Elisa de la Nuez

Abogada y secretaria de Hay Derecho

«Estamos erosionando las reglas del juego»

- ¿Ha habido algún momento desde la Transición en el que la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo por un lado y el judicial por otro sea tan conflictiva?

- Creo que no. Tensiones siempre las ha habido pero el grado de enfrentamiento ahora es muy alto. No es algo que pase solo en España. Y los problemas estructurales debido a la politización ya estaban antes. Se veía en la composición del Consejo General del Poder Judicial o las tensiones por algunos nombramientos.

- Tampoco es un consuelo que ocurra en otros países.

- Para nada. Creo que es el signo de los tiempos. Surge de la idea iliberal de que los jueces deben tener restricciones cuando controlan a los poderes democráticos. O que todo lo que dice el Parlamento está bien y no debe ser sometido a ningún control. Sucede que ahora se habla con más desenvoltura de todo esto. No hay más que ver lo que dice Trump.

- ¿Cuál es la raíz del problema?

- Las democracias liberales están en crisis en cierto sentido porque se cuestionan principios muy básicos, como el del control de unos poderes por otros. Lo de EE UU es muy preocupante. ¿Por qué pasa? La impresión es que los ciudadanos entienden que se necesitan líderes fuertes y eso lo traduce el dirigente de turno, sobre todo si es un poco populista, en que nadie le puede supervisar ni exigir responsabilidades. Y esa es una idea contraria a la democracia liberal.

- Por otro lado, las encuestas dicen que los españoles confían poco en la Justicia.

- La imagen general es así. Pero los usuarios de la Administración de Justicia no tienen esa percepción. Hay un clima político y mediático que incentiva esa mala imagen. Si todo el día estás oyendo o leyendo que los jueces son conservadores o que la Justicia está completamente politizada los ciudadanos terminan asumiéndolo. Es injusto, porque el foco está puesto en un grupo muy pequeño, quizá no pase de treinta o cuarenta jueces, de un total de más de 5.000.

- ¿Cuándo empezó ese deterioro de la imagen? Ya han pasado muchos años desde que un consejero de Justicia vasco participó en una manifestación contra una decisión judicial.

- Fue hace mucho, sí. Y el comienzo fue a cuenta de decisiones sobre asuntos de los partidos. Durante mucho tiempo ha habido una labor de zapa hacia los jueces que han intentado hacer su trabajo. Y como no ha pasado nada, como no ha habido rechazo a esa actuación ni ha tenido trascendencia política ni electoral, otros han ido animándose hasta llegar a lo de ahora. Era inevitable que sucediera. Lo primero es desprestigiar a un juez o a un tribunal, y como no pasa nada desde ahí se llega hasta el punto de decir en el Parlamento que hay una derecha judicial que quiere dar un golpe de Estado. Y no lo hace solo un partido, sino que lo hacen todos, en mayor o menor medida.

- Algunos jueces hacen poco por mantener una imagen de independencia. Por lo que dicen en público y por lo que escriben en algunas sentencias. ¿Qué peso tiene en ese deterioro?

- Hay comportamientos judiciales que dan que pensar. Con que haya tres o cuatro jueces que lo hagan, el daño a toda la magistratura es tremendo. Y también estos jueces han subido el tono. Lo que sucede es que hay muchos magistrados que tienen cuenta en las redes sociales y ahí se manifiestan con libertad. No es que yo quiera negársela, pero lo que dicen tiene un carácter distinto al que tendría si lo dijera un ciudadano al margen de la Justicia. Eso pone en riesgo la apariencia de imparcialidad. Aún hay más: existen jueces que creen que son la última trinchera del Estado de Derecho. Y así el fenómeno se retroalimenta.

- Un círculo vicioso.

- El poder judicial no es sospechoso pero algunos arrojan sospechas sobre todo el colectivo. Con un tema de fondo que no podemos olvidar. Algunas actuaciones no deberían tener consecuencias judiciales pero sí políticas. Pero como hay resistencia a asumir esa responsabilidad política, ciertos temas se llevan al terreno penal. No debería ser así porque eso además contamina mucho la relación entre poderes. Luego está la acción popular, que tiene también su agenda política.

- Las decisiones judiciales pueden ser objeto de crítica. ¿Cómo se separa ese legítimo derecho del ataque directo a los jueces?

- Está fijado por los estándares europeos. Lo legítimo es la crítica a la resolución. Nunca la personalización ni mucho menos el señalamiento de un juez. Quien va a decidir si algo es delictivo o no es el juez. Es el sistema que nos hemos dado, de la misma forma que el Tribunal Constitucional decide si algo que sale del Parlamento se atiene o no a la Constitución. Si no está para eso, nos sobra. De ahí que me preocupe esa idea que sostienen algunos de que lo que sale del Parlamente necesariamente está bien. Vivimos en un sistema de controles y me preocupa que eso ya no se considere algo básico y se puedan decir barbaridades de los jueces o del Constitucional cuando dictan algo que no gusta. Estamos erosionando aspectos básicos de las reglas del juego.

- Desde hace un tiempo hay una campaña por parte de grupos que plantean un cambio en el sistema de acceso a la carrera judicial. ¿Qué opina de ello?

- Los argumentos de quienes sostienen la necesidad de ese cambio se modifican con el paso del tiempo. Han hablado de que los jueces son en su mayoría hijos de jueces, o de que son descendientes de familias de clase alta… Y no es así. Quieren llevar a la ciudadanía a la convicción de que los jueces son una casta de privilegiados para concluir que el poder judicial no es suficientemente democrático.

