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El PP entiende que el decreto ley de cambio climático es una oportunidad para la isla que, de pasar de largo, será culpa de la primera mandataria majorera. El Cabildo presenta alegaciones al nuevo texto de la Consejería de Hernández ZapataPor el rechazo del Cabildo de Fuerteventura al decreto ley de cambio climático, el Partido Popular (PP) le queda claro que Lola García «pasará a la historia como la presidenta del no a todo». Los populares parten de que Fuerteventura tiene una oportunidad para planificar junto al Gobierno de Canarias a través de este decreto ley «con la mano tendida y, si no lo hace, la primera mandataria majorera será la única responsable de lo que suponga perder esta oportunidad para nuestra isla».
Al PP le resulta «incomprensible» que desde el Cabildo se rechace el decreto ley de cambio climático que impulsa la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias que encabeza su compañero de partido, Mariano Hernández Zapata. «Hasta ahora la presidenta ha dicho que no a todos los decretos emanados del Ejecutivo autónomo sin dialogo, al contrario que otras islas, como Lanzarote que ya han definido sus zonas de aceleración de renovables que deben ser pactadas entre el Gobierno y cada cabildo insular».
Claudio Gutiérrez, portavoz del PP, defiende que lo hace el decreto ley es acortar plazos y facilitar trámites allí donde hay acuerdo para declarar Zonas de Aceleración de Renovables. «Es de sentido común que si los técnicos del Cabildo de Fuerteventura y los del Gobierno de Canarias se ponen de acuerdo en que un sitio es idóneo para instalar renovables y que allí salvaguardan todos los criterios medioambientales, podamos darle plena seguridad jurídica a quien se adapte a los lugares elegidos».
En el decreto ley, continúan los populares, también queda claro que la instalación de energía fotovoltaica en cubiertas queda autorizada como norma general. En Fuerteventura hasta la actualidad, las ordenanzas municipales contemplan el uso del 100% de las cubiertas para instalación de fotovoltaica. «Esto le viene muy bien a los ayuntamientos que no tendrán que estar modificando sus planes urbanísticos», explica Gutiérrez, «ya que no se entendería que ningún ayuntamiento fuese contrario a instalaciones renovables que no ocupan suelo». Por lo tanto, queda claro que precisamente uno de los grandes objetivos de la ley reside en «impulsar las renovables en espacios antropizados y zonas que no ocupen suelo».
Los populares enumeran que otra gran ventaja que trae el nuevo decreto de Hernández Zapata para los cabildos es que pueden pedir al Gobierno de Canarias que se aprueben Proyectos de Acción Climática, con los que tendrán declarado el interés general en aquellas obras necesarias para adaptarse a los efectos del cambio climático. Así se le agiliza el trámite y no tienen que estar modificando sus planes territoriales, informan los populares.
Sobre el decreto ley «no hay tiempo que perder» por varias razones, entre otras, que existe una emergencia climática y los efectos del cambio climático no esperan. También emergencia energética lo que conlleva un alto riesgo de apagones, «por lo tanto necesitamos más energía».
Otra razón es el compromiso de penetración de renovables: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima nos compromete a alcanzar un 58% de penetración de renovables en 2030. Actualmente estamos apenas en un 20%., existiendo en Fuerteventura una penetración del 18% de Renovables. Con las herramientas de la ley anterior, «nunca alcanzaríamos la velocidad necesaria. En definitiva, no podemos permitirnos otro proceso legislativo que se eternice.
El rechazo de la presidenta majorera Lola García al decreto ley de cambio climático se basa en que probablemente haya previstas en Fuerteventura más infraestructuras energéticas que en el resto de las islas juntas. «Más de medio centenar de instalaciones que salpicarán la isla de norte a sur, con el daño paisajístico y medioambiental que esto supone para el modelo de isla que queremos y para todos los que aquí vivimos».
El texto de Hernández Zapata, prosigue el Cabildo, vulnera la autonomía de los gobiernos locales e insulares, concretamente las competencias en planificación y ordenación.
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