Sí al turismo

También el pasado año, la Comunidad Valencia exportó naranjas por valor de 600 millones de euros, mientras que en los hogares españoles se consumieron 541 millones de naranjas. Dato, por cierto, muy por debajo de los más de 800 millones de naranjas que se consumían en toda España en los años previos a la pandemia, circunstancia que tiene muy preocupado a los productores de cítricos de nuestro país, valencianos y andaluces principalmente, dado el drástico descenso de su consumo. Y, por consiguiente, de sus niveles de actividad económica. Entre otros motivos, por la entrada en Europa de la naranja sudafricana 'exenta' por la UE de los exigentes requisitos fitosanitarios que sí impone a las producciones agrícolas y ganaderas comunitarias. ¿Les suena de algo respecto a las dificultades y riesgos de desaparición de nuestros agricultores y ganaderos canarios?

Diario El País, 5 de septiembre de 1995: «La violencia estalla en los astilleros», en todo un pulso contra el Gobierno de Felipe González que proyectaba el cierre del astillero de Cádiz, y que, por extensión, también afectaba a los de Sevilla, Gijón, Ferrol, Vigo y Santander. Los gaditanos se echaron a la calle para defender su forma de vida y su economía. Y ganaron. No hubo cierre.

Paradójicamente, aquí en Canarias, y a pesar de que los mensajes de las organizaciones convocantes de 'Canarias tiene un límite' (antes 20-A, ahora 20-O) intentan argumentar que las protestas no van contra el turismo, se constata que sus acciones sí que van contra nuestro motor económico. Si no, no se explica que las nuevas concentraciones y protestas se hayan focalizado en Maspalomas, Playa de Las Américas, Corralejo, Playa Blanca, …en lugar de -por decir algo- en la Fuente Luminosa, la Plaza de España, la Plaza de Nuestra Señora del Rosario, o en el Muelle de la Cebolla.

No es contra el turismo. Pero en las tres 'medidas inmediatas' que exigen desde abril dichos colectivos, el apellido lleva el sustantivo de turismo o de turista. Con su objetivo de reclamar democráticamente «la necesidad de cambiar con urgencia, el modelo social y económico, y transitar hacia otro que sea sostenible y respetuoso con el territorio y con quienes lo habitan». Medidas «inmediatas» que refieren como la ecotasa, la moratoria turística y la regulación de la compra de vivienda por no residentes (eufemismo de extranjeros, oséase, turistas, los del tourist go home).

Respecto a la ecotasa, la utilidad de la misma (a la vez que la mayor viabilidad regulatoria respecto a su entrada en vigor) debe venir dada, precisamente, por su puesta en marcha y aplicación en forma de tasa (precio público) por acceder principalmente a espacios ecológicos y naturales de nuestro archipiélago. Para que, de esta forma, su recaudación vaya directa y específicamente destinada a la mejora y conservación de ese espacio natural objeto de atracción turística, y de alto valor añadido para nuestro producto «Islas Canarias». Con alto potencial por esa vía, además, de empleabilidad no vinculada, precisamente, al sector servicios, sino al científico, investigador y etnográfico.

Y no, como pretenden establecer algunos, como un impuesto adicional al 7% de Igic ya existente sobre los servicios de alojamiento/pernoctación turística. Lo cual supondría, como mínimo, incrementar el Igic al 9% por dicho servicio, afección a canarios incluida. Con una potencial recaudación que en absoluto tendría un carácter finalista, sino que pasaría a engrosar la recaudación genérica impositiva de nuestra Comunidad Autónoma.

Con respecto a la moratoria turística, pongamos como ejemplo el caso de Gran Canaria. Con sus dos últimos hoteles de nueva construcción, datando uno del año 2017, y el anterior, de 2009. Tratándose toda la adicional nueva planta hotelera de la isla de fantásticos procesos de renovación y transformación integral de obsoletos complejos de apartamentos u hoteles, ahora reconvertidos en productos de excelencia de la marca Gran Canaria y de la de Islas Canarias. Actuaciones de reformas que contribuyen a recuperar nuestros núcleos turísticos en situación de declive sin consumir más suelo.

