La Policía culmina el cambio de jefatura tras el fallo del Supremo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho público el nombramiento de la jefa de la Policía Local, Carmen Delia Martín Mederos, como comisaria principal del cuerpo. La actual responsable del colectivo de seguridad se pone a la altura así, orgánicamente hablando, del otro comisario principal de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, que ostentó la jefatura del Cuerpo hasta que en 2019 fue apartado del puesto por una pérdida de confianza del gobierno local, después de que emitiera varios informes negativos relativos a la seguridad de la cabalgata y el entierro de la sardina del carnaval.

El Tribunal Supremo anuló ese cese y aunque Carlos Saavedra Brichis ya no era el mando supremo de la Policía Local capitalina -pues Carmen Delia Martín Mederos fue nombrada en 2019 como la primera jefa de la Policía Local-, sí ostentaba el rango superior, al mantenerse como el único comisario principal. Hasta esta categoría sube ahora Martín Mederos.

Su nombramiento se produce después de que el Tribunal Supremo anulara el procedimiento selectivo de 2013 que culminó, dos años más tarde, con el nombramiento de tres comisarios de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Entre ellos no estaba solo la nueva comisaria principal y jefa de la Policía Local, sino también la actual directora general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Rodríguez, que antes de ocupar ese cargo había sido designada jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria; y José Luis de los Reyes, comisario de la escala superior de la Unidad de Recursos Operativos (URO) del Cuerpo General de la Policía Autonómica Canaria.

En el Ayuntamiento siempre se ha mantenido que aunque el Supremo anuló la convocatoria para la selección de los comisarios, no se puede considerar que afectara a sus nombramientos y, por tanto, el alcance de la nulidad está limitado a la convocatoria.

Lo que decía la sentencia del Tribunal Supremo era que «en este caso, no consideramos procedente hacer en este momento pronunciamiento alguno sobre los efectos de esa anulación en el proceso que se desarrollase y en los nombramientos efectuados».

Desde la interpretación del recurrente, la invalidación de las bases sí debería tener como consecuencia la anulación de la elección de los tres comisarios, que deberían pasar de esta manera a ser subcomisarios de nuevo.

Sin embargo, la condición de subcomisario no tendría que alterar la elección de Delia Martín como comisaria principal de la Policía Local. El procedimiento judicial abierto en torno al cese de Brichis y su sustitución por parte de Martín concluyó que los nombramientos de los jefes podían recaer en cualquiera de los miembros que integran en la escala superior del Cuerpo, esto es, no solo los comisarios principales, sino también los comisarios y los subcomisarios, en cumplimiento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Así quedó recogido en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que puso el punto final a la discusión de si se podía cubrir la jefatura de la Policía Local con una comisaria (Carmen Delia Martín, en este caso), cuando había en el Cuerpo un funcionario de rango superior, esto es, un comisario principal (Carlos Saavedra Brichis).

La decisión del Alto Tribunal respecto al proceso selectivo de 2013 fue el final de un largo recorrido judicial iniciado por el jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, quien denunció las bases específicas por las que se rigió la selección de los tres comisarios por promoción interna. Armas había denunciado su exclusión del procedimiento selectivo ya que no se reservó ninguna plaza para el turno libre y él consideraba que debía haber dos.

Al final, el Tribunal Supremo consideró que el ascenso de los tres subcomisarios no fue válido porque las tres plazas no fueron incluidas en la oferta de empleo público del Ayuntamiento, si bien no criticó que el concurso se hubiera restringido a la promoción interna.

Y como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene que la decisión del Supremo no tiene más efectos que la invalidación del proceso en sí, Armas ya solicitó la revisión de oficio, por entender que el Consistorio no es competente para conservar el acto, lo que abre la vía a un nuevo recurso judicial.

En el anuncio de la designación de Martín se informa de que «consta en el expediente informe del tutor de prácticas donde se recoge la superación del curso de formación y del periodo de prácticas», que fue de 1.200 horas.

La exigencia de tutor, que debe ser un funcionario de carrera del mismo Cuerpo que el del aspirante o de otro municipio, con una categoría igual o superior, y siempre con el acuerdo de ambos, aparece en el decreto 36/2024 por el que se aprueba el reglamento que regula los criterios de selección, formación, promoción y movilidad para el personal de las Policías Locales de Canarias.

Sin embargo, esta exigencia es posterior al procedimiento de selección que ha culminado en el nombramiento de Delia Martín. De hecho, según explica el Gobierno de Canarias, las bases iniciales de la convocatoria no incluían ninguna referencia a las prácticas. Y solo en una corrección posterior se añadió el requisito de las 1.200 horas de prácticas, si bien no se dice quién debía tutorizarlas, de ahí que no se pueda exigir que sea un comisario o comisario principal.

La tradición marca, no obstante, que sea un policía el que se encargue de esta tutoría, en parte por la especificidad del cargo, en parte por la información de carácter sensible a la que puede tener acceso. El otro comisario principal, Brichis, fue tutelado por su antecesor, Javier Henríquez; y el denunciante, Isidro Armas, lo fue por Brichis.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se añade que hay sentencias que avalan la posibilidad de recurrir a funcionarios de igual rango al de un comisario, en este caso, para poder justificar la superación del periodo de prácticas y no alargar el proceso de nombramiento

El Consistorio capitalino defiende que el expediente cuenta con todos los informes preceptivos respecto al nombramiento y, en concreto, las prácticas.

En el expediente consta también los documentos de retención de crédito por importe de 29.436,92 euros para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024, tal y como recoge la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas con fecha de 2 de octubre.

• Temas
• Policía municipal
• Gobierno de Canarias
• Funcionarios
• Tribunal Supremo (TS)
• Tribunal Superior de Justicia de Canarias
• San Bartolomé de Tirajana
• Ayuntamientos