El título de este artículo puede parecer el enunciado de una contradicción objetiva y realmente lo es si se entiende el concepto de crecimiento azul como ha venido utilizándose con carácter general el concepto de crecimiento económico (resultado de enfoques antiguos): Como el proceso que se ha caracterizado históricamente por sacrificar de forma generalizada todo tipo de valores sociales y ambientales para conseguir el fin último del crecimiento económico.
La respuesta a esta realidad contrastada se ha enfocado en los últimos años en dos líneas de pensamiento contrapuestas:
La primera en la trinchera medioambiental (con posiciones sociopolíticas distintas y consolidadas), se sitúa en el argumento clave que señala como el crecimiento económico no es compatible con la sostenibilidad ambiental, utilizando como reflexión central la finitud esencial de los recursos que conduce a una aproximación de futuro orientada al decrecimiento.
Oponiéndose, la segunda línea: El nuevo keynesianismo verde (al keynesianismo clásico se le responsabiliza de los desastres históricos de crecimiento), que se basa en postulados por los cuales el crecimiento económico puede desacoplarse de los impactos ambientales y por tanto mantenerse como eje de futuro.
Ambas aproximaciones suponen un posicionamiento previo, aunque la cuestión es sí es posible o si quiera probable que el crecimiento económico pueda ser medioambientalmente sostenible (partiendo de la realidad histórica conocida en la que se ha producido con sacrificios medioambientales muy importantes).
En realidad (a pesar de su relevancia conceptual), esta cuestión es meramente instrumental, ya que solo responde a la cantidad de recursos que habrá disponibles. Sea cual sea la cantidad que se consiga, el problema crítico es el mismo: ¿cómo se reparte? ¿será más fácil/posible repartir si hay más crecimiento económico? (recursos crecientes) o si hay menos? (recursos decrecientes).
Este debate y la estigmatización del término crecimiento ligada a cualquier actividad económica, ha producido el tránsito a conceptos formalmente más suaves como economía verde, economía azul... tratando de poner directamente el foco sobre actividades concretas, circunscribiendo el análisis o debate a entornos específicos y acotados. Una aproximación de este enfoque debería conducir a sustituir la denominación de este artículo por pesca y economía azul, lo que produciría efectivamente una aproximación inicial menos radical.
Considerar la pesca dentro de la economía azul no pasa de ser una mera descripción de la realidad, pero si se incluye en el crecimiento azul suscita necesidad de clarificación.
La información habitual disponible hace continua referencia al hecho de que la pesca está en declive generalizado, y por otro lado, que la pesca debe ser reducida o minimizada drásticamente por el daño ambiental directo sobre las especies explotadas y sus ecosistemas.
El Informe SOFÍA 2024 de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura): El estado mundial de la pesca y la acuicultura, publicado hace unas semanas (documento de referencia mundial por la magnitud y calidad de su información), permite enfocar los análisis más ajustados al mejor conocimiento disponible.
Los datos de referencia corresponden a 2022 (año récord para la producción, utilización y comercialización de la pesca y la acuicultura con 223,2M de toneladas), consolidan el avance de la acuicultura: por primera vez su producción (51%) supera a la producción procedente de las capturas pesqueras.
Es absolutamente reseñable cómo el consumo aparente per cápita de alimentos acuáticos de origen animal sigue creciendo a un ritmo anual del 1,4% desde 1961 (9,1 kg) hasta 2021 (20,6 kg).
Circunscribiéndonos a la pesca marina, las capturas se encuentran estabilizadas en torno a los 90M de toneladas/año desde finales de los 80, presentando una situación muy preocupante, ya que el porcentaje de las explotaciones de recursos pesqueros biológicamente sostenibles va decayendo de forma continuada desde 1974 (en torno del 80%) hasta el 62,3% en 2022.
Sin embargo, cuando se pone atención sobre las 10 especies marinas más capturadas (las más estrictamente gestionadas) que son el 27,4% de todas las pesquerías mundiales, se encuentra que el 78,9% de ellas se explotan dentro del nivel biológicamente sostenible (un 16,6% por encima de la media general del 62,3%), destacando entre ellas las principales poblaciones de atunes, que alcanzan el 87%.
Los magníficos datos (en mejora continuada) de las pesquerías de atunes son consecuencia de un enorme esfuerzo internacional de países, flotas, organizaciones y científicos, como se puede comprobar con cualquier aproximación a la actividad que vienen realizando las cuatro organizaciones internacionales con coberturas geográficas y especies distintas que lo gestionan: ICAT (Comisión Interministerial para la Conservación del Atún Atlántico, CIAT (Comisión Interamericana del Atún). Tropical), CTOI (Comité de Túnidos del Océano Índico) y el CCSBT (Comisión para la Conservación del Atún Rojo del Sur).
Estos datos vienen a mostrar con absoluta claridad que la pesca no es el problema (ni la amenaza para los recursos pesqueros, el medio ambiente, la actividad pesquera en sí misma o el suministro de proteínas de alta calidad a la población), ya que las diez especias más pescadas están en un grado de sostenibilidad mayor que se deriva de la gestión continuada (en base a la mejor información científica), que genera sostenibilidad creciente de todo tipo.
Siendo tan clara la información ¿cómo es posible que el 37,7% de los recursos pesqueros mundiales se encuentre en situación biológica de no sostenibilidad y que sea un porcentaje creciente? Obviamente es consecuencia de la dificultad real y objetiva de hacer una gestión adecuada, ya que hacen falta recursos económicos, responsabilidad de las flotas, implicación y compromisos de las administraciones competentes y regulaciones robustas basadas esfuerzos científicos permanentes, lo que no es fácil en ningún caso.
Es claro que el crecimiento de la pesca se ha de enfocar para alcanzar la capacidad que permita garantizar la sostenibilidad ambiental de los recursos y el medio ambiente (aunque sea probable que en la fase inicial suponga una restricción de capturas), además, maximizar la generación de valor añadido de los recursos pescados en todos los pasos de la cadena, para todo lo cual queda un largo recorrido de crecimiento.
En Canarias el camino aún es más largo y complejo, consecuencia de un reparto de 'aguas y competencias' entre el Estado y la Comunidad Autónoma que es un ejemplo de disparate administrativo (evidente solo viendo el mapa de tal distribución), que genera una situación dramática de los recursos y su conservación. Basta un dato de referencia como es el de la reducción de la biomasa de peces demersales (ligados al fondo) en aguas de la ZEE entorno a Canarias, que en 60 años (1950 a 2010) ha sido del 93% (según se recoge en el trabajo liderado por el profesor J.J. Castro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, publicado en 2019). La situación desde esa fecha hasta hoy con toda seguridad no ha mejorado sino empeorado sustancialmente.
Aquí, el crecimiento pasa por asumir la responsabilidad de administrar (la actual Ley Canaria es de 2003 y la del Estado de 2023) una situación disparatada y fuera de control, más de 100.000 licencias de la flota de pesca artesanal y deportiva de todas clases que requerirían una acción ordenada y decidida inmediata.
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