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En su declaración en sede judicial, el empresario Víctor de Aldama insistió, a preguntas del juez, en que pagó el alquiler de un piso en el que hubo al menos una reunión de José Luis Ábalos, Koldo García y el entonces presidente de Canarias y hoy ministro Ángel Víctor Torres. El ministro ha negado siempre ese extremo y ha judicializado las declaraciones de Víctor de Aldama.
El empresario reiteró ante el juez que en esa reunión en el piso de la calle Atocha había unas «señoritas». «Había una serie de señoritas en el piso», dijo, ante lo que el juez le preguntó si podía ser «más explícito». «Hombre, no me gustaría, creo que está entendido», dijo Aldama, para luego añadir: «Había una serie de señoritas en el piso con unos señores. Me gustaría dejarlo… Creo que he sido muy explícito». El juez le preguntó: «¿Y lo abonaba usted el alquiler del piso», a lo que Víctor de Aldama contestó que sí.
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Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática reconoció ayer que cuando era presidente de Canarias pudo cometer errores relacionados con las adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia, pero que «nunca» actuó «al margen de la ley» o intentando beneficiar a nadie.
Torres se refirió así, en una entrevista en la cadena Ser, a la petición que hizo recientemente el PP para que dimita por los mensajes que intercambió con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, respecto a un contrato de mascarillas del Gobierno de Canarias durante la pandemia.
'El Mundo' publicó la semana pasada la conversación mantenida por WhatsApp entre Torres durante su etapa como presidente canario y Koldo García, quien le reclamaba al actual ministro el pago de un contrato que, según el diario, corresponde a la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el denominado caso Koldo y para la que trabajaba el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama.
Torres reconoció que habló con García sobre ese asunto porque éste era asesor del Ministerio y el material que había llegado en marzo de 2020 y que se había repartido entre la sociedad canaria no había sido pagado.
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«Había un contrato que decía que había que pagar un 50 por ciento por adelantado; habían pasado 5 ó 6 meses, no recuerdo bien, y no se le había pagado ni un solo euro», explicó.
Precisó que eso pasó con otras empresas «que también tenían dificultades y que reclamaban», y que el Gobierno tenía que cumplir con la ley de proveedores.
«Simplemente informé al respecto al Ministerio de Transporte... que luego el señor García se lo enviara a terceras personas en su responsabilidad», añadió.
«Seguro que cometimos errores, seguro, porque los seres humanos los cometen. Lo que no va a haber nunca es por parte de quien les habla, el haber actuado al margen de la ley, o intentar beneficiar a cualquier persona», ha concluido, precisando que «si alguien lo hizo de manera ilegal» él pedirá que «lo pague con toda la fuerza de la ley».
En su opinión el PP lo que busca es «intentar desviar la atención, intentar señalar a quienes trabajamos de manera honesta en aquellos meses».
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