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Canarias está ya «en tiempo de descuento» para cerrar un acuerdo con el Estado y que se pueda modificar la Ley de Extranjería y establecer la obligatoriedad de todas las comunidades autónomas de tutelar un cupo de menores migrantes no acompañados. Para el archipiélago es «urgente» que este pacto se pueda alcanzar antes del verano ya que, con esta época de calmas en el mar, se produce una mayor llegada de pateras y cayucos y que, según el Ejecutivo, podría duplicar el número registrado el año pasado cuando alcanzaron las islas 40.000 personas .
El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, reiteró este lunes que la modificación normativa permitirá la distribución «obligatoria» de los menores migrantes entre todos los territorios de España, una vez constatada que la «solidaridad ha fracasado», apostilló una vez más.
Para la comunidad autónoma es «necesario que salgan 2.500 chicos» hacia la península «de manera urgente» como única vía posible para darles la atención que precisan y un trato digno. Según el acuerdo alcanzado con el coordinador de la Comisión interministerial en materia migratoria y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Canarias asumiría la acogida de 3.000 niños migrante no acompañados y, a partir de esta cifra, la reasignación se tendría que llevar a cabo en un plazo de 15 días.
Puntualizó Cabello que en esta legislatura se ha pasado de 24 a 80 centros de acogida, pero «no se pueden tener los recursos siempre al 110%» por lo que abogó por «destensionar» el sistema.
A su juicio, existe «conciencia» por parte del Estado de la situación y aseguró que «no ha hecho dejación de funciones», pero aunque se continua negociando para intentar alcanzar el acuerdo lo antes posible, es un asunto «con muchas aristas y muchos flecos» en el que están implicados varios ministerios y, por tanto, es muy complejo.
El portavoz descartó que haya comunidades que decidan no acoger a los menores que se les asigne. «No me cabe en la cabeza que no cumplan la ley», igual que no se plantea un escenario distinto a que el Congreso apruebe el cambio normativo. En igual sentido, se manifestó a favor de continuar avanzando en un acuerdo con el Estado y aseguró que Canarias no se plantea una negociación «unilateral» con las distintas comunidades.
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