748.000 personas en exclusión social: «Es impensable no tener un pacto contra la pobreza en Canarias»

748.000 personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en las islas. 215.000 de ellas en «pobreza severa», el 9,7% de la población. Son las cifras del 14º informe 'El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2023' que elabora la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Canarias) y que presentó este martes Fernando Rodríguez en el Parlamento canario. «Resulta impensable cómo es posible que en Canarias tras 14 años presentando los datos de pobreza, que siempre estamos a la cabeza con Andalucía y Extremadura no tengamos un pacto por la lucha contra la pobreza y la exclusión social», dijo.

La tasa Arope, que mide teniendo en cuenta varios indicadores el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, «se reduce por tercer año consecutivo en las islas, pero no es suficiente para reducir las tasas de pobreza». De hecho, continuó, el archipiélago en la segunda comunidad con más personas en riesgo de pobreza y exclusión social. El 33,8% de la población de las islas, una de cada tres personas. «Hay un descenso paulatino, muy lento y no suficiente para llegar a reducir tasas de pobreza. Es un dato agridulce, se reduce, en 2,4 puntos con respecto al año anterior, pero Canarias sigue muy lejos» de la media nacional, que se sitúa en el 26,5%, lamentó.

Rodríguez puso de relieve que sigue «aumentando la brecha» entre las comunidades del norte y del sur de España, pero también entre los países del norte y sur de Europa. «Si Canarias fuera un país seríamos el segundo con la tasa de pobreza más alta», afirmó.

Además, estas cifras alejan al archipiélago de cumplir con los objetivos de la agenda 2030 que eran «rebajar la cifra a 591.951 personas en riesgo de pobreza y exclusión social, pero estamos en 747.761».

Uno de los «datos más concluyentes» del informe, dijo Fernando Rodríguez, es que el 65% de la población en Canarias «experimenta dificultades para llegar a final de mes» es «más de la mitad de la población» del archipiélago, «Para 1.440.000 personas es las islas su renta media no es suficiente, son 16,3 puntos por encima media nacional«. En este indicador, dijo, Canarias «nunca ha abandonado el primer puesto siendo la comunidad autónoma con el índice más alto y ha aumentado en 3,1 puntos», aseguró.

Además, el 19% de la población en las islas «tiene retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, 420.000 personas, lo que supone siete puntos por encima de la media nacional y la comunidad con el indicador más alto» y que da cuenta «de la situación de crisis habitacional que ahora se esta sufriendo en España y especialmente en Canarias y que tiene un impacto importante en la población en general y en la más vulnerable». También el 14,7% de la población en las islas «tiene problemas para hacer frente al pago de consumos básicos como la electricidad, el agua, el gas o la conexión a internet. Son 325.000 personas, cinco puntos por encima de la media, y el 27,6% está en situación de pobreza energética», añadió.

En este informe, dijo Rodríguez, se repiten datos del año pasado en referencia a la feminización de la pobreza y la pobreza infantil. «Es un problema estructural. 394.00 mujeres estén en riesgo de pobreza o exclusión social, el 35,2% de población y 3,2 puntos porcentuales por encima de los hombres. Y, por edad, se repite casi el mismo dato. La pobreza infantil se mantiene en cifras insoportables afectando al 44,5% de la población menor de 18 años, 158.000 personas».

Rodríguez explicó que las medidas como el ingreso mínimo vital o la renta canaria ciudadana han evitado que 382.000 personas «cayeran en la pobreza» en las islas. «Son medidas que han ayudado a que se reduzca o por lo menos a que no aumente tanto». Pero señaló que Canarias necesita medidas estructurales, no de «choque», que pidió avanzar en ese sentido. En ese contexto pidió un «pacto por la lucha contra la pobreza y exclusión social» que no podrá afrontarse si no hay colaboración», debe ser «un acuerdo amplio y a largo plazo» que logre «mejorar la implantación de mecanismos como renta canaria o el ingreso mínimo vital. No se pueden convertir en medidas de urgencia, tienen que ser de carácter estructural» como añadir complementos «a la infancia, a la vivienda» etcétera.

«Es necesario intensificar las políticas de protección social», abundó, «hay que abandonar las medidas de emergencia coyunturales para amortiguar y pensar en medidas estructurales a largo plazo que se consoliden como derechos sociales», reclamó.

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