Opinión

El gobierno canario ningunea al 20a

Con el obligado paréntesis que supuso el confinamiento por la pandemia de la Covid 19, el turismo no ha parado de crecer en el mundo en las últimas décadas, empujado por los viajes aéreos de compañías de bajo coste y por la proliferación de las viviendas vacacionales, con precios inferiores a los clásicos establecimientos hoteleros. Lo que produce un impacto más allá de las zonas turísticas clásicas, gentrificando las ciudades, dificultando el acceso a la vivienda en muchos barrios y acabando incluso con su comercio tradicional.

Por supuesto que el turismo genera una muy importante actividad económica y numeroso empleo en nuestra tierra. Y que su impacto se traslada positivamente a otros sectores, como el comercio o el sector primario; y con seguridad seguirá siendo en el futuro un sector determinante de nuestra economía. Y, asimismo, que en este siglo XXI se ha venido produciendo un incremento de la calidad de la oferta y una mayor diversificación de esta (deportiva, cultural…).

Pero no se deben ni pueden obviar sus significativas disfunciones que generan graves impactos: en el acceso a la vivienda, el comercio local, las infraestructuras, los servicios públicos, el transporte y la movilidad, la producción eléctrica y de agua, el tratamiento de residuos… Y en un empleo con bajos salarios y con condiciones laborales manifiestamente mejorables. Así como en su notable influencia en el insostenible crecimiento demográfico.

No es la primera vez que la sociedad canaria abre un debate sobre el turismo. Ya ocurrió a comienzos de este siglo XXI, con una amplia participación social (partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, cabildos y ayuntamientos, universidades, colectivos ecologistas, colegios profesionales…) e impulsando desde el Gobierno la Ley 6/2001 de medidas urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, más conocida como moratoria. Una ley que permitió desclasificar 400.000 camas turísticas, entre ellas las 20.000 de Veneguera, cuya protección quedó definitivamente blindada en la ley 6/2003 de declaración de su barranco como espacio natural protegido.

Una moratoria que se encontraba perfectamente articulada en sus aspectos jurídicos, por lo que no costó ni un solo euro a las arcas públicas canarias: todas las demandas presentadas por distintas empresas fueron falladas en los tribunales favorablemente al Gobierno de Canarias.

Ese proceso quedó culminado con la aprobación unánime por el Parlamento de Canarias de las directrices de ordenación del Turismo en abril de 2003. Estas planteaban no ocupar más territorio, apostando por la renovación de la planta alojativa obsoleta; actualizar y mejorar las ciudades turísticas; diversificar y cualificar la oferta; o la formación permanente del personal. Incluyendo, asimismo, limitaciones durante un trienio al crecimiento turístico en las islas turísticas. Coinciden en buena medida con muchas de las propuestas que hoy se plantean. Lamentablemente las directrices fueron derogadas, de facto, por gobiernos posteriores. Lo que, sin duda, ha contribuido a que hoy se repitan algunos problemas del pasado y se reabra nuevamente el debate.

Dos décadas después -con 16 millones de visitantes anuales y un crecimiento poblacional de más de 560.000 personas en lo que va de siglo- vuelve a ser necesaria la reflexión y la toma de decisiones. Para fortalecer a nuestro principal sector económico. Para que sea un aliado de un modelo de archipiélago sostenible en el marco de una sociedad desarrollada, equilibrada y con altos niveles de equidad. Para lograr que sea percibido, hoy y mañana, como una solución y no como un problema por la inmensa mayoría de la sociedad canaria.

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) hemos propuesto alcanzar un gran Acuerdo Canario por un Turismo Sostenible, que defina las líneas maestras del desarrollo del sector en las próximas décadas. Nos parece imprescindible tomar decisiones para su sostenibilidad avaladas por el más riguroso análisis previo y que dispongan del mayor consenso social posible. Con el compromiso del Ejecutivo canario, de los grupos parlamentarios, de las corporaciones insulares y locales, de los empresarios y sindicatos y de los colectivos ecologistas, así como de las universidades canarias.

Un Acuerdo que debiera abordar numerosos asuntos. Entre ellos, la rehabilitación de las ciudades turísticas y la modernización y renovación de la planta alojativa. Con una mayor formación de sus trabajadores y trabajadoras y mejores condiciones laborales y salariales. Así como la descarbonización y la digitalización del sector.

Objetivos a los que podría contribuir una ecotasa de carácter finalista que paguen los no residentes por su estancia en los alojamientos turísticos y cuya recaudación se invierta en la rehabilitación de las infraestructuras públicas y la preservación de los recursos naturales. No es cierto, como señalan el consejero de Economía y la consejera de Turismo, ambos del PP, que el impuesto sobre las estancias turísticas no pueda tener un destino finalista. Las leyes aprobadas en Cataluña y Baleares desmienten esa afirmación. La ley de Baleares dice textualmente en su artículo 2.1: «La recaudación de este impuesto tiene carácter finalista y queda afecta íntegramente al fondo para favorecer el turismo sostenible…».

Pero somos conscientes de que una tasa, como ocurre en otros lugares, no limita el número de visitantes; Barcelona es un ejemplo claro de ello. Valoramos, asimismo, una moratoria insularizada en el sector que, necesariamente, debería tener en cuenta la situación y la capacidad de carga de cada territorio. No son lo mismo las circunstancias de La Palma que las de Fuerteventura o Lanzarote.

Asimismo, entendemos que es preciso legislar adecuadamente sobre el alquiler vacacional, que ya supone más de un tercio de la oferta alojativa. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Para ello reclamamos en su momento una moratoria en este ámbito para que la nueva norma pudiera ser eficaz; el Gobierno canario se opuso frontalmente, con nefastos resultados. Interviniendo, también, sobre la compra de viviendas por extranjeros no arraigados en las Islas, que está fomentando la especulación.

Se trata de un imprescindible debate que, equivocadamente, el Gobierno canario da por zanjado. Se niega a la tasa turística -que tienen implantada destinos como Ámsterdam, Roma o París; y, en el Estado español, Cataluña y Baleares-. Y rechazó también la petición de NC-bc de aprobar una moratoria en el alquiler vacacional mientras se elaboraba la nueva ley. Lo planteamos en abril y en junio lo rechazaron en el Parlamento de Canarias los grupos que apoyan al Ejecutivo de las dos derechas. Como resultado de su negativa, la inscripción de viviendas vacacionales se ha multiplicado exponencialmente en los últimos meses.

El Gobierno canario se niega, igualmente, a una contención del crecimiento. Por el contrario, estimula la generación de nuevas instalaciones, autoriza más de 15.000 nuevas camas turísticas y pretende continuar batiendo récords en el número de visitantes. Aunque ello no modifique ni nuestros niveles de pobreza ni seguir a la cola de las nacionalidades y regiones con relación a los salarios.

Cinco meses después de las manifestaciones del 20A poco o nada ha cambiado. Pese a que Clavijo aseguró entonces tomar nota de las reclamaciones, debió traspapelarlas y olvidarlas por completo. Su ninguneo al 20A es absoluto. El Gobierno de las dos derechas insiste en reproducir un modelo desarrollista que impacta en las infraestructuras y servicios públicos, en el consumo energético y de agua, en la depuración de aguas y en el tratamiento de residuos, así como en los colapsos en las carreteras y en las crecientes dificultades en el acceso a la vivienda. Su incapacidad para escuchar lo que vienen planteando movimientos ecologistas, expertos de las universidades canarias, organizaciones sindicales o partidos de la oposición, resulta muy negativa para el presente y para el futuro de Canarias.