22 millones y sin explicaciones

En todos los casos, hay tres denominadores comunes en cuanto a los trámites contractuales: la sorprendente agilidad con que se tramitaron, la ausencia de una mínima comprobación sobre quiénes eran las personas que hacían de intermediarios de las ofertas y unos precios por encima de los que en esas mismas fechas ofrecían otras compañías. Y cuatro años después de aquellos contratos, hay otro elemento común: la ausencia de explicaciones por parte de quienes estaban en el Gobierno, ya fuera en el Servicio Canario de Salud, en aquel extraño Comité de Gestión sin sustento legal ni actas, o en el propio Consejo de Gobierno.

Esta semana se ha conocido un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitido al juez Ismael Moreno, que instruye el llamado caso Koldo. En el mismo se mencionan los contactos que, bajo el padrinazgo Ábalos y la mediación de su asesor, se hicieron con Ángel Víctor Torres para las pruebas PCR. De ese dinero, como también del pagado por Soluciones de Gestión, habrían salido jugosas comisiones millonarias que habrían permitido la compra de un chalet que temporalmente disfrutó el ministro Ábalos. Y al que se le pidió que pagase por la estancia cuando dejó de ser útil a la trama, esto es, cuando fue cesado.

Será la Justicia la que determine si estamos ante delitos, así como los nombres y apellidos de los responsables de los mismos, pero eso no quita para que desde el ámbito de la política y la gestión pública se ofrezcan explicaciones. En el caso de ese informe de la UCO, su contenido conecta con el conocido en marzo de este año, donde ya apareció el nombre de Torres. En esos seis meses entre uno y otro documento, apenas ha habido explicaciones y las pocas que se ofrecieron no encajan con lo que se va sabiendo ahora. Si en marzo y después en junio, al comparecer en el Congreso, Torres dijo que no sabía quién era Ignacio Díaz Tapia, ¿cómo se explica que ahora se descubra que el empresario e integrante del cuarteto que se hizo rico con los contratos le comentase al entonces presidente que había estado en su despacho para hablar del negocio de las PCR? ¿Tanto costaba en marzo o en junio ofrecer detalles de los mensajes y los encuentros? O ayer mismo... Por lo que se ve, la amnesia selectiva se ha instalado en todos los que estuvieron en Presidencia, Sanidad y el controvertido Comité de Gestión entre 2020 y 2023, una desmemoria que llega a este octubre de 2024.

El llamado Pacto de las Flores seguramente no merece pasar a la historia como el Pacto de las Sombras, pero eso solo se evita con transparencia, que es precisamente lo que más se echa en falta. Mantenerse en el silencio no es de recibo. Esa fue la estrategia cuando estalló el caso Mascarillas y pasaron seis meses desde que este periódico desveló la operación con RR7 hasta que el entonces director del SCS fue obligado a dimitir.

Repetir ahora esa estrategia de mirar para otro lado a ver si pasa la tormenta es la mejor forma de que el escándalo pase factura al crédito de quienes callan. Estamos hablando de explicaciones y responsabilidades políticas, que no tienen por qué esperar a una llamada desde las instancias judiciales para producirse. Cuatro años de silencio solo han servido para que la duda se afiance.