Opinión

El decreto ley no puede esperar más

El resultado de la reunión celebrada el miércoles último en Santa Cruz de Tenerife quiebra el principio de solidaridad interterritorial que preconiza la Constitución. Todo un decepcionante fracaso del Estado.

El compromiso de distribuir en otras autonomías tan solo 400 de los casi 6.000 menores no acompañados que acoge nuestro archipiélago no solo resulta ridículo, sino que muestra, además, una absoluta falta de compromiso y solidaridad, no solo con Canarias sino, lo que es peor, con los menores hacinados en los centros habilitados de manera improvisada. Se impone así la mala política sobre el compromiso social, la generosidad, la solidaridad y el humanitarismo.

El Atlántico Medio sigue incrementado la leyenda de miles de personas que se dejan la vida en el mar. Las imágenes proyectadas a diario, con la llegada de pateras y cayucos con centenares de personas en condiciones inhumanas, conmueven al mundo. Pero en el Congreso de los Diputados y el Senado, sus señorías priorizan intervenciones que embarran cada vez más la política y pierden credibilidad ante la sociedad.

Del mismo modo, la mayoría de las comunidades autónomas hacen seguidismo y copian los movimientos tácticos de sus partidos, que anteponen el cómo pueden culpabilizar al otro en lugar del qué deberían hacer para enfrentar una crisis humanitaria colosal, que amenaza con prolongarse indefinidamente, en tanto existan diferencias sociales tan acusadas en territorios limítrofes.

El despliegue intelectual y mediático de socialistas y populares, en torno a los dos grandes partidos de Estado, está más centrado en cómo dejar en evidencia al otro que en buscar una solución razonable a un problema que es de todos.

Asimismo, la posición adoptada por el Ejército también nos parece muy poco ejemplarizante. El compromiso de las Fuerzas Armadas en los momentos difíciles ha sido siempre estar junto a la sociedad civil. No se puede entender su negativa al uso de cuarteles infrautilizados para acoger, aunque sea provisionalmente, a los menores no acompañados.

Pero, a pesar de la falta de compromiso de partidos, comunidades autónomas y las Cortes Generales, el Gobierno de España tiene que tomar decisiones drásticas, que eviten más situaciones dramáticas en nuestras Islas. La solución a la tragedia humanitaria, social y económica que se cuece en Canarias está en sus manos. Para afrontar una catástrofe como la que se viene gestando, el Ejecutivo no puede seguir refugiándose en la falta de acuerdo entre partidos o la ausencia de compromisos reales entre comunidades autónomas y otras instituciones del Estado.

La figura del decreto ley está consagrada en el ordenamiento jurídico español y frecuentemente se aplica, en situaciones de crisis o catástrofes naturales. En ese sentido, resulta habitual su empleo en situaciones de incendios, desbordamiento de ríos o inundaciones.

El drama que vivimos en torno a la llegada de migrantes, la ausencia de acuerdo entre partidos y la falta de respuesta del resto de autonomías exigen que el Gobierno de España obligue a un reparto justo y equitativo entre todos los territorios del Estado, a través de la figura jurídica que estime oportuno. No hay más.