La tasa que llega tras los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

Después de cada intervención de los Bomberos se pone en marcha la maquinaria administrativa: la jefatura del servicio emite un parte para que el Órgano de Gestión Tributaria apruebe la liquidación de la tasa que deben pagar los beneficiarios de la actuación de los bomberos. En los seis primeros meses de este año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pasado al cobro un total de 433 tasas por un importe algo superior a los 25.282 euros.

Todas estas liquidaciones, correspondientes a actuaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento entre los años 2021 (114 casos) y 2022 (319), son todavía provisionales. Los sujetos a los que se pasa el cargo tienen la posibilidad de recurrir.

El presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para este año prevé unos ingresos de 28.014,93 euros por la tasa que pasa el servicio de extinción de incendios y salvamento. La cantidad que la Hacienda municipal ha pasado al cobro este año (25.282 euros) representa aproximadamente el 90% de la cuantía presupuestada. Los incendios son la principal fuente de ingresos (9.891 euros), seguidos a cierta distancia por los accidentes de tráfico (5.735 euros) y las caídas de cascotes (2.921 euros).

Los fallos en la tramitación del expediente -por ejemplo, cuando se identifica mal al beneficiario o la dirección no es la correcta- hacen que, en ocasiones, el Consistorio tenga que devolver el importe cobrado. Entre enero y junio de 2024, el Ayuntamiento ha tenido que dar de baja 17 tasas que fueron cobradas en su momento por un importe de casi 1.356 euros. De ellas una viene de 2014; cuatro del año 2016; otras cuatro de 2021; y ocho del año 2022.

La factura que se pasa se corresponde a la activación del servicio por parte de los bomberos, con independencia de que los agentes intervengan o no. La salida de un equipo se considera una emergencia que genera un derecho de cobro. De hecho, en un total de veinticuatro casos, casi un 6% de las intervenciones, no fue necesaria la actuación de los agentes. A ello se añaden otras seis acciones en las que no se detectó la causa de la llamada que motivó la emergencia.

Pero entonces, ¿qué se cobra? Lo que constituye el hecho imponible de la tasa es «la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios, prevención de ruinas, derribos y salvamentos prestados por el servicio de extinción de incendios y salvamentos de este Ayuntamiento». Así consta en la ordenanza que regula la tasa y que está en vigor desde enero de 1999.

La norma fija los precios, que están marcados por dos conceptos: la categoría fiscal de la calle (en función del callejero fiscal, que distribuye las vías en tres niveles que marcan las valoraciones catastrales, los niveles de servicio o equipamientos y las concentraciones de actividades económicas) y el coste de la reposición del material empleado.

Sin embargo, en la práctica, es la categoría fiscal la que marca la tasa ya que casi en el 90% de los informes de la jefatura que han provocado el giro de las tasas de este año (405) no se reporta la utilización de materiales.

La cuota mínima de salida sin prestar el servicio es de 36,06 euros. Las facturas por este importe ascendieron a 49 y constituyen la cuantía más frecuente, igualada por la de 60,1 euros. La diferencia entre ambas es que las tasas de 36,06 euros están dominadas por las extinciones de incendios, mientras que en las de 60,1 euros, lo habitual fue la intervención en accidentes de tráfico.

En todo caso, la normativa fija también exenciones del 50% a quienes tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

Además, si son varios los beneficiarios del servicio, «la imputación de la tasa se efectuará proporcionalmente al tiempo material empleado en beneficio de cada uno de ellos». Eso explica que en un trabajo de saneamiento de un balcón en la zona de Santa Catalina, una de las tasas se quedara en 4,21 euros.

Por contra, la tasa más cara girada este año ascendió a 1.565,26 euros. Se trató de una intervención en la que los bomberos tuvieron que emplear 12.000 litros de agua y 300 litros de espuma para extinguir el incendio de una guagua de Global que se produjo en la GC-23 en el año 2021.