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El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Alberto Pazos, y el exsecretario general técnico de Sanidad y exasesor de esta Consejería, Tomás Morales, responsabilizaron a la Dirección General de Recursos Económicos -entonces ocupada por Ana María Pérez- de la gestión de los contratos de material sanitario durante la pandemia porque en este órgano, dijeron, se centralizaron las compras.
Ambos exaltos cargos comparecieron en la comisión que investiga en el Parlamento de Canarias el caso Mascarillas, a la que también acudió Pérez, que sin embargo se acogió a su derecho de no declarar «porque estoy siendo investigada en un proceso penal sobre estos mismos temas y asuntos», dijo.
Pérez está acusada de prevaricación por la compra de mascarillas a RR7 - una empresa que no tenía relación con el sector sanitario- por cuatro millones y que nunca llegaron al sistema sanitario. Por este caso también está imputado el exdirector del SCS, Conrado Domínguez.
Alberto Pazos solo estuvo dos meses al frente del Servicio de Salud y fue sustituido por Domínguez, que en ese periodo aún era coordinador del comité de expertos.
Durante su gestión, respondió, supo que éste se reunía con empresas y hacía propuestas para contratarlas, pero nunca habló con él. En aquel momento, al principio de la pandemia, Pazos aseguró que no se vio en la necesidad de hacer gestiones para contratar material sanitario porque el stock todavía era suficiente.
En su etapa como director del SCS asistió a «cuatro o cinco reuniones» del comité de emergencia pero, tal como apuntó, en este espacio no se debatía a qué empresas contratar y señaló que solo conoce a RR7 por la prensa.
Además, puntualizó que las compras estaban centralizadas en la Dirección General de Recursos Económico, pero indicó que dada la situación de emergencia que se vivía, «se compraba al que pasaba por la puerta».
Por su parte, Tomás Morales, que actualmente está contratado por la Cámara regional como asesor del grupo Socialista, subrayó que cuando se firmó el contrato con RR7 se encontraba ejerciendo como director de Salud de El Hierro, pero subrayó que la gestión de las compras estaban en manos de Recursos Económicos, que dirigía Ana María Pérez.
Apuntó que la secretaria general técnica era la actual viceconsejera de Empleo, Isabel de León. Además, indicó que no tuvo contactos ni con Domínguez ni con el presidente, Ángel Víctor Torres. Ante estas afirmaciones, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, señaló que «si no tiene vinculación con el caso, no sé por qué está aquí».
En su opinión, los órganos de contratación «estaban claros» y las decisiones al respecto eran responsabilidad de Recursos Económicos. Tras explicar que el comité de gestión y el comité de expertos se crearon para disponer de mayor flexibilidad ante el «ineficaz» comité ejecutivo sanitario existente, apuntó que en aquel momento, y atendiendo a la situación de emergencia, «si te dicen que tienes las mascarillas en 24 horas o tres días, lo temerario era no cogerlas».
A pesar de su intención manifestada de no declarar, la mayoría de los portavoces parlamentarios hizo sus preguntas y comentarios a la exdirectora general de Recursos Económicos Ana María Pérez, que acudió con letrado a la comisión de investigación del Parlamento de Canarias.
Así, el portavoz del Grupo Popular, Fernando Enseñat, expresó que no compartía que se acogiera a su derecho de no hablar porque «tiene la responsabilidad moral de aclarar lo que pasó con los presuntos delitos e irregularidades» en la compra de material sanitario durante la crisis sanitaria.
En su opinión, «sería importante que hablara porque la quieren coger de cabeza de turco», para agregar que «le echan la culpa porque es el eslabón más débil de la cadena».
Por su parte, el parlamentario de Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estébanez -que coincidió con Enseñat en que la exdirectora general tiene la «obligación moral» de declarar-, indicó que «para bien o para mal», Pérez ha sido una «pieza clave y necesaria para que el engranaje funcionara», aunque no fuera quien tomó las decisiones.
Por eso, le instó a que «reflexione» sobre «quien va a pagar», una vez constatado que en el caso Mascarillas «alguien metió la mano». Ambos portavoces recordaron que de unos 80 millones contratados durante la pandemia, en torno a 22 están cuestionados.
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