El tratado de alta mar

Este Tratado internacional se acordó en la ONU el 19 de junio de 2023, abriéndose a la firma el 20 de septiembre de ese mismo año y siguiendo el procedimiento habitual, entrará en vigor 120 días después de que reciba 60 ratificaciones de los 193 Estados miembros actuales de las Naciones Unidas. Según la última información, hasta el momento lo han firmado 92 países como demostración de voluntad e intención de ratificarlo (ya ha sido ratificado por ocho).

En el marco de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión lo firmó en septiembre de 2023, elevando en octubre al Consejo la propuesta para la ratificación, que fue aprobada en junio del presente año. Por lo que la Unión está en condiciones de depositar formalmente el instrumento de ratificación para tratar de dar cumplimiento al compromiso antes de la próxima conferencia de la ONU sobre los océanos en junio de 2025 (fecha límite para la ratificación).

Paralelamente en septiembre 2023 el presidente del Gobierno español firmó el BBNJ, en el semestre en que España ejercía la presidencia del Consejo de la Unión Europea, aprobando el Consejo de Ministros, el 9 de julio del actual año remitir a las Cortes el Tratado para hacer posible su ratificación.

Se ha de recordar que este 'histórico acuerdo' (según un amplio consenso de la opinión internacional), establece un marco legal bien estructurado para todas las actividades en el océano y mares más allá de la Zona Económica Exclusiva ZEE de jurisdicción de los estados ribereños, indicando que:

Una vez ratificado se abordarán las cuestiones intersectoriales, se establecerá el mecanismo de financiación y los arreglos institucionales necesarios para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina, mediante la aplicación efectiva de sus disposiciones y por fomento de la cooperación y coordinación internacional, lo que incluirá la conferencia de las partes, los órganos subsidiarios necesarios, el mecanismo de intercambio de información y la secretaría.

Todo ello para poder abordar las cuatro cuestiones principales del Tratado (Gestión de los recursos genéticos marinos, incluida la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso; medidas como herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas; estudios de impacto ambiental; fomento de la capacidad y transferencia de tecnología marina) y promover la consecución del primer objetivo de proteger el 30% de la superficie marina en 2030 (objetivo 30/30).

El proceso 'va bien' y marchando a un buen ritmo, consiguiendo (si se van terminando de confirmar las aprobaciones comunicadas hasta el presente) un número de ratificaciones muy por encima del mínimo necesario.

El Tratado contiene previsiones de la mayor importancia, pudiendo valorarse de forma particular y concreta. El valor y significado de cada una de ellas puede entenderse revisando el largo y difícil camino que se recorrió para llegar al último y definitivo acuerdo de compromiso, pero sin duda hay un indicador clarísimo de la importancia del acuerdo y es que su ámbito de aplicación alcanza prácticamente a la mitad de la superficie del planeta.

No se debe mantener fuera de atención que, mientras el Tratado se formaliza, organiza y avanza hacia su pleno funcionamiento, todas las ZEE de los océanos jurisdicción nacional no necesitan esperar por el Tratado para tomar las medidas necesarias con las que contribuir de forma efectiva al objetivo acordado de conservación y protección del 30% de la superficie del océano en 2030 (objetivo 30/30).

En España se viene trabajando en diversos proyectos con financiación pública nacional y europea, para dar el soporte científico necesario en la delimitación de espacios y al establecimiento de las medidas de protección y gestión a fin de que la protección pueda ser efectiva.

En esta dirección y con el impulso de los compromisos adquiridos con la Unión Europea (la Orden tenía como finalidad inmediata dar cumplimiento al objetivo número 67 correspondiente al componente 4, inversión 2 (C4.I2) del anexo revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo CID,Council Implementing Decision), relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de España (PRTR), que establece la protección del 15% de la superficie marina bajo jurisdicción española antes del 31 de diciembre de 2023.

El pasado 30 de diciembre se aprobó la propuesta para la inclusión de seis nuevos espacios marinos protegidos en la lista de lugares de importancia comunitaria LIC de la Red Natura 2000 española. Dos de esos seis espacios están situados en Canarias: Montes submarinos del suroeste de Canarias y Montes submarinos del noroeste de Canarias. En ambos casos, el objetivo común de protección es:

Las comunidades profundas de arrecifes de agua fría, un tipo de hábitat de interés comunitario identificado como: «1170 arrecifes caracterizados por la presencia de especies longevas con una dinámica poblacional lenta y muy sensible al impacto de la actividad antropogénica»A ñadiéndose al LIC del noroeste como objetivo de protección la tortuga boba (Caretta caretta), ya que el área también esta caracterizada como sensible, por ser zona de concentración oceánica y corredor de tránsito.

Los espacios incluidos en esta orden permiten (según las aproximaciones iniciales) pasar de un área con protección del 12% en España antes de la publicación de la Orden, a prácticamente el 21%, lo que permitió cumplir con los compromisos con la UE (que era llegar al 15%) y sitúa el proceso nacional cerca de poder alcanzar el objetivo 30/30.

Es importante señalar que, la gestión adecuada de los espacios protegidos en general es difícil y cara (en el medio marino más), por lo que es imprescindible que las poblaciones concernidas geográficamente también lo sean por la asunción de los objetivos, para lo que es imprescindible la vinculación a través del conocimiento y la participación, desde las evaluaciones previas hasta las propuestas y finalmente a largo plazo con la gestión de los espacios.

Los últimos dos LIC aprobados en Canarias, de dimensiones enormes, no han suscitado la menor atención, ni a favor ni en contra, ni antes ni después de la propuesta y son sin duda un ejemplo característico de lo que se debe evitar. En la misma dirección, se puede referir el rechazo inicial de la población de la isla de El Hierro en relación con la propuesta del Parque Nacional (marino) que requiere ahora un sobresfuerzo de importancia para conseguir el alineamiento de voluntades.

Es imprescindible una labor continuada y permanente de información, divulgación, formación y generación de criterios entre los ciudadanos para conseguir estabilidad y sostenibilidad en la protección de los espacios, tanto marinos cómo terrestres. En este tipo de procesos se ha de poner de relieve los beneficios ambientales y los socioeconómicos, con especial atención a su localización desde lo más próximo a lo global.