El personal municipal de residuos en Telde denuncia «precariedad» e «inseguridad»

La representación sindical de la plantilla de trabajadores del servicio municipal de recogida de residuos y limpieza viaria de Telde denuncia sufrir «precariedad» e «inseguridad laboral» por prácticas de la concesionaria, la UTE Valoriza-Santana Cazorla, que, además, por omisión o complicidad, consiente el propio Ayuntamiento de Telde.

Maquinaria obsoleta, contratos a tiempo parcial pagados a solo 200 euros que se inflan mediante novaciones consecutivas renovables cada dos meses y que acaban mermando derechos laborales, control horario por escrito y «con bolígrafos de tinta borrable», instalaciones que no reúnen condiciones, más de 1.500 demandas en espera de resolución que la empresa, «por estrategia dilatoria», lleva hasta el Supremo... La lista de quejas es larga y viene de atrás en el tiempo, pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del comité de empresa fue el acuerdo al que llegaron consistorio y UTE para la actualización de precios del contrato, aprobado el pasado mes de junio.

Estas dos empresas asumieron el servicio en febrero de 2020 después de un complejo y dilatado proceso judicial que desalojó del servicio al anterior concesionario, FCC, pero empezaron a trabajar con un catálogo de precios obsoleto, que databa de hacía 11 años, de 2009. Este verano lograron al final regularizar el contrato, lo que, según fuentes municipales, derivará en un aumento anual en más de dos millones de euros de la factura que le pasa la UTE al Ayuntamiento. A juicio del comité, «es lo único que ha cambiado desde la actualización, que el servicio le cuesta más a la ciudadanía, pero el resto está igual».

Y con lo del resto se refieren, por ejemplo, a la renovación de la maquinaria, «anticuada y con más horas en el taller que en la calle», pese a que estarían obligados a renovarla; unas instalaciones en el Parque Empresarial Melenara que se han quedado pequeñas («usan como aparcamiento una parcela municipal, la del punto verde») y que acumulan denuncias por molestias a empresas vecinas («no cuentan con instalaciones para la extracción de los gases que se generan»), y, sobre todo, un empeoramiento de las condiciones del personal.

De entrada, el comité se queja del «oscurantismo» de la empresa, que obvia su «obligación» de informarles. Entre otras cosas, recuerda, por ejemplo, que la actualización del contrato ha de traer consigo la entrada de más personal. Desconocen si ya está toda la plantilla cubierta, pero sí saben, según denuncian, que a los nuevos los están contratando a tiempo parcial, al 21% de la jornada, y que los pasan a completa mediante novaciones renovables cada dos meses y que no incluyen el mes de vacaciones. «¿Con eso qué consiguen? Tenerlos a sus pies. Si en esos dos meses no hacen lo que ellos dicen, no les renuevan la novación y se quedan cobrando apenas 200 euros», subrayan.

Esta fórmula les permite, por ejemplo, que les puedan cambiar el horario de un día para otro cuando, según convenio, los turnos deben ser estables por razones de conciliación familiar, de tal manera que si se modifican por necesidades del servicio, se exige el abono de un plus. «A estos trabajadores les cambian el turno y se ahorran el plus porque no les van a protestar». O les hacen trabajar los festivos, que son voluntarios, sin que se les abone el extra que fija el convenio.

La última práctica «discriminatoria», respecto a la que el comité anuncia una demanda colectiva ante los juzgados y ante la Inspección de Trabajo, ha sido el paso a contrato indefinido y a jornada completa de una decena de los trabajadores que estaban a tiempo parcial con la cláusula de que han de renunciar al cobro del plus por festivo, que será compensado por un día libre. «Ni está en el convenio, ni se ha negociado con el comité de empresa», advierten.

La UTE Valoriza-Santana Cazorla niega, de entrada, que existan situaciones de precariedad e inseguridad laboral entre sus trabajadores y dejan claro de antemano que la actualización de precios aprobada por el Ayuntamiento incluye un compromiso por parte de la empresa de invertir casi 12 millones de euros para renovar sus 70 vehículos y los 4.000 contenedores del servicio en el plazo de un año.

Fuentes de la concesionaria aseguran que la plantilla ya está al completo, conforme al contrato que ha sido actualizado, y que está en más de 200 trabajadores. Para hacerlo posible, «en los últimos meses hemos contratado a unos 50 empleados más».

En este sentido, las mismas fuentes no solo niegan que existan las novaciones de contrato que denuncia el comité de empresa, sino que apuntan que estos días pasados se dio fijeza a una decena de trabajadores. «Si estuviésemos incurriendo en alguna irregularidad, ya nos habrían presentado una demanda». Es más, fruto de estas entradas se han puesto en marcha servicios como el de los barridos en fin de semana.

Desde la UTE dejan claro que si bien la actualización de precios está en vigor desde junio, explican que la renovación de la maquinaria no puede ser tan rápida porque los vehículos tardan en llegar. Por esa razón se ha pactado un 'planning' de incorporaciones al servicio que primero incluirá a la maquinaria más pequeña y que culminará con la de mayor volumen. Por lo pronto, ya han adquirido y están distribuyendo por el municipio los contenedores para la recogida orgánica de usuarios colectivos como colegios u otros organismos.

Respecto a las instalaciones, aseguran que la sede actual cumple con la normativa en vigor y que, además, ha sido objeto de inspecciones. Reconocen que existe la posibilidad de hacer una nueva en otro punto de la ciudad, pero que solo es una opción. Y, por cierto, niegan que el control de horarios se haga con bolígrafo borrable.

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