- Los más radicales piden un sistema como el que acaba de implantarse en México.

- Cuando a los jueces los elige el pueblo, y el pueblo ya sabemos quién es para ellos y quién lo mueve, el caudillo que lo controla todo, estamos en el camino de la desaparición de la democracia liberal. Una vez que los jueces no son profesionales independientes y le deben su puesto al poder ejecutivo has acabado con el Estado de Derecho tal y como lo conocemos. En ese momento ya no hay una posibilidad real no solo de controlar al poder sino de tener una justicia imparcial y profesional.

- ¿Cree posible que eso pueda suceder aquí?

- Las voces en ese sentido son preocupantes pero aún minoritarias. Y creo que estar en la UE protege porque existen unos estándares sobre lo que se entiende por una justicia independiente. La UE no se mete con el proceso de selección pero sí dice qué es lo que tiene que resultar de eso. Y las propuestas que se oyen no van en esa dirección. Pero hacen daño porque arrojan sospechas sobre el poder judicial, que por otra parte también tiene muchas cosas que cambiar. Otra cosa es que a día de hoy, más allá de alguna decisión extravagante, es un poder judicial razonablemente profesional e independiente.

- En cuanto un juez empieza a investigar a alguien relevante de un partido o vinculado familiarmente de inmediato comienza una indagación en algún medio sobre la vida y la trayectoria de ese juez. ¿Cómo se ve eso en el mundo de la justicia, más allá incluso de los jueces?

- Los jueces lo ven con mucha preocupación, pero también lo percibimos así todos los agentes que trabajamos en el ámbito jurídico. Esto revela que los medios también juegan con esto, por ejemplo cuando destacan resoluciones que no les gustan pero en cambio no dicen nada cuando el mismo juez o el mismo tribunal dictan otra que sí coincide con lo que esos medios han defendido.

- Algunos jueces y tribunales son acusados de adaptar sus decisiones referidas a políticos o familiares al calendario que les hace más daño. ¿Lo cree también?

- Las cosas no funcionan así. Yo sé desde hace tres meses cuándo habrá una resolución sobre un caso que llevo. Luego, cuando se produzca, alguien buscará una interpretación sobre por qué esa fecha. Hay una lógica interna de los procesos y no le niego que puede haber algún caso en el que eso suceda pero en el 99% de ellos no pasa. Hay mucho mito en torno a eso. Mi experiencia como abogada es que la lógica procesal rara vez tiene que ver con la política y la mediática.

- ¿Existe el 'lawfare'?

- El concepto viene de Sudamérica, donde la única forma de hacer que cese un cargo con responsabilidad política en algo es plantear una querella y que acabe en la cárcel, como ha pasado en varios casos. Eso dice mucho de su nivel democrático. Nosotros no estamos ahí pero el hecho de que se trasponga el concepto apunta a que algunos partidos piensan que puede haber algo parecido. Y desde luego expresiones escasamente afortunadas de algunos jueces y del expresidente Aznar con aquello de que «cada uno haga lo que pueda» propician que pueda verse así. Pero creo que en España eso de montar un proceso judicial para terminar con la carrera de alguien no pasa en absoluto.

- Pues no pocos lo piensan.

- Incluso en casos como el que lleva el juez Peinado, que pienso que está haciendo una instrucción extravagante, por decirlo con elegancia, no creo para nada que estemos ante un caso de 'lawfare'. En el poder judicial no están por acabar con la carrera de nadie. Otra cosa es que si te enfrentas a un caso de corrupción importante eso pueda suceder; puede que incluso debiera haber sucedido antes, en buena lógica política. ¿Es 'lawfare' que Mónica Oltra o Francisco Camps tuvieran que dimitir? Son casos de clara responsabilidad política. Pero es la consecuencia de un procedimiento y de la resistencia de los políticos a aceptar esas responsabilidades. Es como si una querella contra Mazón lo obligara a dimitir… Ahora, el término se ha popularizado y eso, en parte, como le decía antes, está alimentado por expresiones muy desafortunadas de algún líder de la derecha, que pueden llevar a que haya quien lo piense.

- ¿Las leyes que se aprueban en la actualidad son técnicamente peores que las de hace digamos veinte años?

- Muchísimos peores. Primero, por las prisas por solucionar problemas a golpe de BOE. Se hacen por trámite de urgencia, por la vía de la proposición de ley y eso quiere decir que no pasan un montón de garantías y se prescinde de informes… Lo que se hace es un procedimiento mucho menos garantista porque se quiere aparecer en la foto diciendo que había un problema espantoso y ya está solucionado. Las posibilidades de que eso salga mal son enormes. Y segundo: la poca reflexión a medio plazo sobre asuntos muy complicados que deberían regularse mediante procedimientos largos y acuerdos transversales.

- ¿Y la práctica cada vez más frecuente de utilizar el decreto ley?

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- También. En ellos se mete de todo y hay que convalidarlos corriendo. Definitivamente sí, tenemos mucha peor calidad técnica en las leyes y hay numerosos ejemplos. La ley del 'sí es sí' es un caso claro. Pero incluso hemos presenciado cómo el BOE, y esto no lo habíamos visto nunca, publica en el mismo día dos modificaciones contradictorias de la misma norma. Son fallos estrepitosos que te llevan a preguntarte cómo es posible que no hayan pasado por unos controles que supuestamente están para evitar eso.