntara por qué no se aboga por una solución definitiva vía Plan General de Ordenación.
En la misma sesión se aprobó incoar el procedimiento para la evaluación ambiental estratégica simplificada que permitirá crear el asentamiento rural de la zona Isla Jamaica, en El Salobre. Es un paso previo a la modificación menor del Plan General de Ordenación que hará posible cambiar la calificación del suelo, del actual rústico potencialmente agrícola al de asentamiento rural.
Afecta a unos 105.000 metros cuadrados, que engloba a 39 viviendas en su primera alternativa y hasta un total de 49 en la segunda, con un posible crecimiento de hasta 7 viviendas más. Asimismo, el pleno aprobó inicialmente el reglamento del teletrabajo y una modificación en el Plan de Cooperación del Cabildo para destinar 201.000 euros a la compra de 8 torretas para las playas.
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