San Bartolomé apuesta por el diálogo: la solución judicial al puerto de El Pajar «no beneficia a nadie»

El gobierno local en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana apuesta por el diálogo como la fórmula ideal para dirimir el conflicto abierto por el uso y ocupación del puerto de Santa Águeda, en El Pajar. Puertos Canarios rechazó este miércoles la solicitud de Cementos Especiales de las Islas SA (Ceisa) para que se le otorgara una nueva concesión por otros 25 años, pero la operadora se siente víctima de un procedimiento administrativo plagado de «irregularidades» y anuncia una larga batalla judicial.

Así las cosas, tanto el alcalde, Marco Aurelio Pérez (PP-AV), como el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal (CC), líderes ambos de los dos partidos que gobiernan en coalición en el municipio, defienden una solución negociada, aunque uno y otro manejan tiempos distintos y no se posicionan igual en el conflicto.

«Esto va para largo». Es lo primero que manifiesta Pérez, no sin antes advertir de que aún no ha visto ni conoce en profundidad la resolución de Puertos Canarios ni sus motivos. Y acto seguido, otra sentencia. «No va a ser fácil». Su mensaje es claro. «La solución judicial no va a contentar a ninguna de las dos partes, porque se va a alargar en el tiempo, así que lo más sensato es intentar llegar a un acuerdo».

Esa, la vía negociadora, es también por la que se decanta Marichal, aunque, a diferencia del alcalde, sí se posiciona respecto al no de Puertos Canarios a Ceisa. «Era lo esperado, porque ya se han superado los 70 años de límite que marcan para una concesión pública tanto las leyes canarias como las nacionales, y porque hay que desarrollar el uso deportivo que que para ese puerto se fija en el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria».

Dicho eso, explica que lo que le toca ahora al Ayuntamiento, «pero que no será ni hoy, ni mañana, ni siquiera en este mandato», es adaptar el Plan General de Ordenación del municipio a lo que determina el PIO para esa zona, considerada para un potencial desarrollo turístico. «Será entonces cuando nos sentaremos a negociar con todos los operadores en la zona, incluida la cementera, para ver si se quiere mantener el uso industrial o no».

Marichal no pierde de vista que, pese a que Ceisa haya podido perder la concesión para ocupar el puerto en el que venía operando desde 1957, la fábrica no está en suelo de dominio público, sino en un solar propiedad de la empresa, por lo que podrá permanecer 'sine die' en El Pajar.

El edil advierte de que, en ese futuro del que habla, el Ayuntamiento podría recalificar el uso del suelo donde está Ceisa a residencial o turístico de forma unilateral y dejar a la fábrica en situación de fuera de ordenación, pero insiste en que su primera opción, si siguiera gobernando, sería la de explorar una vía negociadora.

Por su parte, desde el sector turístico no ocultaban este jueves su satisfacción por la decisión de Puertos. «Se está ejecutando la voluntad del planificador del territorio desde hace décadas». Y se refirieron a las determinaciones del PIO para esta zona desde 1995. «Tanto el PIO de aquel año como el de 2003 y el de 2022 apuestan por que ese puerto pase a tener un uso recreativo-deportivo y preste un servicio de calidad como oferta complementaria a la que será la mejor zona turística de Gran Canaria».

Respetan el anuncio de Ceisa de que irá a los juzgados, pero le reprochan su actitud «numantina» y la poca consistencia de sus argumentos. «Es ontológicamente imposible que pretendan vincular la concesión portuaria a la minera cuando la del muelle se le dio 6 años antes». Es más, sostienen que la que se les otorgó en 2016 para seguir explotando la cantera de San José hasta 2046 «es nula por extemporánea». Y dan otro dato. «No hay nada que las vincule en ninguno de los dos títulos concesionales».

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