La plataforma de atención temprana, «harta» de que no se cumpla la ley

El grupo de trabajo de la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia (Patdi-Canarias) anunció ayer su «dimisión» por el «hartazgo» que les produce el incumplimiento reiterado de la ley por parte del Gobierno de Canarias.

«Nos reunimos en noviembre con el presidente, Fernando Clavijo, y tres de sus consejeros. Faltaba por cumplir la creación de las 11 unidades de atención temprana con sus equipos específicos. Crearon el otro día la que faltaba en Lanzarote sin contratar al personal. Y eso era un compromiso de la anterior legislatura. Aún falta la falta la tercera unidad en Tenerife, en el sur, que no sabemos por qué está bloqueada y ni se sabe para cuándo está prevista. Y el Plan Integral de Atención Temprana nos dijo el presidente que tenía que estar para junio porque si no, no entra en los presupuestos. Un plan que se tenia que haber entregado en 2020», lamenta uno de los portavoces de la plataforma, Miguel Llorca.

La atención temprana es un conjunto de terapias que requieren los niños y niñas menores de seis años con trastornos del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDH), epilepsia, retraso madurativo, o espina bífida entre otros, o riesgo de padecerlos.

Además, continúa Llorca, «se nos dijo que la única forma de cumplir es externalizando los servicios, privatizándolos. Pero nosotros defendemos la sanidad pública. Esto no va con nosotros. No vamos a ser partícipes y cómplices de una historia que no compartimos. Ya está bien. La ley se tiene que cumplir», reinvindica Llorca.

Patdi denuncia que el Gobierno está obviando el cumplimiento de la ley repartiendo «becas» que no dan «para cubrir la necesidad de los pibes, pero con las que pueden ir a un gabinete privado».

«Con una beca de 1.600 euros al año te da para cuatro o cinco meses en un gabinete mientras las listas de espera siguen aumentando. En Tenerife por no abrir la tercera unidad ya tardan un año para citar al niño. Y después lo ven cada quince días y en cuanto se escolariza le dan el alta. Quien no tiene recursos se queda atrás. No progresa. Se está hipotecando su futuro. Cuando se interviene los chiquillos avanzan, y en el que no se interviene pues se queda estancado y terminan derivándolo a aulas enclave, modalidades segregadoras, pero no avanzan tanto como con atención temprana», critica Llorca.

El grupo de trabajo de Patdi abandona la primera línea, dice Llorca, porque aunque se quedaron cuando sus hijos e hijas o nietos y nietas superaron los seis años, periodo en el que finaliza la llamada atención temprana, ya están cansados de que «no se pongan los recursos». Les dijeron que «iban a crear un equipo específico de detección. Y no lo han hecho. Han abierto la unidad de Lanzarote, sí, que llevaba mucho tiempo de retraso, pero sin equipos. Y sí, que los comedores escolares para aula en clave y centros específicos ya no se pagan, pero es que estaban cobrando por un contenido que se tiene que trabajar, es como si te cobraran por recibir las clases de matemáticas. Esos son los puntos que nos podrán decir. Pero la ley no se cumple», abunda.

Llorca recuerda, además, que todas las iniciativas que se han llevado al Parlamento las redactan ellos. Que incluso fueron quienes redactaron la ley de atención temprana, que se aprobó «por unanimidad» sin apenas cambios consustanciales. Y que allí donde van logran la unanimidad, pero después no se avanza. Queda muy bonito levantar la mano allí [en la Cámara canaria], pero es un escaparate para mostrar que si si, estamos trabajando por la atención temprana», se queja.

Coincidiendo con la celebración el próximo domingo 16 de junio del Día Nacional de la Atención Temprana, la plataforma Patdi en Canarias ha querido recordar que desde 2019, fecha en la que se aprobó la ley que suponía «una ventana de esperanza» para los niños y niñas con necesidad de atención temprana, no se ha implementado. De las 11 unidades acordadas falta una por abrir pero ninguna cuenta con todo el personal. Según Patdi las islas deberían llegar a 20 en esta legislatura para dar cobertura a las necesidades actuales: cinco unidades en Gran Canaria y otras cinco en Tenerife, tres en Lanzarote y tres en Fuerteventura, dos en La Palma y una en El Hierro y otra en La Gomera.

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