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Francisco José Fajardo y Javier Darriba
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 12 de octubre 2024, 02:00
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El escrito de la Fiscalía Provincial de Las Palmas al Juzgado de instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria por el caso Valka -que trata de esclarecer si en el Ayuntamiento operó una supuesta trama de corrupción que afecta a las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines- incluye la obra del tramo 8 de la MetroGuagua entre los contratos que deben formar parte de la investigación.
Hasta ahora se conocía que la investigación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas se había interesado por la adjudicación de cinco contratos en el marco de la implantación del proyecto de la MetroGuagua, pero en su escrito del 30 de septiembre, el fiscal detalla que se refiere al tramo 8 de la guagua exprés.
Esta obra fue adjudicada en octubre de 2022 por un importe de 3,15 millones de euros. Debía haber estado finalizada en enero de 2023, pero los imprevistos han retrasado su conclusión hasta fines del presente año. El proyecto sufrió un modificado pero no supuso ningún incremento de precios.
La investigación que realizó la Guardia Civil sí hacía mención a una reunión que tuvo lugar el 25 de junio de 2023 en la que el coordinador de la oficina técnica de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), Carlos Cabrera «volvió a presionar diciendo que tanto en esa obra como en el proyecto de implantación del tramo 8 de la MetroGuagua, el concepto de economía de obra no existe, en relación a que había que gastar todo el dinero y no hacer un informe justificando que sobraba» porque la obra iba a requerir el uso de todos los fondos disponibles, según las declaraciones de uno de los testigos recogidos en la documentación del caso Valka.
Las pruebas testificales apuntan a un supuesto 'modus operandi' instalado en Geursa, en el que «se presionaba para incrementar el coste de las certificaciones de obras, incluyendo gastos de ejecución de obra con base en modificados a los iniciales proyectos de ejecución, no siendo éstos necesarios, como medio para que el adjudicatario de la concesión o del contrato se asegurase el enriquecimiento personal, así como favores del poder, desde dentro o a través de personas interpuestas, previamente adquiridos con los responsables querellados de Geursa», recoge el escrito de la Fiscalía.
Los otros contratos que han sido sometidos a revisión fueron el de mejora de la accesibilidad del Confital y Las Canteras (que supuestamente pasó de 1,44 a 1,8 millones de euros por un modificado que fue rechazado por el ingeniero que luego sería despedido de Geursa); el proyecto de conexión peatonal entre el barrio de La Galera y el intercambiador de Tamaraceite (107.200 euros), que supuestamente se recibió sin que la obra estuviera terminada; la repavimentación de calzadas en El Lasso (132.000 euros), donde presuntamente se pagó de más 9.051,12 euros a la adjudicataria; mejora de los accesos rodado y peatonal al Lasso (202.267 euros), que se entregó sin que presumiblemente algunas unidades de obra estuvieran finalizadas de manera correcta; y el asfaltado de la parte de la Calzada Lateral del Norte en el entorno de Divina Pastora (207.535 euros), que acabó con la rescisión del contrato después de que supuestamente se fuera a entregar sin estar acabada.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, no quiso pronunciarse ayer sobre la información publicada por CANARIAS7 respecto a la imputación de Geursa por parte del juez Rafael Passaro Cabrera. «Nos pronunciaremos cuando tengamos la información a través de los órganos jurisdiccionales que corresponda», respondió a los periodistas, «difícilmente podemos pronunciarnos a través de informaciones publicadas».
Sí se manifestó a través de una nota de prensa el Partido Popular. Su portavoz, Jimena Delgado, pidió a la alcaldesa que no se realicen más encargos a Geursa mientras permanezca investigada en el marco del caso Valka.
En su opinión, la citación de Geursa en calidad de investigada se derivaría de la falta de control -de forma accidental o deliberada- para custodiar la información y expedientes urbanísticos de Geursa, a los que habría estado accediendo de forma remota un extrabajador municipal y anterior responsable de Urbanismo.
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«Si Darias necesitaba más argumentos para destituir a la gerente de la sociedad, hoy los tiene sobre la mesa», afirma Delgado, quien rememora la «pésima gestión» de esta grave crisis que la alcaldesa capitalina atesora. «Hay que tener en cuenta que cuando se conocen públicamente presuntos actos corruptos en la administración o cuando la corrupción se constata, se produce la pérdida de confianza de los ciudadanos en la administración», añade en el comunicado.
Por este motivo, desde el PP apuestan por «suspender cautelarmente» nuevos encargos del Ayuntamiento a Geursa, en tanto que se aclare el papel que la sociedad ha jugado dentro de la supuesta trama corrupta. «No tiene precedentes que una sociedad de capital 100% municipal aparezca como investigada en un caso de corrupción. Estamos sumamente preocupados y esta imputación cambia muchas cosas», prosigue.
Geursa es una empresa 100% pública «que gozaba de un enorme prestigio y que ahora está sufriendo un descrédito inmenso», según Delgado, por la «inacción» de Darias y todo su equipo. «Darias y (el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio) Roque dicen que el río de noticias conocidas sobre la investigación de la Fiscalía no está mermando el prestigio de la sociedad, pero es solo porque viven en otro mundo», enfatiza la edila del PP.
Delgado reveló que el PP ha recurrido ante el juzgado la decisión de vetar el pleno extraordinario solicitado por los conservadores en relación a la supuesta trama corrupta. «No querían que se produjera una sesión monográfica sobre el caso Valka, porque les incomoda. Por eso vetaron el pleno. Ahora será el juez quien decida, en virtud de un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, si ese debate plenario a propuesta del Partido Popular debe producirse o no», concluye.
Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, considera que la imputación de Geursa supone un «salto cualitativo que exige una profunda reflexión de la alcaldesa sobre Geursa».
Hay que tener en cuenta que Geursa es el «brazo ejecutor» de las políticas urbanísticas municipales y que en 2024 ejecutará proyectos por valor de 8,7 millones de euros, entre ellos algunos tan importantes como MetroGuagua, las viviendas sociales de Alfonso Chiscano o las de Las Rehoyas. «No podemos seguir haciendo, porque generamos un problema de desconfianza en la sociedad, como que no pasa nada», expuso el edil Suárez, «hay que adoptar decisiones que permitan retomar la confianza en esta sociedad pública con 89 trabajadores. Desde luego no ayuda cosas como convocar una Junta General en la que literalmente no se nos explicó nada de lo que sucede, más allá de alguna vaguedades y permanentes amenazas veladas a guardar la confidencialidad de lo dicho».
El concejal nacionalista insistió en que «hay que tomar decisiones respecto a la dirección de la sociedad y revisar todos los despidos que se hayan producido, en especial, aquellos sobre trabajadores que han colaborado con la justicia».
«Si no queremos abrir un camino de mayor incertidumbre, hay que depurar la sociedad y a sus cargos directivos inmersos en la posible trama, eliminar cualquier resquicio de duda sobre la legalidad de las decisiones adoptadas y garantizar mediante una investigación interna objetiva la comisión o no de posibles irregularidades».
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