Y en cuanto a la limitación de compra de vivienda a no residentes, simplemente atender a lo que la legislación comunitaria permita o prohíba respecto a ciudadanos europeos residentes en todo el espacio Schengen de la Unión Europea, por lo general de claro carácter no discriminatorio. Y lo que sí se pudiera aplicar, en materia de restricciones respecto a ciudadanos de fuera de la Unión, siempre con el debido riguroso análisis social y económico en ese sentido.

Pero nunca el sinsentido de apuntar contra el turismo. Que amén de los consabidos datos de su aportación al PIB y al empleo en Canarias, representa una actividad económica cuya ocupación del suelo –especialmente en lo relativo a la oferta alojativa tradicional turística- no ocupa más del 4% de la superficie total de nuestro territorio. Y que en la relación total de plazas alojativas oficiales respecto al total de turistas recibido el pasado ejercicio, o estimado para este 2024, en ningún caso alcanza el 80% de esa capacidad máxima en un año (por redondearles, unos 22 millones de turistas/año).

Ni el sinsentido de proclamar que son los coches de alquiler de turistas los que generan las colas en la TF-5 desde las seis de la mañana rumbo a Santa Cruz; o las de la GC-1 en dirección 'Las Palmas capital', especialmente los viernes pre-navideños a partir de las tres de la tarde. Ni el sinsentido de pensar que son turistas los que han 'pinchado' las tuberías de suministro de agua potable desalada, generando en algunas islas hasta casi un 60% de pérdida por el camino de tan fundamental recurso hídrico para la población. O -como no recordarlo- el disparate de «una alta carga» del anterior gobierno autonómico que llegó públicamente a culpar a nuestros turistas de ser los responsables «de tirar las toallitas a las alcantarillas», para sonrojo de propies y extrañes.

Sí. La manifestación del 20 de abril se concentró, en resumidas cuentas, contra el turismo. Tal y como, sin ir más lejos, lo reflejó la mismísima BBC: 'Thousands rally in Spain's Canary Islands against mass tourism'. Y de nuevo así acontece, por desgracia, en la fecha del 20 de octubre. A pesar de que incluso el Gobierno de Canarias ya ha presentado un documento consensuado con Cabildos, Ayuntamientos, expertos, universidades, tercer sector y sindicatos que en breve saldrá a exposición pública, y que contiene un total de 51 medidas que permitan un auténtico desarrollo económico sostenible de Canarias. Trabajo fruto, precisamente, de atender a las demandas sociales de aquel 20-A.

Aunque la esperanza es lo último que se pierde. Como en el caso de la Plataforma Salvar Chira-Soria, que ha anunciado que no acudirá a las manifestaciones del 20-O por haberse convocado las mismas en la zona turística de Maspalomas.

Personalmente, no sólo creo, sino apoyo el proyecto de la central hidroeléctrica de Salto de Chira-Soria (en similitud a la suiza de Nant de Drance, inaugurada el pasado julio). Considerando objetivamente los beneficios medioambientales, hídricos y energéticos, además de paisajísticos, forestales, agrícolas y ganaderos, que dicho proyecto reportará progresivamente a Gran Canaria a corto, medio y largo plazo, ante los graves desafíos y/o emergencias –hasta alimentarias- a los que nos enfrentamos.

Pero no por ello sin dejar de reconocer y de agradecer desde estas líneas a la Plataforma Salvar Chira-Soria por haber reconsiderado su postura, no en cuanto a su legítima y respetable posicionamiento, queja y protesta, sino por haber entendido que el turismo no tiene la culpa. Y que el único mensaje válido, modulando y corrigiendo lo que corresponda, es, en el fondo, 'Sí al Turismo'.